“Nuestra principal preocupación hoy es que de cada diez personas más pobres en Argentina, siete son mujeres y que nuestra agenda esté vinculada a la reactivación económica con inclusión de mujeres y diversidad, y al problema de las violencias por razones de género que tristemente no es una política de minorías”, dice la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, este jueves anunciará con diputadxs y senadorxs que trabajarán en conjunto para una reforma de la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” a través de un proceso participativo con foros a nivel federal. La propuesta busca “poner en discusión nuevos tipos y modalidades de violencias de género que no han estado abordadas desde el Estado, incorporar la perspectiva de diversidad, brindar herramientas para el abordaje de las violencias en un nuevo contexto institucional y fortalecer el rol de las provincias, municipios y organizaciones sociales territoriales, entre otras cuestiones fundamentales para consolidar un modelo integral de política de Estado hacia las violencias por motivos de género”, explicó la funcionaria.

El proceso, adelantó, implicará la organización de foros territoriales de consulta participativa en todas las provincias y la creación de mesas de trabajo con especialistas que dialoguen sobre las reformas necesarias en materia de violencia económica, acceso al hábitat, al trabajo, entre otros ejes, indicó. Además, se analizará si existen tipos de violencia específicos ejercidos contra la población LGBTI+ en razón de su identidad de género. La idea es presentar el proyecto de reforma de la Ley 26.485 –sancionada en 2009-- el 25 de noviembre del año próximo.

--Lamentablemente las cifras de femicidios y travesticidios se mantienen más o menos estables en los últimos años, uno cada 30 horas, como cuando se salió a las calles masivamente al grito de Ni Una Menos. ¿Por qué no se logra que disminuyan?

--Se trata de un fenómeno bastante complejo. No son hechos delictivos que se pueden modificar haciendo una sola acción, centralmente porque son multicausales. Ocurren porque se vive en una cultura machista, porque los riesgos aumentan cuanto mayor nivel de vulnerabilidad tienen las mujeres y cuando el Estado no interviene eficazmente. La cultura se cambia en el mediano y largo plazo, más allá de que ya hay cambios en relación a unos veinte años. La pandemia ha generado mayor vulnerabilidad y además, como consecuencia de la situación económica, la participación en el empleo de las mujeres retrocedió diez años en toda la región, según cifras de la CEPAL. Las respuestas estatales van desde la prevención, la asistencia, la protección, el fortalecimiento del acceso a la Justicia. La prevención y la asistencia corresponden al nivel municipal y la asistencia, la protección a nivel provincial y nacional, y el acceso a la justicia a los niveles judiciales.

--Si ponemos como una fecha de análisis el 2015, ¿se avanzó?

--Sí, claro, pero no hay ninguna duda de que respecto a las capacidades estatales todavía falta muchísimo. Un gran número de municipios ni siquiera tiene áreas de género. Algunas áreas solo tienen una persona a cargo. Lo señalo porque es el lugar de mayor cercanía para una persona que está atravesando una situación de violencia. Necesitamos que en esa asistencia haya equipos interdisciplinarios. Sí se ha avanzado en la creación de hogares, refugios, casas de medio camino: hoy hay más de 150 estatales y más de 50 de la sociedad civil. Pero el acceso a la justicia sigue siendo absolutamente deficitario. La falta de información y trazabilidad de los casos es algo en lo que estamos trabajando desde el Ministerio. Hay provincias, por otra parte, en las que todavía el área de género es una simple dirección.

--¿En cuáles?

--Por ejemplo, en Chubut, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero. Santa Fe, Córdoba, Misiones y provincia de Buenos Aires tienen un Ministerio. Lo señalo porque esa institucionalidad significa un mayor presupuesto. La capacidad que tiene una dirección para transversalizar sus políticas y tener programas no es la misma que un ministerio.

--¿Qué pasa con las respuestas judiciales frente a las denuncias de violencia de género? ¿Mejoró algo?

--Seguimos teniendo enormes problemas con los poderes judiciales. Identificamos que hay un cambio, por lo menos un reconocimiento de su responsabilidad en la problemática. Venimos trabajando con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales para la inclusión de los poderes judiciales en el sistema integrado de casos de violencia de género pero son instituciones que cuesta mucho permear.

--Luego del femicidio de Úrsula Bahílo, en febrero, el Presidente anunció la creación del Consejo Federal para la Prevención de Femicidios. ¿En qué se avanzó en estos meses?

