Desde Lima

La extrema derecha empuja al Perú al abismo del caos. Redobla su apuesta por un golpe contra el gobierno progresista que le ganó las elecciones. A solo cuatro meses de iniciada la presidencia del campesino, maestro rural y sindicalista de izquierda Pedro Castillo, la derecha acelera sus planes golpistas presentando en el Congreso una moción para destituir al presidente por “incapacidad moral”. Un pedido sin ningún sustento serio, con argumentos tan débiles que no dan para encajarlos ni siquiera en una figura tan ambigua como la “incapacidad moral” que se alega. Los mismos sectores políticos que no aceptaron el triunfo electoral de Castillo sobre Keiko Fujimori, que intentaron desconocer ese resultado electoral alegando un inexistente fraude, que buscaron impedir que Castillo asuma la presidencia y pedían golpe, ahora van por ese golpe desde el Congreso a través de la destitución del presidente para pretender disfrazarlo de legalidad.

Castillo ha señalado que detrás de la conspiración parlamentaria para sacarlo de la presidencia, están grupos que “tienen cuentas con la justicia” y buscan recuperar el poder. Keiko Fujimori, jefa del fujimorismo, con rol protagónico en la promoción del golpe parlamentario, está acusada de lavado de dinero y en los próximos meses debe enfrentar un juicio con un pedido de 30 años de prisión en su contra. “Quieren socavar la institucionalidad, pretenden desestabilizar el país. No toleran que un maestro, un agricultor, haya llegado a la presidencia”, señaló el presidente.

Excusas 

El pedido para declarar como “incapaz moral” a Castillo contiene argumentos tan absurdos como acusarlo de haber restablecido relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela, o permitir que el expresidente boliviano Evo Morales ingrese al Perú y se reúna con dirigentes políticos y sociales. La derecha acusa a Castillo de haber nombrado funcionarios vinculados al terrorismo. Acusar a dirigentes políticos y sociales de izquierda de terroristas es una práctica común de la derecha peruana. El exministro de Trabajo, Iber Maraví, fue acusado por la oposición y los medios de “terrorista” en base a partes policiales de hace 40 años que a partir de las declaraciones de detenidos arrancadas bajo torturas lo sindicaban como miembro de Sendero Luminoso, el grupo armado maoísta derrotado hace más de dos décadas.

Otros cargos para sustentar su supuesta incapacidad moral es que Castillo habría presionado a los jefes militares para favorecer el ascenso de algunos oficiales, denuncia hecha por dos generales que fueron pasados a retiro y que está en investigación sin que todavía el asunto haya sido esclarecido, y que habría tratado de favorecer a empresarios amigos ante las autoridades tributarias, un hecho en investigación que en realidad no involucra a Castillo sino a su exsecretario, Bruno Pacheco, separado del cargo cuando estalló este escándalo. Al mandatario también se le acusa por un supuesto financiamiento ilegal de su campaña electoral con recursos del gobierno regional de Junín, que tenía como gobernador a Vladimir Cerrón, secretario general del partido oficialista Perú Libre, hoy distanciado de Castillo, otro hecho en proceso de investigación, que hasta ahora no involucra directamente al jefe de Estado. Generar inestabilidad económica y atentar contra la libertad de prensa por sus críticas a los medios y no dar entrevistas periodísticas, son otros “argumentos” que sustentan la acusación contra Castillo.

Maniobra

La maniobra golpista está firmada por 28 congresistas, dos más del número necesario para aceptar a debate un pedido de destitución del jefe de Estado. Si esta moción obtiene 52 votos, de un total de 130, el proceso de acusación continúa, de lo contrario se archiva. Si se da luz verde a la acusación, Castillo será sometido a un proceso sumario, que duraría unas dos semanas. Para que la destitución del presidente sea aprobada se necesitan 87 votos, dos tercios del total del Congreso unicameral.

Las tres bancadas de extrema derecha -la principal de las cuales es el fujimorismo- que respaldan el golpe parlamentario, tienen 43 votos. Buscan sumar a otros sectores en sus afanes golpistas. Los cálculos estiman que si la acusación avanza, sería altamente improbable que se obtengan los 87 votos para una destitución. Las bancadas de derecha moderada y de centro, opositoras al gobierno, se han distanciado de la conspiración golpista. La extrema derecha los presiona.

Patotas

Mientras en el Congreso activan el golpe parlamentario, en las calles la extrema derecha desata la violencia contra quienes no se suman a sus pretensiones. El grupo llamado La Resistencia -rebautizado popularmente como La Pestilencia-, una fuerza de choque ligada al fujimorismo, ha agredido violentamente en estos días a políticos y a periodistas de los pocos medios que no se han plegado al golpe parlamentario. A este grupo violento alineado con el fujimorismo, se han sumado recientemente otras formaciones violentas de extrema derecha, en las que tienen un rol protagónico militares en retiro.

Para la extrema derecha, empeñada en promover un golpe desde el día que Castillo ganó las elecciones, este es un primer intento, pero sus pretensiones golpistas no se agotan si esta vez no tienen éxito en el Congreso.