El juez federal Martín Bava procesó a dos altos jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Con esta resolución, ya suman once los procesamientos en la causa y resta que el magistrado resuelva la situación procesal del expresidente Mauricio Macri, el principal acusado en el expediente.

Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste fueron procesados por la realización de tareas de inteligencia prohibidas por la ley en calidad de autores secundarios y por abuso de autoridad. Ambos fueron llamados a indagatoria después de que el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas apuntara hacia el área de Contrainteligencia por no controlar lo que sucedía en la base Mar del Plata de la exSIDE, desde donde se hicieron los seguimientos a los familiares.

Dalmau Pereyra fue el primer director operacional de Contrainteligencia de la AFI durante el macrismo. Había ingresado a la Secretaría de Inteligencia (SI) en 1999. Venía del Ejército, donde se había desempeñado como oficial de inteligencia. Uno de los hitos de Dalmau al frente de Contrainteligencia fue la creación de un grupo dedicado al espionaje político, compuesto en su gran mayoría por policías de la Ciudad, que pasó a la fama como los Súper Mario Bros. 

A mediados de 2018, Dalmau dejó la dirección operacional de Contrainteligencia y viajó como agregado a Chile. Antes, en enero de ese año, se había hecho un tiempo para visitar la base Mar del Plata, que aparentemente tenía como principal objetivo vigilar a los parientes de los tripulantes del San Juan. Cuando se fue a Chile, su lugar lo ocupó Coste, un funcionario joven que se formó en la SI desde 2002 y que, durante el macrismo, hizo una "carrera meteórica" que lo llevó a la cima de una de las áreas más importantes de la AFI, según consigna Bava.

El juez consideró que tanto Coste como Dalmau fueron responsables por la falta de control acerca de lo que sucedía en la base de Mar del Plata y por una labor omisiva frente a los ilícitos que desde allí se cometían. "La ausencia de control no se dio como una mera conducta negligente, sino como un acto deliberado en el marco de un plan previamente establecido por el Poder Ejecutivo Nacional", escribió Bava.

El espionaje sobre los familiares de los submarinistas se llevó adelante desde la base Mar del Plata de la AFI, que estaba a cargo de Nicolás Iuspa Benítez, un espía que ingresó a la exSIDE durante el menemismo. Iuspa Benítez tenía cinco agentes que actuaban bajo sus órdenes. La delegación Mar del Plata dependía de la dirección de Reunión Interior, que comandaba Eduardo Winkler, y ésta, a su vez, estaba subordinada a la Dirección Operacional de Contrainteligencia. 

Tanto Iuspa Benítez como Winkler y los cinco agentes ya fueron procesados por Bava al igual que Arribas y su número dos, Silvia Majdalani. Con Coste y Dalmau, Bava ya suma once procesamientos en la causa por el espionaje a los familiares de los submarinistas. Aún debe resolver si procesa a Macri, a quien indagó el 3 de noviembre pasado. "Como querella podemos vaticinar que falta un procesamiento más, el del expresidente Macri, quien se benefició al menos con esta información e hizo uso de ella. Es algo innegable", sostuvo la abogada Valeria Carreras.

Las hipótesis

Inicialmente Dalmau Pereyra se negó a declarar en la indagatoria cuando debió presentrase en septiembre. Cambió de opinión después de que el juez Bava llamara a indagatoria a Macri el 1 de octubre pasado. Entonces, pidió ampliar su declaración. Básicamente dijo que los documentos que se habían hallado en la base Mar del Plata no pasaron por sus manos porque eran los informes que la AFI hacía para la "Avanzada Presidencial", es decir como parte de las tareas de relevamiento antes de una visita del presidente.

Si bien Macri no expuso en su indagatoria ante el juez, entregó un escrito en el que se dejaba entrever una hipótesis para explicar las tareas ilegales que desplegó la AFI entre diciembre de 2017 y finales de 2018 sobre el colectivo de familiares: si los espías vigilaron a los familiares, lo hicieron porque estaban contribuyendo con la Casa Militar para hacer las tareas previas a una visita del Presidente a Mar del Plata.

Sin embargo, en esta resolución, Bava refuta esos argumentos. El juez, por un lado, sostiene que los documentos de inteligencia ilegal analizados en la causa no guardan relación con la seguridad presidencial. Por otro lado, argumenta que los partes de los espías no se vinculan temporalmente con las visitas del entonces mandatario a Mar del Plata.

Coste, a diferencia de su antecesor, había dicho que la inteligencia sobre los familiares del ARA San Juan no guardaba relación con asuntos vinculados a la seguridad interior o la defensa nacional, por lo que la AFI no podría haber intervenido. La declaración de Coste preocupaba especialmente a Macri porque fue uno de los pocos agentes de la exSIDE que le apuntaron a la cúpula del organismo durante el macrismo. Ante Bava, volvió a decir que no había forma de denunciar los desmanejos y que ni el director general ni la subdirectora general daban sus órdenes por escrito.

Bava dejó en claro que ni Dalmau ni Coste eran "improvisados advenedizos" y que, pese a tener una formación décadas, "utilizaron lugares de decisión para infringir los límites legales y constitucionales del Sistema de Inteligencia Nacional".

Dalmau está procesado en la causa en la que se investiga el accionar de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario. Coste, por su parte, terminó procesado en el expediente sobre el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. Las dos investigaciones tramitaron inicialmente en la justicia federal de Lomas de Zamora, pero pasaron a los tribunales de Comodoro Py, donde Macri busca llevar el expediente sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan.