Como un murmullo comenzó a escucharse la consigna: “Elías Garay, tu muerte no fue en vano, en todo el territorio se levantan tus hermanos”. Y crecía, a medida que más personas se sumaban a la columna que avanzaba por Avenida de Mayo. La actividad, planificada por las organizaciones indígenas para pedir la prórroga de la Ley de Relevamiento Territorial --con vencimiento al 23 de noviembre--, sumó el reclamo por el asesinato del joven mapuche, ocurrido este domingo, en un ataque todavía no esclarecido, en el territorio recuperado en el paraje de Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón, Río Negro.

Así, poco antes del mediodía, mientras hacia la Plaza de Mayo avanzaban las organizaciones piqueteras en protesta contra el acuerdo con el FMI, hacia la Plaza de los Dos Congresos, lo hacían las organizaciones indígenas: Opinoa, Epikamba, Llankaj Maki, Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Confederación Mapuche de Neuquén, Tinkunaku, Mocase, entre muchas otras. Marchaban junto a movimientos sociales, organizaciones políticas y de derechos humanos (Movimiento Evita, UTEP, ATE Capital, CTA Autónoma, APDH, Hijos La Matanza). Pedían, una vez más, que “se respeten los derechos los pueblos indígenas a su territorio y a su identidad”. Lo declamó Luis Pilquiman, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), frente al Congreso. 

“Este proceso está manchado con sangre porque hace 30 días estamos dispuestos a dialogar, y muere un peñi”, dijo la cacique salteña Liliana López al tomar el micrófono. “Pero no somos terroristas, y vamos a seguir resistiendo porque el Estado tiene que decir la verdad, hubo un genocidio y tenemos derechos”, sumó María Isabel Piñen, del pueblo mapuche. “Queremos lograr otro contrato social, que nos incluya, porque es con nosotros, no sin nosotros, que se tienen que dar las políticas públicas que nos involucran” agregó Nestor Jeréz, dirigente indígena de Jujuy.

Hace 30 días que las comunidades realizan un acampe frente al Congreso. “Hemos sido discriminados y estigmatizados, pero el pueblo mapuche está de pie y todos los hermanos estamos aquí: hoy vence esta ley y por eso estamos caminando, exigiendo justicia”, se escuchó a Miriam Liempe, del pueblo mapuche, desde el micrófono que lideraba la marcha. "Estamos en una coyuntura que no admite una democracia débil, nosotros apostamos a una democracia fuerte, y defendemos un paradigma de vida frente al paradigma de la muerte", sostiene Liempe.   

A su lado iba Amalia Vargas, llevaba un atuendo de colores. Tocaba una caja. Es jujeña y docente: “Nos manifestamos por la reparación histórica a favor de los pueblos  --explicó-- y corresponde al Congreso aprobar la prórroga de Ley 26.160, para garantizar a los pueblos los derechos ciudadanos, en especial el derecho a la tierra y a tener su titularidad comunitaria”. Amalia vive en Buenos Aires pero acompaña el acampe frente al Congreso. “Somos muchos pueblos luchando, hay wichi, mapuche, guaraní, ockolla, aimara, qom, y queremos que la ley se haga efectiva para vivir en nuestros territorios, no tener que venir a la ciudad, donde las mujeres son violadas o prostituidas, y los hombres terminan en la droga o el alcohol porque no hay oportunidades”, describe.

Cada cuatro años, desde 2006 cuando se promulgó esta ley, la prórroga entra en la agenda política. “Entendemos que la ley ya fue leída, analizada, estudiada, debatida y aprobada por al menos 1300 legisladores nacionales --entre diputados y senadores--, y debería ser ya una herramienta plena a disposición de nuestros pueblos”, consideran las comunidades en el documento que entregaron al Congreso. En rigor, al único diputado que asistió al encuentro, Juan Carlos “Gringo” Giordano, del Frente de Izquierda.

Desde la columna, el dirigente de la UTEP Esteban “Gringo” Castro reflexionó sobre la circunstancia en la que murió Elías Garay: “Los pueblos originarios quieren tener sus tierras y reclaman en paz, no impulsan la violencia, lo que sí es violento, es tratar de sacarlos a balazos”. Juan Chauqueta toca un instrumento de viento llamado norquin. Nació en Esquel pero vive en CABA. “Aprendí solo, cuando empecé a recuperar los saberes de mis abuelos”, contó. “Y desde acá enviamos mucho newen, mucha fuerza, a la gente que resiste en Cuesta del Ternero”, agregó, antes de seguir con la columna alrededor del Congreso.

Ya en la plaza, el acto suma voces de representantes de Salta, de Santiago del Estero, de Chaco, de Formosa, de Santa Fe. Allí, Luis Pilquiman, detalló: “Somos 40 pueblos originarios, en más de 2 mil comunidades. Pero falta la palabra de los pueblos indígenas en la discusión política, para que se fijen políticas públicas con participación indígena", señaló. Y fue enfático al agregar: "La muerte de otro peñi (Elías Garay) deja a la vista la complicidad política, policial y empresarial con estos hechos de violencia”.

Amaru Choque, un joven aimara, llevaba un carrito con su hija en una mano, y con la otra tomaba el micrófono: “Apostamos a este gobierno y lo vamos a seguir haciendo, no estamos contra el Estado, pero tenemos que pelear por derechos y por los recursos naturales que hay en nuestros territorios”. Guardianas de la biodiversidad, las comunidades conocen el valor de lo que la tierra atesora. “No sabemos cómo expresarnos --agregó Choque--, pero agradecemos a las organizaciones sociales y de trabajadores que nos acompañan, porque la lucha es la misma, lo sabemos”.

Las palabras de Ornella Infante, funcionaria del INADI, clara en su prédica contra la discriminación, permitieron cerrar el mediodía con una consigna tradicional entre los pueblos: “Como dijo Calfucurá: uno cae, diez se levantan”, sentenció Pilquiman. Y en lengua mapuche se escuchó el grito de “¡marichiweu!” (diez veces venceremos), junto al “¡Jaiaia!” norteño.  

Aplicar la ley

Sobre la prórroga de la Ley de Relevamiento Territorial, se estima que el Ejecutivo podría resolver la situación con un decreto que permita detener los desalojos hasta tanto la 26.160 sea una herramienta legislativa plena en todas las provincias. En Río Negro, por ejemplo, donde fue asesinado Elías Garay, no hay un convenio que la valide. "La provincia no firmó el convenio", explican las organizaciones. 

De ahí que una alta fuente del gobierno nacional evaluara ante la consulta de este diario: "En los conflictos de Río Negro no intervenimos, intervino la policía provincial. Nosotros insistimos en que en Río Negro hay un mal manejo del tema, a diferencia de lo que ocurre en Neuquén". Y agregó: "En Neuquén el problema es el mismo, pero se resuelve de otro modo: toman la Ley de tierras comunitarias ancestrales --se refieren a la 26.160-- y lo arreglan. Les preguntaron a los mapuches qué reclamaban ¿cuáles eran sus tierras?, y se las dieron", confiaron, en una evaluación política de la situación.