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Luego de semanas de intensas negociaciones, el gobierno español consiguió este jueves el aval del Congreso de los Diputados a sus presupuestos para 2022, marcados por un nivel de gasto récord, mientras crece el malestar en el país por una recuperación económica que va más lenta de lo previsto. El Ejecutivo español contó con el apoyo parlamentario de la izquierda, así como de pequeños partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, aunque sumó duras críticas de los conservadores, la extrema derecha y los liberales.
De esta forma el líder socialista, Pedro Sánchez, se asegura un año más en el poder con miras a las próximas elecciones generales, previstas por ahora para finales de 2023, mientras sigue gobernando en minoría y en coalición con Unidas Podemos. "Damos así un paso más hacia la aprobación definitiva de unos Presupuestos que impulsarán la recuperación y la gran modernización de nuestro país. ¡Seguimos!", festejó el presidente español en su cuenta de Twitter. El proyecto legislativo será debatido y votado a continuación en el Senado, que también lo respaldará ya que la izquierda dispone de mayoría en la Cámara Alta.
Aumento de salarios y pensiones
Como ocurrió con los presupuestos de 2021, el Congreso avaló las cuentas públicas de 2022 por mayoría absoluta, con el voto de 188 de los 350 diputados de una decena de fuerzas políticas, muestra de una Cámara Baja muy fragmentada en su composición. Desde enero de 2020, cuando se formó el gobierno entre socialistas (120 escaños) y Unidas Podemos (34), Sánchez ha tenido que negociar con otros partidos para sortear su debilidad parlamentaria, aprobar los presupuestos y el resto de las leyes y mantener el estado de alarma en los momentos más duros de la pandemia de covid-19.
Los presupuestos del 2022 prevén un nivel de gasto récord de 240 mil millones de euros (unos 269 mil millones de dólares), financiado en parte con 27.600 millones de euros (31 mil millones de dólares) del macroplan europeo de reimpulso económico, del que España es uno de los principales beneficiarios.
En concreto comprenden una serie de medidas sociales, como la revalorización de las pensiones y de los salarios de los funcionarios, que aumentarán un dos por ciento el primero de enero, así como varias medidas contra la precariedad de los jóvenes. Entre estas últimas se encuentra un cheque mensual de 250 euros (280 dólares) para ayudar a personas de entre 18 y 35 años de bajos ingresos a pagar un alquiler, y un cheque cultural de 400 euros (450 dólares) para que los jóvenes de 18 años gasten en actividades culturales.
Estas medidas fueron sobre todo defendidas por Unidas Podemos, socio menor de la coalición de gobierno, que condicionó su apoyo a la adopción de normas para regular los precios de los alquileres a los grandes propietarios en zonas donde el mercado inmobiliario esté tensionado.
Para aprobar los presupuestos, el gobierno acordó contrapartidas a cambio de los apoyos de varios pequeños partidos, entre ellos los independentistas catalanes de ERC y los separatistas vascos de EH Bildu, que incluye a herederos del brazo político de la desaparecida banda separatista armada ETA. Con esos sectores, el gobierno se comprometió a suprimir los peajes en ciertas autopistas e implementar una medida que obliga a las plataformas audiovisuales a asegurar al menos el seis por ciento de su producción en catalán, vasco o gallego.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió los acuerdos alcanzados tanto con ERC como con EH Bildu por estar relacionados con los derechos sociales o las infraestructuras. "En ningún caso tiene que ver con ninguna cuestión que saben las fuerzas independentistas que nos separan de ellos como es la propia concepción de la unidad de España", sostuvo en una entrevista con el canal La Sexta.
Los partidos de derecha, como era de esperarse, cuestionaron la credibilidad de las previsiones económicas y criticaron las "cesiones" de Sánchez. Dirigentes del Partido Popular (PP) como su líder, Pablo Casado, o el presidente de Vox, Santiago Abascal, no pisaron el Congreso en ninguna de las jornadas de debate ni en la votación final de este jueves.
"Política presupuestaria prudente"
Estos presupuestos de fuerte componente social deberían permitir a España consolidar su recuperación económica, amenazada por una inflación galopante (5,4 por ciento en octubre) y una reactivación más lenta de lo previsto del sector turístico, del que dependen el 13 por ciento de los empleos.
La economía española, una de las más afectadas por el coronavirus con una caída de su PBI del 10,8 por ciento en 2020, no recuperaría su nivel pre-crisis antes de 2023, según la Comisión Europea. Las malas noticias económicas han puesto presión sobre el gobierno, confrontado por un naciente descontento social, sobre todo en el sector de la metalurgia y de los transportistas, quienes amenazan con una huelga cuando se acerca la Navidad.
Es necesario que la recuperación "llegue a todos los ciudadanos", reconoció la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, asegurando que los presupuestos permitirán "relanzar el crecimiento económico" y "reducir la desigualdad". Por su parte la Comisión Europea, que avaló el proyecto de presupuestos del gobierno de Sánchez, señaló que "es importante" que España "mantenga una política presupuestaria prudente".
Ahora el proyecto se debatirá en el Senado, donde los partidos pueden proponer enmiendas que, de ser aprobadas, requerirían una votación final en la Cámara Baja el mes que viene. Tarde o temprano, el plan se convertirá en el segundo presupuesto consecutivo aprobado por el gobierno de coalición, que llegó al poder en enero de 2020.
