Dos fiscales federales pidieron elevar a juicio una causa en la que cinco policías bonaerenses y un civil están acusados de haber planeado y ejecutado dos secuestros extorsivos con ocho víctimas a las que mantuvieron cautivas en un destacamento policial de la localidad de Ciudad Evita, mientras le pedían rescate a sus familias para que no queden detenidas.

El pedido fue formulado por la fiscal federal 2 de Morón, Mariela Labozzetta, y el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), Santiago Marquevich, ante el juez federal 2, Jorge Ernesto Rodríguez, de acuerdo a lo informado en el sitio institucional Fiscales.gob.ar del Ministerio Público.

En su requerimiento, los fiscales Labozzetta y Marquevich sostuvieron que "la maniobra delictiva fue llevada a cabo --casi en su totalidad-- por efectivos policiales que se encontraban en ejercicio de sus funciones", quienes "hicieron uso indebido del poder que detentaban" y "cometieron los hechos intentando encubrirlos bajo el manto de un procedimiento legal".

Los hechos delictivos denunciados tuvieron lugar el 28 de septiembre y el 13 de octubre de 2020, donde se realizaron dos secuestros extorsivos con cuatro víctimas en cada uno.

En ambas ocasiones, las víctimas habían acordado encontrarse con uno de los imputados --el único civil acusado de integrar la banda--, a fin de cometer un robo. Cuando llegaban al lugar de encuentro, eran interceptados por oficiales de policía, quienes los reducían, golpeaban e insultaban, para luego trasladarlos al destacamento policial José Ingenieros, en Ciudad Evita, partido de La Matanza, desde donde los obligaban a comunicarse con sus familiares para exigirles dinero a cambio de su liberación.

Según el requerimiento de los fiscales, los imputados "en ambos casos buscaron un grupo de víctimas al que pudieran ofrecerles un 'trato' vinculado a una actividad delictiva", con el objetivo de "enmascarar los verdaderos fines propuestos".

Además, Labozzetta y Marquevich añadieron que los dos hechos "fueron ejecutados en forma coordinada sobre la base de un plan común previamente pergeñado" y que los imputados "tenían pleno conocimiento del accionar criminal y sus voluntades estuvieron encaminadas hacia el éxito del plan delictivo".

"Estas circunstancias nos llevan a afirmar que estas personas pusieron en marcha todo un ardid cuyo objetivo era proceder al secuestro de las víctimas para cobrar rescate por su liberación, no previendo en ninguno de los casos que iba a ser investigado judicialmente ya que resultaba poco probable que un grupo de víctimas que se encontraban en un determinado lugar para cometer un delito fueran a denunciar el hecho del que fueron víctimas finalmente", indicaron los representantes del Ministerio Público.

En el primer hecho, las víctimas recuperaron la libertad luego de que sus familiares entregaran 300 mil pesos en las inmediaciones del hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita, ubicado a pocas cuadras del destacamento al que pertenecían los policías imputados.

Mientras que, en el segundo suceso, los secuestrados fueron liberados sin que se llegara a pagar el rescate en el barrio porteño de Constitución, donde se había acordado la entrega.

Las víctimas denunciaron que en ambos casos los ocho jóvenes fueron golpeados y despojados de algunas de sus pertenencias.

Por lo tanto, en base a las pruebas colectadas durante la investigación, Labozzetta y Marquevich solicitaron que parte de agentes integrantes del destacamento policial de José Ingenieros vayan a juicio por ser "coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate, por la intervención de tres o más personas, y por ser miembros de una fuerza de seguridad; robo agravado por haberse cometido con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, cometido en poblado y en banda y por ser sus autores miembros de una fuerza de seguridad; e incumplimiento de deberes de funcionario público".

Por los mismos hechos, aunque sin el agravante de ser integrante de una fuerza de seguridad, se requirió la elevación de la investigación respecto del civil, que es de profesión comerciante. Por último, la fiscalía solicitó la extracción de testimonios para ahondar en la investigación respecto a otros posibles partícipes del hecho investigado.