--El Consejo lo que hizo fue poder pensar que las respuestas del Estado no podían seguir siendo fragmentadas, sin ningún tipo de vinculación entre los poderes ejecutivos por un lado y los judiciales por otro, ni en los casos ni en las políticas. Y nos pudimos sentar en la misma mesa al Poder Ejecutivo, con las áreas Justicia, Género y Seguridad, con el Ministerio Público y la Procuración y poder pensar ahí cuáles eran los déficits, y los problemas en cada región, porque no son los mismos en el NOA, Centro o Patagonia: en algunos casos es la distancia, en otros, la falta de áreas de género, o si los dispositivos duales tiene problemas vinculados a la conectividad. Empezamos por el NOA porque es la región donde existen las tasas más altas de femicidios en todo el país. Pudimos pensar algunos pisos comunes.

--¿Qué lograron concretamente?

--Vincular la línea 911 con la 144; la incorporación al Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género; que tengan dispositivos duales en todo el país: el gran problema que identificamos es que había una enorme disponibilidad y no se usaban; y pensar si se necesitan capacitaciones porque sabemos que es una medida bastante eficaz para la prevención de los femicidios; que conozcan el programa Acompañar, porque muchas veces lo que el Poder Judicial siente es que tiene pocas herramientas más que detener o dictar una medida cautelar. Parte de los problemas que ellos ven es que la mujer necesita un apoyo económico. Trabajamos para que conozcan el Acompañar y que el propio Poder Judicial pueda hacer una derivación. Y el otro tema que trabajamos es la firma para la incorporación del sistema URGE, que es el sistema único de denuncias.

--¿Todavía no se implementó?

--No. Se creó por resolución y se está desarrollando el programa.

--¿Qué porcentaje del presupuesto del Ministerio está ejecutado?

--Hasta la semana pasada el 83,22% con tres ampliaciones presupuestarias. Al final del año van a ser un total de 17.200 millones de pesos.

--¿Cuántas mujeres ingresaron al Acompañar?

--Es el primer año de este programa. Tenemos en la actualidad 85 mil mujeres que reciben el subsidio, que es por seis meses y equivale a un salario mínimo vital y móvil. Pero en todo el año suman 89.500 y van a terminar más de 100 mil. Todos los meses seguimos sumando municipios que hacen de unidades de ingreso. Ya tenemos 595. Vamos a seguir hasta que tengamos cubierto todo el país.

--¿Hay lista de espera para ingresar?

--No. Toda mujer que cumpla con los requisitos, puede recibir el subsidio.

--¿Qué pasa con esa mujer cuando deja de recibir el subsidio?

--Es un apoyo en la salida de la situación. Necesitamos que en esos seis meses el municipio y la provincia trabajen en ver cuáles son las posibilidades que tiene esa persona para poder salir de esa situación y pueda tener algún tipo de autonomía económica sostenible en el tiempo. Muchas veces necesita una vivienda, otras, efectivamente un trabajo o un emprendimiento productivo. Hay muchos municipios que lo vienen trabajando. Creíamos que iba a ser menor el número de mujeres que iban a ingresar al Acompañar. Hay algunos municipios que por la cantidad que tienen de mujeres en el programa están trabajando con ellas en rondas, grupalmente, porque no pueden hacer la asistencia de forma individual.

--Después de las PASO surgieron voces desde el progresismo, incluso, contra las políticas feministas del Gobierno señalándolas como “piantavotos”, casi como que había que ocultar esta agenda...

--Se intentó instalar que se trataba de políticas de minorías. Estoy convencida de que hay posicionamientos conservadores muy importantes, adentro y afuera del Frente de Todos, que buscan que la agenda de género y diversidad no avance más, y para decir eso, se la intentó banalizar, suponiendo que estaban vinculadas las políticas al lenguaje inclusivo y al DNI no binario. La del lenguaje inclusivo no es una política que tenga este Ministerio. Buscaron ridiculizar nuestra tarea. Y quisieron decir que como el Gobierno se ocupaba de estas cosas no se pudo ocupar de otras, todos argumentos descabellados. Nuestra principal preocupación hoy es que de cada diez personas más pobres en Argentina, siete son mujeres y que nuestra agenda esté vinculada a la reactivación económica con inclusión de mujeres y diversidad, y al problema de las violencias que tristemente no es una política de minorías. El año pasado en la provincia de Buenos Aires hubo 109 mil causas por violencia de género. Y es uno de los delitos que menos se denuncia. Hay que seguir, avanzar e ir por todo lo que falta que es un montón.

--¿Qué propuestas plantea para el año que viene?

--Poder avanzar en reformas normativas vinculadas a las políticas de cuidado y a la inclusión laboral de mujeres y LGBT. Cuando retrocedemos en la participación laboral, retrocedemos en autonomía.