Las organizaciones de mujeres y LGBTIQ que participan de la Asamblea Feminista marcharon nuevamente un 25 de noviembre, día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Entre los principales reclamos estuvieron la exigencia de sobreseimiento para la médica Miranda Ruíz imputada en Tartagal por haber practicado un aborto y el pedido de absolución de Yolanda Vargas, acusada tras la muerte de sus hijxs pequeñxs en un incendio de su precaria vivienda en Colonia Santa Rosa.

También familiares de víctimas de femicidio exigieron justicia por las causas que siguen impunes. Además se pidió la derogación del artículo 114 del código contravencional, mediante el cual la policía detiene a las mujeres trans en la vía pública.

"Basta de violencias judiciales; basta de femicidios, lesbocidios y transfemicidios; desprocesamiento para Yolanda Vargas; el Estado es responsable; absolución a Miranda ya; ni una menos sin techo; implementación de Educación Sexual Integral y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo; basta de ajuste; no al pago al Fondo Monetario Internacional", fueron las consignas de la marcha del movimiento de mujeres y LGBTIQ. 

Las organizaciones de la Asamblea Feminista concentraron en la Plaza 9 de julio, desde allí partieron hasta la Legislatura, luego a la Jefatura de Policía y siguió con una parada frente a la Catedral. La iglesia había sacado imágenes religiosas al atrio y allí se encontraba un grupo de personas rezando cuando la marcha llegó a este lugar. La policía armó una fila en torno a quienes estaban en la Catedral y delimitó el espacio entre lxs religiosas y las activistas que reclamaban mediante el megáfono por las obstrucciones de la iglesia católica al aborto legal y por los curas acusados de abuso sexual eclesiástico en la provincia. También se realizó una puesta en escena con fuego, y una pequeña fogata en que se quemaron cruces. 

En ese momento el clima pareció ponerse álgido, ya que los grupo de religiosxs rezaban más alto y le aumentaban el volúmen tmbién a los cánticos de iglesia, algo que contrastó con la música feminista y los reclamos de la marcha. 

En esos momentos también se pudo observar a la policía tomando fotos de las activistas durante la movilización y el reclamo de un hombre a los uniformados para que reprimieran la protesta frente a la Catedral. Finalmente la movilización retornó a la plaza central de la ciudad, frente al Cabildo, para realizar el acto de cierre. 

Luisa López, la mamá de Fabiana Arismendi, marchó junto a la Comisión de Familiares de Víctimas de Femicidios reclamando justicia. Arismendi murió el año pasado en Cerrillos, prendida fuego.  "Hasta ahora la causa no tiene ni carátula, pero ellos (fiscales intervinientes) creen que es un suicidio. No es un suicidio porque yo estuve con ella la noche anterior, ella estaba bien, se había ido a la peluquería a hacerse teñir el cabello, a la mañana regaba las plantas y la llamó el exesposo, que es policía, Walter Chaparro, ella salió caminando porque se la ve en las cámaras y cuando llegó a la altura de la vía donde no había cámaras no se la vio más. (La encontraron) incendiada, toda quemada. Eso fue temprano y yo me enteré a las 18", sostuvo la madre a Salta/12. 

Añadió que ella había insistido varias veces a la policía para pedirles que intervengan porque su hija estaba desaparecida. "A ella la mataron el 1 de octubre (de 2020)", indicó la mamá.  "Yo creo que es en el entorno familiar porque ninguno de los hijos, sale a pedir Justicia", señaló y además mencionó que la expareja  incluso cobró un seguro por la muerte de Arismendi y le puso en venta la casa. 

"La policía de Cerrillos fue a amenazarnos porque no quería que hagamos marchas, porque cortabamos 5 minutos la ruta para pedir justicia". añadió. La fiscala que tramita esta causa es Mónica Poma, antes intervino el fiscal Ramiro Ramos Ossorio. La madre además contó que no tuvo ninguna asistencia estatal durante este proceso.

Una de las hermanas de Agustina Nieto, joven de 21 años asesinada en 2018, reclamó también justicia. Señaló que en este crimen habría "narcopolicías" implicados, una hipótesis de la familia. En esta causa, intervinieron varios fiscales, la última es Mónica Poma. La hermana dijo que hasta ahora fueron los familiares quienes han investigado y han aportado datos a la fiscalía, que no avanza en las investigaciones.

Las hermanas de la víctima de femicidio, Rocío González quien fue asesinada este año por su pareja Ezequiel Mendoza (que después se suicidió), reclamaron que el "Estado se haga responsable". 

También estuvo en la marcha, Yolanda Vargas, la mujer que está requerida a juicio en Orán por la muerte de sus hijxs en un incendio de su precaria vivienda. "Ese mismo día me encierran a mí echándome la culpa de lo que pasó", recordó la mujer que fue liberada tras varios reclamos de las organizaciones sociales y políticas. Dijo que la acusaron de haber abandonado a lxs niñxs. "Hace 9 meses que mis hijos no están a mi lado y que no puedo tener justicia por ellos. Yo por mis hijos hice hasta lo imposible", sostuvo. 

Vargas fue acusada por la fiscala Claudia Carreras, quien se basó en una denuncia previa del progenitor de lxs niñxs contra la pareja de ella. Sin embargo, Vargas era víctima de la violencia de género que ejercía el progenitor de sus hijxs, el cual no le pasaba la cuota alimentaria ni se responsabilizaba de sus cuidados. 

Lxs chicxs murieron en un incendio cuando ella salió a comprar alimentos un día de lluvia y los dejó en la casita precaria y prestada en que vivían con un candado en la puerta. Vargas dijo que hay que exigirle al "Estado que se haga cargo" porque las mujeres que pasan por situaciones como la de ella, que maternan solas y deben salir a trabajar no tienen con quien dejar a sus hijxs, "que nos pongan una guardería o que en el mismo lugar de trabajo podamos dejarlos (...) que no haya más femicidios", reclamó. 

Además una abuela de General Güemes, María Elena Céspedes, tomó el micrófono para pedir que le restituyan a su nieto de 6 años, a su madre o a ella. "El Estado me quitó a mi nieto y me exige vivienda, trabajo y salud. Que el Estado me dé vivienda y trabajo y yo voy a poner de mi parte y salud", manifestó la abuela. 

La mujer dijo que el niño entró bien y sano al hogar cuna y denunció que está sufriendo violencia en la institución a la que se lo llevaron, "está siendo violentado ahí", sostuvo. También denunció que hace dos meses no le permiten ni las llamadas telefónicas con el niño. "A los jueces no les importa porque no se trata de sus hijos", señaló.  

En paralelo hubo otra marcha en la tarde de organizaciones nucleadas en la Red de Derechos Humanos que optó por separarse de la movilización de la asamblea feminista. Realizaron además un tendedero por la memoria de las detenidas y desaparecidas que fueron víctimas de violaciones, torturas y crímenes durante la última dictadura militar.

También por la mañana movilizaron las organizaciones gremiales del Frente por la emergencia nacional en violencia hacia las mujeres.