Argentina tiene una historia reciente signada por la búsqueda de niños apropiados durante la dictadura y por el derecho a la identidad: de las y los 130 nietos restituidos; de las y los 300 que aún falta encontrar. Pero en esta historia se enlazan otras, las de niñas y niños --hoy ya adultos-- a quienes también les negaron sus nombres, apropiados o dados en adopciones irregulares, aunque no por razones políticas. Y hoy también buscan conocer su identidad. Tal es el caso de Lourdes Icoff que, gracias al trabajo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), se reencontró con su familia luego de 43 años.

Desde que fue creado por ley en 1987, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) acumula cerca de 14 mil resultados negativos: personas que se acercaron con dudas sobre su identidad de origen pero no coincidieron con las muestras genéticas de las y los detenidos-desaparecidos que almacena el Banco. Lourdes Icoff fue una de esas personas que, sabiendo que su familia de crianza no era la biológica, a los 15 años comenzó a investigar sobre su identidad; pero que, en ese entonces, no tuvo respuesta.

Sin embargo, hace pocos días recibió la noticia de CoNaDI: sus padres son Juan Correa y Nélida Soria, uruguayos radicados en Colón, Entre Ríos; y tiene una hermana mayor, llamada Sandra. El reencuentro fue posible gracias a que Nélida se acercó este año al BNDG, al enterarse de que ahora también pueden dejar su muestra genética allí las madres, mujeres que buscan hijos o hijas nacidos entre el 1° de julio de 1974 y el 31 de diciembre de 1983 en un contexto desligado al terrorismo de Estado.

“El universo del tráfico de niños se entremezcla con el de robo de niños por razones políticas, por lo que desde el primer momento son un montón de situaciones de vulneración del derecho a la identidad, no por razones políticas, sino por otras”, explicó a Página/12 Claudia Carlotto, directora nacional de CoNaDI. La historia de Lourdes se encuadra en este gran universo, y hoy la puede conocer gracias al relato de su familia.

La historia

Los Correa Soria vivían en Buenos Aires con su hija Sandra de ocho años, también nacida en Uruguay, y una beba de pocos meses ya nacida en Argentina. Las condiciones de informalidad de su vivienda y su trabajo --eran vendedores ambulantes que residían en una pensión cerca de Plaza Miserere-- los convertían en objetivo del hostigamiento de los militares. El quiebre se produjo en 1978 durante una redada, luego de que constataran que la familia no tenía la documentación en regla y dejaran claro que debían irse porque “eran extranjeros”. “Decían que mi papá era montonero, pero jamás fue así, mis padres jamás estuvieron en política”, cuenta hoy Sandra.

Juan y Nélida debieron irse del país junto con su hija más grande. La beba, que entonces se llamaba Sofía pero a la que nunca llegaron a anotar en el Registro Civil, quedó al cuidado de un vecino de la pensión --que habría trabajado en el hospital de Campo de Mayo--. La idea era que la cuidara unos días, hasta que pudieran regresar por ella. Pero con los datos que tenían, no pudieron localizarla. Hasta ahora.

Sandra se enteró de la posibilidad de acudir al BNDG gracias a un vecino, también apropiado de niño y también en búsqueda de su verdadera identidad. A partir de ello, le contó a su madre y se puso en contacto con CoNaDI. Y, luego, un equipo viajó a Colón para extraer una muestra de material genético de Nélida, que, cotejado con las muestras almacenadas en el Banco, dio positivo con Lourdes.

“Había diferentes organismos descentralizados trabajando y tratando de responder a estas personas, pero se necesitaba lo mismo que para los desaparecidos: que la búsqueda de los orígenes de los argentinos fuera una política de Estado, más allá de las razones por las cuales su identidad fue vulnerada”, cuenta Carlotto sobre los inicios del Programa Nacional Sobre el Derecho a la Identidad Biológica: un programa que empezó a organizarse a fines del gobierno de Cristina Fernádez de Kirchner, que en la gestión de Mauricio Macri quedó supeditado al Ministerio de Justicia y que, desde marzo de este año, está bajo la órbita de la CoNaDI, organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos.

Por eso, en 2018 y a partir de un fallo judicial de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado --que permitió el entrecruzamiento de datos del BNDG en un caso donde una mujer denunciaba el robo de su hijo o hija--, Carlotto abre el área Madres, para “encontrar a esas madres a las que les hubieran sacado a los hijos por razones no políticas y hubieran nacido dentro del período de dictadura”. El objetivo era que, "más allá de los buscadores de su propio origen e identidad", también fueran esas mujeres --mayormente jóvenes, solas, pobres y muy vulnerables-- que no reclamaban o no habían encontrado respuestas. "Es también informarlas, concientizarlas y empoderarlas en el derecho de reparar y al menos conocer como está ese familiar, cómo ha vivido su vida y no sentirse culpable ni juzgada por eso", señala la directora de CoNaDI.

“Hoy en día tenemos 260 madres que se están chequeando con las personas que dieron su sangre al Banco, y hemos resuelto nueve casos”, detalla Carlotto. Y uno de esos casos es el de Lourdes.

Informe: Sofía Moure