Un reclamo histórico de la industria editorial avanza hacia su materialización: un Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA), como existe un instituto del Cine, del Teatro y de la Música. La senadora sanjuanina Cristina del Carmen López Valverde (FdT) presentó un proyecto de ley para crear el INLA. Se trata de un texto que toma como modelo un proyecto anterior --presentado por el entonces diputado Daniel Filmus, que perdió estado parlamentario en diciembre de 2020--, y lo mejora con nuevos aportes surgidos de los debates entre escritores, traductores, editores, libreros, diagramadores, ilustradores y trabajadores de la palabra, organizados por la Unión de Escritoras y Escritores.

Las modificaciones aparecen ya en el primer artículo, cuando se afirma que el objeto del INLA es “fomentar y promover la actividad editorial argentina, la creación y actividad autoral, la producción y comercialización del libro en todos sus formatos y soportes, así como contribuir a la ampliación del número de lectores mediante el fortalecimiento del acceso democrático, igualitario y federal al libro”. El escritor Marcelo Guerrieri, presidente de la Unión de Escritoras y Escritores, comenta a Página/12 que “el primer cambio relevante es que figura la creación y actividad autoral”, una demanda planteada desde la Unión de Escritoras respecto del anterior proyecto, al que criticaron por estar pensado “por editores para editores”, además de objetar también la escasa representación que tenían los autores en el organigrama del Instituto.

Guerrieri cuenta que se necesitaba “una serie de reordenamientos” ligados a la estructura para que el INLA sea “lo menos burocrático posible”. Entre los cambios, se suprimió un órgano asesor y la creación de un observatorio y se redujo la cantidad de representantes en el directorio, al que se lo reconfiguró para que tenga un presidente y un vicepresidente, que serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Otra diferencia en el directorio del INLA es que las cámaras editoriales y los escritores tienen la misma cantidad de representantes, dos cada uno, y se sumó a un actor que antes estaba excluido, los traductores, con un representante.

En el ámbito del INLA se creará el Fondo Nacional para el Fomento del Libro Argentino, que se destinará exclusivamente para conceder créditos y/o subsidios para la producción intelectual, la edición, traducción y comercialización de libros argentinos en el país y en el exterior; la realización de ferias o muestras nacionales e internacionales; el fomento de las librerías que estimulen la promoción del libro y la lectura, priorizando a aquellas que promuevan la diversidad editorial y temática; el apoyo y desarrollo de actividades y proyectos dedicados a la promoción de la lectura y programas de fomento a la producción autoral a través del otorgamiento de becas a la creación y/o líneas de apoyo a escritores, “los que insumirán no menos del cuarenta por ciento (40%) de su presupuesto anual”, como precisa uno de los artículos.

En cuanto a la definición de libro argentino, además de que esté registrado con un ISBN argentino, ese identificador único para libros que sería como el documento de identidad, en uno de los artículos se incorporó otro atributo: que se verifique la creación autoral o traducción, diagramación, ilustración e impresión argentinas. Guerrieri recuerda que el financiamiento del INLA generó resistencias. El nuevo proyecto propone una partida específica que anualmente se establece en el presupuesto general, que no puede ser inferior al 2% del presupuesto total para el Ministerio de Cultura de la Nación, pero agrega otras fuentes que disponga el Poder Ejecutivo Nacional, “un tema que seguramente irá surgiendo en los próximos debates para ver de qué otros ingresos se nutre el Instituto”, aclara el presidente de la Unión de Escritoras y Escritores.

El proyecto de creación del INLA es “una versión mejorada” que abrirá la puerta de nuevos debates. “Arrancamos de un punto de partida más acorde a las necesidades de la industria editorial y de las escritoras y escritores”, concluye el presidente de la Unión de Escritoras y Escritores, un colectivo creado en 2017 para que los autores no sean “el último eslabón en la cadena de pagos”.