Más de 1500 mujeres y disidencias marcharon ayer por las calles de Catamarca en el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por primera vez, desde que se realizan las marchas los 25 de noviembre, la columna llegó hasta el Ministerio de Salud para pedir políticas que mejoren el acceso de los cuerpos gestantes a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La convocatoria fue en la Plaza 25 de Mayo y organizada por la Asamblea Ni Una Menos Catamarca, que agrupa a las colectivas y organizaciones feministas. A las 17 se comenzaron a reunir las mujeres, a quienes se plegaron atoconvocadas víctimas de violencias. También, como cada vez, se sumaron agrupaciones políticas.
La marcha, que alcanzó casi cuadras de extensión, tuvo su primera parada en la Corte de Justicia. Luego pasaron por la Legislatura, el edificio de Fiscalías Penales, y antes de concluir en la Jefatura de Policía, desviaron el camino habitual para llegar hasta el Ministerio de Salud.
En ese lugar reclamaron que de los 151 Centros de Salud de toda la provincia, en sólo dos realizan la IVE. La decisión de interpelar al área de salud, se tomó luego de conocer diferentes casos en donde los cuerpos gestantes no pueden acceder al aborto seguro que establece la Ley 27610, promulgada en enero de este año.
Tal como sucedió durante la marcha del 8M, también hubo una parada frente el obispado de Catamarca. Ahí la REd de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, pidió al obispo Luis Urbanc que deje de encubrir a sacerdotes acusados de abuso sexual. Catamarca, tiene un cura condenado, Juan de dios Gutierrez y dos procesados por delitos de ultrajes contra niñas y niñas.
Por último y de vuelta en la plaza, leyeron un extenso comunicado en donde denunciaron al Estado provincial “por la falta de planificación y de políticas públicas transversales, según las condiciones y características de cada contexto y territorio”.
Comunicado completo
No hay ninguna sistematización de datos que indique cuántas denuncias existen, cuáles son los indicadores de riesgos y demás circunstancias que permitan diseñar dispositivos adecuados que neutralicen las situaciones de violencia. Como lo sucedido con Eugenia Olivera, quien fue víctima de femicidio luego de las denuncias e intervenciones del Estado.
A la fecha, sólo sabemos que el 63% de las denuncias recibidas en pandemia fue por violencia de Género solo en el Valle Central, pues no hay estadísticas de los 13 departamentos restantes, entre otras causas, porque no hay Policía Judicial en el interior, y el personal no es idóneo ni está capacitado. El análisis de los datos de tres juzgados de familia, arroja que el 90% de los casos son sobre Violencia de Género.
Durante los últimos años, la violencia se profundiza producto de la precarización laboral, la desocupación, la pobreza y el hambre que tiene como principales víctimas a las mujeres y disidencias, este es el resultado de las políticas de ajuste que llevan a cabo los gobiernos de las últimas décadas, que se profundizará con el pago de la deuda y con el ajuste que exige el FMI.
Ante esta realidad, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Cómo intervienen quienes tienen la obligación de asistir, acompañar y luchar contra la violencia? ¿Por qué nos arrebataron a Eugenia si hizo 5 denuncias, había un juez, una fiscal y una Municipalidad interviniendo? Pareciera que el Estado es absolutamente incapaz de evitar que nos asesinen, nos violen, nos golpeen. Y, cuando todo esto pasa, también pareciera que la única alternativa que nos queda es un punitivismo a ultranza, con juicios revictimizantes, dilatorios, con condenas de prisión que no se hacen efectivas. Como el caso del Cura Gutiérrez, que fue condenado a 12 años de prisión y a la fecha sigue en libertad. El sistema judicial vulnera una y otra vez a la sobreviviente en sus derechos y libertad. Al igual que con el caso de Naim Vera Menem, que aun habiendo sido condenado a cadena perpetua, la Corte de Justicia no se pronuncia y por ello la condena no está firme.
Las políticas que se implementan desde el Ejecutivo no inciden en las situaciones de violencia. Se crean en toda la provincia y municipios áreas de género que son estructuras vacías sin planificación ni diseños de políticas públicas acordes a la situación de emergencia que vivimos las mujeres y disidencias, no impactan en la violencia estructural porque desconocen las características del territorio, no hay capacitaciones para los operadores, ni perspectiva de derechos.
Exigimos reales y serias políticas públicas para erradicar la violencia de género; planificadas y acordes a cada territorio, basadas en estadísticas, diálogo y articulación con las organizaciones de mujeres y feministas de base.
Denunciamos la invisibilización de las luchas de las feminidades pertenecientes a los Pueblos Originarios y reivindicamos las luchas y organizaciones barriales de mujeres por la tierra, techo y trabajo digno.
Denunciamos la falta de una necesaria asignación presupuestaría para los dispositivos institucionales, la dotación de recursos materiales y el capital humano, profesionales calificados que garanticen una correcta atención de las víctimas.
Denunciamos las políticas de cartón como el "Programa Acompañar" que promete asistencia psicosocial y sólo reproduce el asistencialismo que no promueve la real transformación de la cotidianidades atravesadas por la violencia patriarcal, excluyendo así también a las mujeres y disidencias que sufren violencia laboral, intrafamiliar y económica.
