No habrá juicio. La votación fue dos a uno, con Daniel Obligado y Adrián Grünberg votando los sobreseimientos y Adriana Pallioti votando en contra.

El expediente termina en la misma situación que las causas dólar futuro, Memorándum con Irán o Plan Qunitas. 

La instrucción estuvo en manos del juez Claudio Bonadio, quien, como siempre, procesó, dictó prisiones preventivas, sin hacer los peritajes más elementales. Ante ese cuadro, los tribunales orales ordenaron los peritajes y los resultados siempre demostraron que lo descripto en la acusación no existía.

Lo mismo ocurrió en Hotesur - Los Sauces: se consideraba que hubo sobreprecios en la construcción de rutas y que los empresarios le pagaban coimas encubiertas a la familia Kirchner mediante alquileres. 

Lo que se demostró es que los alquileres siempre fueron a precios de mercado, que no podrían, por lo tanto, encubrir una coima y que, además, no existió lavado de dinero porque todo fue siempre en blanco: los alquileres se pagaron a través de bancos y se declararon invariablemente ante la AFIP. 

El último peritaje demostró justo eso: que las transacciones fueron en blanco, en todos los casos.

El pedido de Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia pidieron ser sobreseídos a partir de la incorporación de una nueva pericia que demostró que todos los alquileres siempre fueron “en blanco” y bancarizados. "Resulta imprescindible, de una vez por todas, dictar una resolución que ponga fin a estas actuaciones, que ya llevan varios años de trámite", sostuvieron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy en el escrito de 65 carillas que el Tribunal Oral Federal 5 terminó aceptando.

El pedido ponía el acento en dos cuestiones básicas del expediente:

  1. No existe lavado de dinero, tal como surge de las pericias, una nueva y una anterior.
  2. El lavado de dinero consiste en “blanquear” dinero de un delito anterior, pero tales delitos ya fueron sobreseídos en otras causas.

En la búsqueda de algún elemento para sustentar la acusación, en otros momentos del trámite de la causa se habló de la ocupación de las habitaciones en el Hotel Alta Patagonia, por ejemplo, pero los Kirchner no alquilaban habitaciones ni gestionaban el hotel, sino que se dedicaron a alquilar la propiedad en su conjunto. 

También se cuestionó el contrato para alojar en ese hotel de El Calafate a las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas: pero ese contrato fue muy anterior a que los Kirchner compraran el hotel y fue tambien anterior a que Aerolíneas pasara a manos del estado. 

Para realizar su pedido, los abogados de los Kirchner se asentaron, tácitamente, en lo ocurrido en tres expedientes recientes: dólar-futuro, Qunita y Memorándum de Entendimiento con Irán. En los tres, los tribunales orales o la Cámara de Casación decidieron sobreseer a todos los imputados por inexistencia de delito. La base también fueron las pericias o elementos recientemente incorporados a los expedientes. 

También hay aspectos técnicos que Beraldi y Llernovoy mencionaron de forma reiterada. Por ejemplo, que en la hipótesis de la acusación el dinero provino de la construcción de rutas por parte de Lázaro Báez. Los letrados esplicaron que las causas por esas rutas fueron sobreseídas aunque después, siempre con el mismo modus operandi, hubo una nueva denuncia y por ello hay otro juicio ahora en Comodoro Py.  

La acusación además sostenía que el dinero de los alquileres provenía de la adjudicación de contratos de juego o de zonas petroleras al Grupo Indalo. Ambas cosas fueron sobreseídas y el sobreseimiento no sólo esta firme sino que fue consentido por fiscales como Gerardo Pollicita o Carlos Stornelli, nada afectos al kirchnerismo. En conclusión, no hubo delito precedente.

Finalmente, el reclamo de sobreseimiento igualmente planteaba que ni Máximo ni Florencia podían tener responsabilidad. Ambos accedieron a los bienes de los Kirchner por herencia o por la cesión de su parte que les hizo Cristina. Esa cesión también fue objetada en la justicia y terminó en sobreseimiento. Florencia tenía 12 años cuando se creó la sociedad Los Sauces y siempre fue menor de edad en los momentos en que ocurrieron los hechos. Máximo no firmó ni participó en ninguno de aquellos alquileres.

Los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg giraron el planteo a todas las partes y una vez que estos se pronunciaron, el último fue el fiscal Diego Velasco, los magistrados resovieron sobreseer a todos los acusados. 

Un detalle necesario: Todas las denuncias, incluso el armado de la causa colectora, se hicieron de la mano de legisladores de Juntos por el Cambio, en especial de la Coalición Cívica. Y la base siempre fueron copias de publicaciones en los medios.