“Que se pudran en la cárcel” es una frase que circula en amplios sectores de la sociedad legitimando violencias. Una encuesta desarrollada recientemente por el Proyecto de Trabajo Social “Comunicación y derechos en contexto de encierro”, de la Universidad Nacional de Río Negro, arrojó que el 99% de las personas encuestadas escucharon esa frase o alguna similar, tanto en medios de comunicación como en sus entornos familiares.
Estos discursos expresan deseos punitivos de encarcelar más personas en espacios de encierro, con el objetivo de agudizar el sufrimiento y la vulneración de derechos. El trasfondo pareciera ser la idea de que más sufrimiento para quienes cometieron un delito, es más seguridad. Pero la realidad no funciona así.
Estas miradas encuentran legitimación en las pedagogías mediáticas de la violencia. Esto se da, por un lado, por la invisibilización de la violencia institucional en la agenda informativa: según el Monitoreo de noticieros de la Defensoría del Público, solo el 2% de las noticias de “policiales e inseguridad” se refería a la violencia institucional. Paralelamente, y siendo funcional a estos discursos, la industria del entretenimiento nos propone recurrentemente representaciones de las personas detenidas como monstruosas, sádicas y perversas. En estos relatos la violencia es la única forma de resolver los conflictos.
Estas representaciones se basan en lo que el Dr. Raúl Zaffaroni define como Criminología mediática, donde se discrimina, estigmatiza y prisionaliza a un “ellos” que representa el mal de la sociedad.
Lamentablemente, ese “ellos” no son los responsables de los problemas estructurales de la sociedad, son en su mayoría jóvenes en situación de pobreza con derechos históricamente vulnerados. Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, el 66% de las personas detenidas tenía sólo estudios primarios al momento de su detención.
En relación al ejercicio de los derechos, la encuesta mencionada del proyecto “Comunicación y derechos en contexto de encierro” arroja que sólo el 25,9 % considera que las personas detenidas tienen que tener derecho a trabajar. Recordemos que según la Ley Nacional N° 24.660 el trabajo de las personas detenidas constituye un derecho y un deber, ya que tiene una incidencia positiva. Asimismo, nuestra legislación plantea que parte de la remuneración que reciba por el trabajo va a un fondo de reserva que cobrará la persona detenida cuando recupere la libertad. Es decir, prevé que pueda contar con algo de dinero para esos complejos primeros días de revinculación. Lamentablemente, pocas personas detenidas pueden acceder al derecho al trabajo lo cual le dificulta aún más su inclusión pos penitenciaria.
En paralelo a las miradas punitivistas y violentas, conviven miradas en la sociedad donde también están presentes perspectivas de derechos: el 81,9 % de las personas encuestadas entiende que la educación debe ser un derecho garantizado para las personas detenidas en todos sus niveles. En este sentido, según un estudio realizado sobre las personas que estudiaron en el Centro Universitario de la Unidad de Devoto (CUD), sólo tres de cada cien presos que estudian vuelven a delinquir.
Según la publicación del INADI “Hacia un plan nacional contra la discriminación: la discriminación en Argentina”, el haber estado preso es un estigma. El entorno social e incluso la familia discriminan a quienes han estado privados de la libertad, es así que, las personas no pueden contar su experiencia y se sienten “doblemente excluidas”. Sufren la expulsión de sus familias y vecinos, pierden un núcleo familiar estable. A todo esto, se suma el gran desempleo existente, ya que la condición de liberados agrava los problemas laborales.
Es por ello que, desde el Estado y la misma sociedad debemos plantear y promover miradas inclusivas que prioricen las perspectivas de derechos y cuestionar la criminología mediática y sus pedagogías que generan las condiciones de posibilidad de otras violencias.
* Docente de la UNRN y licenciado en Comunicación Social, especialista en Comunicación y Culturas
** Integrante de la cátedra Delito y Medios de Comunicación (UNRN) y especialista en análisis e investigación de homicidios
