Tras la presentación del amparo colectivo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) de la Nación y una primera resolución de la jueza de Minas de Salta, Victoria Mosmann, sobre las medidas cautelares solicitadas, la titular de la dependencia nacional, Marisa Graham, entendió que las acciones a tomar deben terminar con el problema estructural, y para ello “hay que afrontarlo”.
En el amparo colectivo presentado por la Defensoría, se solicitó una “mesa de articulación institucional tendiente a elaborar un plan de trabajo integral e intercultural coordinado y operativo que contemple la realización de medidas adecuadas, efectivas y suficientes para restituir y garantizar los derechos a la salud, a la vida y a un nivel de vida adecuado, de niñas, niños y adolescentes de comunidades de pueblos indígenas que habitan y viven en los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín”, y se pidió que esto se haga con tiempos perentorios.
Pero ante la llegada del período estival y teniendo presente que en el segundo trimestre el Ministerio de Salud de la provincia registró a 7543 de niños y niñas del Chaco salteño de menos de 5 años en riesgo nutricional, la Defensoría también solicitó medidas cautelares para que de forma urgente se garantice el acceso al agua, a la salud y la atención de sus urgencias y el acondicionamiento de los caminos. La resolución de Mosmann ordena poner afiches en idiomas originarios con los contactos de un referente de la provincia que articule las acciones para atender las urgencias, y de quienes representan a las comunidades originarias.
Al hablar con Salta/12, Graham afirmó que la realidad de las comunidades originarias en general y la wichí en particular, que habitan zonas chaqueñas, se suele extender también a la provincia del Chaco y a Formosa. Pero la particularidad que presenta Salta “es el cambio que significó en el suelo el desmonte”. Añadió que el actual reclamo de las niñeces en general es justamente el problema del ambiente y por los datos que fueron volcados en el amparo presentado, ratificó que “Salta es la más golpeada” en materia de deforestación. Precisamente, la mayor tasa de desmonte se presenta donde viven las comunidades de los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán. “Allí quienes ganan con el desmonte dejan a los pueblos sin sus algarrobos y sus bosques, y han cambiado la fisonomía de este paisaje lo cual genera la desertificación”, dijo la defensora.
Sequía e inundaciones
Al hacer un análisis conjunto de las tres medidas urgentes: garantizar el acceso al agua, salud y caminos, Graham recordó que durante la época estival se inician las lluvias, y esto implica inundaciones, cuando no las crecidas de los ríos Pilcomayo y Bermejo. Por otro lado, durante el otoño y el invierno, las comunidades padecen las sequías. Ambos fenómenos terminan generando la erosión de los suelos. Y esto implica la inaccesibilidad de caminos.
A su vez, no tener caminos implica que no llegue un camión del Ejército con agua potable, como se viene instrumentando desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández. La defensora afirmó que por pedido suyo el gobernador Gustavo Sáenz alquiló camionetas para llevar los tinacos (tanques de agua) a las comunidades. Pero incluso estas camionetas quedaron varadas en los caminos. Esto también dificulta la llegada a una atención sanitaria de mayor complejidad, sea al Hospital de Santa Victoria Este (municipio de Rivadavia) o al de Tartagal (cabecera del departamento San Martín), que es el de referencia de la zona. El mal estado de los caminos también impide la circulación de las ambulancias.
La defensora afirmó que con el amparo lo que se busca es dar la mayor cantidad de herramientas posibles y “exigir lo que falta para que haya continuidad en política de infraestructura en el Chaco salteño que nos permita salir de esta trampa de que es un problema estructural. Si es un problema estructural en algún momento hay que encarar una solución”. Y deslizó que de hecho, “se podría pensar en parar el desmonte ¿no?”.
Bajó la mortalidad
La funcionaria destacó el trabajo de la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Verónica Figueroa, y la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, de quienes dijo que ponen en todo momento la mejor predisposición junto a la gente que se encuentra en el Plan Unir para abordar las problemáticas de las comunidades. Pero entendió que es necesario que cuenten con un mayor apoyo para seguir adelante con su trabajo.
“Ha bajado la mortalidad infantil de 2020 a 2021 y se han hecho cosas”, reconoció al analizar los datos que surgen de los informes del Ministerio de Salud de Salta. Sostuvo que conoce las dificultades para que las infancias accedan al agua y a los equipos de salud, pero que por ello es preciso contar con más políticas que apunten a dar solución a esos temas. Al ser consultada por la salud intercultural y su aplicación, afirmó que es otro de los temas a trabajar. “Necesitamos médicas y médicos, agentes de Salud y de Desarrollo Social en territorio que sean de los pueblos indígenas, de las comunidades, porque se culpabiliza a la mamá de que no quiere llevar a sus hijos pero a veces no entienden por qué dado que tampoco entienden el idioma y lo que les dicen”. Y agregó en este sentido el problema de la confianza “al criollo o al blanco”. “Por qué van a confiar en los blancos si nunca dieron las soluciones que reclaman”, analizó.
