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Antes que esclarecer una masacre ocurrida en San Fernando, un municipio del norteño estado mexicano de Tamaulipas en el que se hallaron restos de 196 personas en 2011, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hostigó y perseguió a quienes buscan esclarecer los hechos, denunció un grupo de organizaciones a las que pertenecen las mujeres espiadas. Según la denuncia, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la PGR investigó y espió a Mercedes Doretti, quien coordina los trabajos en México del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); y Marcela Turati, periodista y cofundadora de Quinto Elemento Lab. En el marco de una investigación por "delincuencia organizada y secuestro", la ya disuelta dependencia del gobierno federal habría tenido acceso a los teléfonos con los que se comunicaron y a la ubicación geográfica de las tres mujeres. Así indicarían copias del expediente que consiguió este año la FJEDD luego de una dilatada sentencia de la Corte Suprema y que fueron exhibidas en una conferencia de prensa que tuvo lugar el la capital mexicana.
"Es una investigación sobre la nada, porque no hay ningún delito que se cite en ese tomo. Es claramente una violación a la libertad de prensa, al derecho a la representación legal y a una investigación independiente", expresó Doretti en la conferencia de prensa presencial y virtual, que contó con la participación de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
"Sustituyeron el debate por la criminalización"
Al mando de la FJEDD, Ana Lorena Delgadillo intentó esclarecer la masacre de San Fernando a lo largo de la última década. Recién en mayo de este año, el equipo de la fundación obtuvo el tomo 221 de un expediente del que fueron recibiendo documentación a cuentagotas. Allí se encontraron con algo inesperado: la PGR estaba utilizando herramientas destinadas a combatir la delincuencia organizada para violar la privacidad y criminalizar a quienes, desde distintos ámbitos, buscaban justicia.
Las autoridades mexicanas habían iniciado en secreto una investigación contra el crimen organizado que le otorgó a los fiscales poderes especiales para vigilar a las tres mujeres e incluso a familiares de las víctimas. "Pidieron las sábanas de llamadas, los mensajes y los puntos de geolocalización entre nosotras. Esto se mandó a la policía federal para que ellos examinen y crucen la información", remarcó Delgadillo y agregó sorprendida: "Nos encontramos en el mismo tomo en el que están investigando a la delincuencia organizada".
Este tipo de maniobras son posibles en México gracias a la Ley de Delincuencia Organizada, que se debe usar solo para la investigación de los delitos más graves. Sin contar con autorización judicial, la PGR de Peña Nieto solicitó de forma "extraurgente" información a las compañías telefónicas de todas las llamadas y mensajes cruzados por las tres mujeres entre febrero de 2015 y abril de 2016. "Han transcurrido diez años del caso de las fosas de San Fernando y hasta este momento no se ha consignado a un solo responsable. Sin embargo, para investigarnos a nosotras consiguieron cruces telefónicos en 24 horas", expresó Delgadillo al respecto.
No menos asombrada se encuentra Mercedes Doretti. "No sabemos exactamente por qué nos abrieron esta investigación, pero sí sabemos qué estábamos haciendo como EAAF en el año 2015 en México", remarcó Doretti al recordar que ese año se produjeron casi 50 identificaciones gracias a la información que hallaron en el terreno y que no se había utilizado hasta el momento. Encontraron, además, un alto número de irregularidades.
"Es terriblemente desilusionante que los mecanismos que plantea la ley para la resolución de la disidencia técnico-forense y la investigación de irregularidades se hayan sustituido por la criminalización de los forenses. Los forenses somos técnicos, si tenemos una disidencia hacemos una junta. Acá sustituyeron el debate por la criminalización", advirtió la directora para Centro y Norteamérica del EAAF antes de exigir "que Nunca Más un forense sea criminalizado por hacer su trabajo".
"Desenterramos evidencias que son cuerpo del delito"
Lejos de la lentitud de las autoridades mexicanas para investigar las desapariciones y masacres que sacuden cotidianamente al país, la periodista Marcela Turati viene dedicándose desde hace tiempo a esos temas. En uno de sus viajes al estado de Tamaulipas en 2015, Turati escribió un artículo para la revista Proceso titulado "Las tumbas de San Fernando: errores de la Fiscalía General". Allí denunció que las autoridades no habían notificado a una madre sobre el descubrimiento del cuerpo de su hijo desaparecido de 22 años, identificado cuatro años antes gracias a un documento de identidad que fuera hallado en uno de sus bolsillos.
Fue esa misma madre quien presentó una denuncia alegando que no dio su consentimiento para difundir el caso, lo que habilitó el seguimiento de la PGR a las tres mujeres que este miércoles denunciaron esa práctica. Turati asegura que se le dio permiso para publicar y que, en todo caso, se trata de un nuevo ejemplo de las presiones a las que suelen ser sometidas las víctimas y sus familiares.
La periodista mexicana aseguró que a partir de su investigación de la masacre de San Fernando ratificó, "como pasa siempre", que detrás de estos casos "no solo hay delincuencia organizada sino que también hay una delincuencia organizada en ciertas áreas del gobierno". Además advirtió con cierta desolación: "En este país parece que lo que importa para las instituciones es retirar los cuerpos de la vía pública, que no se vean. Pero al desenterrarlos como hace Mimi (por Mercedes Doretti, del EAAF), o como hacemos los propios periodistas con nuestras investigaciones, desenterramos evidencias que son cuerpo del delito".
Tanto Turati como Doretti presentarán un recurso de amparo para denunciar lo sucedido, exigir que cese la investigación irregular y se destruyan las pruebas obtenidas en el marco de la misma. Por su parte, Delgadillo decidió iniciar una denuncia penal contra los funcionarios involucrados. Las distintas estrategias judiciales fueron acordadas y resultan complementarias, informaron desde el EAAF.
Los detalles de un caso macabro
Justo un año después de otra masacre en la que 72 migrantes habían perdido la vida en el mismo lugar, en abril de 2011 se descubrieron 43 restos humanos en una fosa clandestina de San Fernando. A partir de ese primer hallazgo se inició una búsqueda en todo el municipio. En total se encontraron, hasta el momento, 196 restos de personas en 48 fosas. Los cuerpos presentan señales de ejecución arbitraria y también de tortura. La mayoría de las víctimas eran migrantes centroamericanos: San Fernando es un pase obligatorio en la ruta del Golfo hacia los Estados Unidos.
Existe poca información pública sobre los hechos acontecidos diez años atrás. Sin embargo, se sabe que participaron policías municipales de San Fernando. NSAEBB/NSAEBB499/">La organización National Security Archive (NSA), a través de la Ley de Libertad de Información estadounidense, desclasificó archivos que documentan la detención de nueve miembros del grupo criminal Los Zetas y 17 integrantes de las fuerzas policiales de San Fernando por participar en los asesinatos. Sin embargo, a la fecha no se conoce una sola sentencia.
