"Alguien contrató servicios criminales para desestabilizar". Estas fueron las palabras al otro lado de la línea cuando este diario quiso averiguar sobre los responsables de los dos últimos atentados en una parrilla y un carrito de comidas. La aseveración suena muy fuerte pero aborda sólo una de las caras de la pesquisa. Es que la fiscalía que investiga las balaceras en Rosario analiza por estas horas la responsabilidad del Ministerio de Seguridad en la concreción de los últimos dos atentados contra el carrito Jorgito Junior's, y la parrilla El Establo. Ayer se habló en el seno de este cuerpo de investigadores sobre dos figuras penales: el "incumplimiento de los deberes de funcionario público", y la de la concreción de un delito por "omisión de acción". Lo discutieron tras haber recibido un "paupérrimo" escrito donde se responde sobre ítems puntuales sobre los que la fiscal Valeria Haurigot había pedido precisiones, como la cantidad de móviles asignados y el personal a cargo del control del corredor Pellegrini, una de la zonas atacadas. Ayer en la sede del Centro de Justicia Penal se habló concretamente de una operación de "desestabilización". Una figura que conmueve a un equipo dividido:  Locales y bonaerenses. Cuando este cronista consultó a cuál de los dos grupos le tocaría el rol del "incumplidor", se escuchó un largo silencio al otro lado de la línea. 

El dato que recogieron los investigadores de esa fiscalía revela que hasta las 0.30 del día lunes a la madrugada no había existido advertencia alguna para atrapar o perseguir al motociclista de la enduro roja con casco de igual color que tranquilamente disparó sobre la parrilla de Pellegrini e Italia y después hizo la propio contra el carrito de Beto Riba de 27 de Febrero y Laprida. "No hay registro, no hay registro alguno", repetía la fuente ante la consulta de este diario. "No quiero pensar cosas tan graves, pero acá claramente liberaron la zona", dijo uno de los pesquisas a este cronista. 

Lo contradictorio de este punto es que era la Policía Federal -y no la provincial- la que tenía responsabilidad operativa del corredor Pellegrini, pero no hay registros escritos comprobables, que señalen las indicaciones puntuales y las interacciones entre la policía provincial y las restantes fuerzas federales.  

El último lunes la fiscal Haurigot concretó una medida judicial donde pidió información formal sobre la previa y el post atentado. Los pesquisas de esa fiscalía, quedaron atónitos con la orfandad de las respuestas. Por ejemplo, quienes estaban esa noche en el corredor Pellegrini vigilando. Lo riguroso fue que un instructor de la causa hizo capturas de los cuadrantes a las 0 hora hasta las 0.30 horas y no advirtió presencia policial alguna. "Si no hubo aprehendidos, si no hubo secuestro de armas, si no hubo motos paradas, es que no hubo orden alguna. No hubo orden de persecución tras el hecho que pudieran mostrar las autoridades", destacó el pesquisa.

Y si bien el operativo esa noche debía hacerlo la policía Federal, durante la reunión del día lunes la interventora de la Unidad Regional II Emilce Chimetni asumió como propia la responsabilidad. 

La falta de respuesta por la georeferenciación de los móviles también provocó preocupación en los investigadores. "Es patético porque pedimos saber cuántas personas había mirando las cámaras en tiempo real, en el corredor más importante en un feriado turístico, pero cuando se pidieron las identidades, no las brindaron" finalizó la fuente.