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Mientras se dedicaban a vigilar a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, los espías de la delegación Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tenían una lista de actividades que sucederían entre el 5 y el 13 de febrero de 2018 en la ciudad balnearia y que despertaban la inquietud de la exSIDE. Entre otras, estaban la marcha de las Madres de los jueves por la tarde, las protestas de las familias de los submarinistas y de otros buques que se hundieron en la zona e incluso las movilizaciones que se hacían en el bosque Peralta Ramos contra la domiciliaria del genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. Lejos de ser una rareza de la base Mar del Plata --ahora en el foco de la atención pública por la causa que involucra al expresidente Mauricio Macri--, el interés de los espías estuvo centrado en aquellos y aquellas que protestaban.
“Todas las causas están mostrando que, en forma rutinaria, había un seguimiento de la conflictividad social”, explica Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a Página/12. “Esas prácticas tienen que ver con un modo de pensar la inteligencia y demuestran que quienes están en el gobierno la entienden como una herramienta útil para medir la conflictividad”, añade.
En un descargo ante el juez federal Martín Bava, que subroga en Dolores, el exjefe de la base Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez, reconoció que se hacían informes sobre “conflictividad social”. Sus dichos parecían estar orientados a relativizar los seguimientos que hicieron sobre los familiares de los 44 tripulantes o los informes que enviaron para adelantar cuáles serían sus reclamos. Sin embargo, lo que terminó revelando es que había un control férreo sobre toda actividad que para la AFI podía ser considerado un riesgo -- y más aún en una que suscitaba el interés nacional e internacional como fue la búsqueda del submarino--.
Tanto en Mar del Plata como en otros lugares del país, la AFI organizaba o sistematizaba la información de acuerdo a los colores del semáforo. El primero en aparecer fue el que ordenaba las prioridades para espiar a los exfuncionarios o empresarios kirchneristas que estaban presos en dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Esa documentación se halló en poder de los espías conocidos como Súper Mario Bros --en su mayoría, policías de la Ciudad que se habían integrado a las filas de la AFI durante el macrismo--. “Alguien definía quién iba a seguir a quien, establecía un orden de interés y decidía cuáles eran los datos que tenían que saber y almacenar”, explica la mecánica Alejandro Rúa, abogado querellante en la causa.
En ese mismo expediente, se encontró un semáforo con actividades que sucederían el 18 de diciembre de 2018 a lo largo y ancho del país. Entre otras se destacaba con color rojo -- máximo interés o máximo riesgo-- una marcha a Plaza de Mayo contra el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich. Lo que muestra ese documento es que todas las delegaciones seguían una misma metodología a la hora de sistematizar la información que les llegaba. Incluso se dividió con los colores del semáforo a los periodistas que se acreditaron para cubrir la cumbre del G20 y, para ese evento también, se realizó un cuadro con partidos de izquierda, organizaciones sociales y referentes que podrían manifestarse.
No es una novedad que la AFI haya centrado su atención en estos sectores, ya que en otra causa que tramita en Comodoro Py figura un informe que los espías confeccionaron sobre una reunión del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) que se hizo en el Hotel Bauen antes de una marcha por la desaparición de Santiago Maldonado y como parte de los preparativos de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se llevó a cabo en Buenos Aires a finales de 2017.
“El espionaje a la protesta social es un mecanismo más de control social, una forma de asegurarse que no tengan oposición las medidas antipopulares que toman los gobiernos”, dice Myriam Bregman, diputada nacional electa por el FIT-U. “Lo que ocurre con el gobierno de Macri es que esta práctica se extendió y profundizó de una forma feroz, que cosas que habíamos denunciado en forma aislada se dieron todas juntas: la represión a los que luchan, la infiltración en las organizaciones junto con el espionaje sobre la oposición política”.
La primera causa que destapó cómo la AFI se había abocado entre 2016 y 2017 a hacer tareas de inteligencia ilegal sobre organizaciones sociales fue la del “Proyecto AMBA”, que estuvo inicialmente en manos del juez Alejo Ramos Padilla. El magistrado halló desde información sobre comedores populares en poder de las delegaciones bonaerenses de la exSIDE hasta seguimientos de actos de Cristina Fernández de Kirchner o festejos por el día de les niñes. También surgió que un agente había estado infiltrado en Barrios de Pie cuando se hallaron los papeles por la licencia médica que tuvo que tomar después de que se desplomó desde el techo cuando colocaba micrófonos y cámaras antes de una reunión.
“Hay una práctica de recolectar información --para ver después en qué se usa-- que no es solo propio de la AFI,sino también del resto de las fuerzas e incluso del SPF, como quedó en evidencia en la causa de Lomas de Zamora”, dice Claudio Pandolfi, investigador y docente de Seguridad Ciudadana en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). “El desafío es ver cómo desarmar una estructura que muchas veces juega sola” concluye.