Denunciamos el accionar tardío de La Casa Warmi, de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad y del Consejo de La Mujer a la hora de responder ante las demandas de un efectivo acompañamiento e inclusión de las víctimas de violencia de género.
El 24 de enero entró en vigencia la ley N° 27.610 de la IVE, y a 10 meses, aún el Ministerio de Salud no garantiza el acceso al derecho a las personas gestantes. De los 151 Centros de salud de toda la provincia, en sólo dos realizan la IVE. Sumado a ello, no hay campañas de comunicación y las personas no pueden acceder por desconocimiento o por las grandes distancias que nos alejan del derecho. OSEP y las obras sociales y prepagas no cubren la práctica de la IVE.
Eliminar la violencia contra las mujeres y diversidades requiere la implementación inmediata y efectiva de la Educación Sexual Integral, laica y científica en todos los niveles educativos, y de modo complementario, teniendo en cuenta todos los obstáculos y dificultades que se presentan entre les docentes. Resulta necesario pensar en el dictado de un espacio curricular que aborde la violencia de género con toda su complejidad, y que este espacio sea cubierto por especialistas en la materia.
Eliminar la violencia contra las mujeres y diversidades requiere políticas económicas que acaben con la feminización de la pobreza, ya que somos nosotras las que sufrimos directamente los golpes de las malas decisiones de quienes nos gobiernan. Trabajadoras somos todas y todes, todas creamos valor, basta de desigualdades y violencias también en los ámbitos laboral y político.
Terminar con la violencia requiere de la reforma transfeminista judicial, que nos sigue revictimizando, vulnerando y violentando.
Terminar con las violencias implica también terminar con los extractivismos ecocidas y genocidas que cercenan nuestros cerros, nuestra tierra, nuestra agua, nuestro aire. Nuestros territorios y nuestros cuerpos no son mercancías.
Seguiremos en las calles, en las rutas, en los caminos, en las trincheras barriales, tejiendo redes y acuerpándonos para resistir y luchar contra todas las formas de violencia, hasta que podamos vivir libres.
Por todo esto y mucho más decimos que la deuda es con nosotras y nosotres, Basta de violencia estatal.
Femicidios en Catamarca
Según los datos que elaboró el Observatorio Feminista de Catamarca, desde 1990 hasta la fecha, 40 mujeres fueron asesinadas en Catamarca, de éstos la justicia no logró atrapar a los responsables y continúan impunes.
Los nombres de las víctimas y de sus femicidas son: Maria Soledad Morales ( 1990) Femicida Guillermo Luque, Monica Beatriz Coronel ( 1996) Femicida Jerónimo Meliton Bulacios, Maria Belén Galetto ( 1998) Femicida Pablo Angelina, Celia Lida Molina ( 1999) Femicida impune, Griselda Veronica Vergara (2005) Femicida José del Valle Pérez, Maria Romina Farias (2006) Femicida impune, Rocio Ubilla (2006) Femicida Manuel Oscar Páez, Ana Belén Gómez Vega (2008) Femicida Juan Antonio Bustamante, Karina Valdez (2008) Femicida Marcelo Nicolás Vizcarra, Antonia Medina (2009) Femicida Julio Alberto Ponce, Ernestina Santillán (2009) Femicida Carlos Ferreyra, Gloria Monica Acosta (2010) Femicida Julio Alberto Lucero.
También, Sara Stec (2010) Femicida José Araoz, Alejandra Arguello (2010) Femicida Víctor Hugo Roson, Liliana Garabedian (2010) Femicida Roberto Alejandro Barros, Valeria Isabel Córdoba (2011) Femicida Martin Ramos, Nelida Cejas (2012) Femicida Ramón Colombres, Maria Eugenia Rojas y Susana Aguilar (2013) Femicida Damián Cano, Maria Rita Valdez (2013) Femicida Francisco Adrian Quiroga, Keyla Reinoso (2013) Femicida Manuel Argentino Hernández, Celeste Judith Moreno (2013) (Femicida impune), Maria del Valle Condori (2013) (Femicida impune), Fabiana Aranguez (2023) Femicida Darío Castro, Sara Alicia Pacheco (2016) Femicida Marco Antonio Gutiérrez, Luz Villafañez (2016) Femicida el Estado catamarqueño, Cecilia Olima (2017) Femicida Miguel Rodríguez, Margarita del Carmen Suarez (2017) Femicida Cristian Alba, Julieta Cecilia Herrera (2017) Femicida Esteban Castaño, Celeste Silva (2017) Femicida Jorge Luis Burgos, María Jose Arias Gilbert (2019) Femicida Viuli Saragusti, Susana Villagra (2019) Femicida Custodio Quinteros, Elba Ibañez (2019) Femicida Lorenzo Quiroga, Georgina Avellaneda (2019) Femicida Diego Herrera, Rosa María Carrizo (2019) Femicida Catalino Legal. Nadia Garcia (2019) Femicida Isidro González, Antonella Aybar (2019) Femicida Walter Mariano Tula, Brenda Micaela Gordillo (2020) Femicida Naim Vera, Débora Barros (2021) Femicida Javier Salcedo y Eugenia Olivera (2021) Femicida Eliseo Guerrero.
