La ley a medida de las necesidades judiciales de Mauricio Macri que logró aprobar el oficialismo porteño en la Legislatura para habilitar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) a revisar sentencias de los distintos fueros de la justicia nacional, se choca cada vez con más obstáculos para ser aplicada. La jueza en lo contencioso administrativo Macarena Marra Giménez hizo lugar a una medida cautelar pedida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios  de la Justicia y ordenó que no se aplique el artículo clave de la norma, que amplía el espectro de acción de la Corte porteña, hasta que resuelva la cuestión de fondo. Entre sus argumentos, la jueza sostuvo que la Legislatura de CABA "carece de facultades" para implementar esa reforma de hecho que genera incluso una "nueva instancia revisora". 

La ley 6452 fue aprobada el 30 de septiembre último por el PRO y sus aliados sin debate previo, e incluso alterando el sentido de una norma que se había consensuado votar ese día sobre audiencias y notificaciones digitales. El oficialismo porteño metió el tema por la ventana como intento de lograr a través de una ley lo que Macri venía intentando en tribunales: que intervenga el TSJ en el expediente comercial de la deuda del Correo Argentino, que tramita en la justicia nacional, o sea, un jurisdicción ajena. El objetivo inicial del expresidente y sus socios era tener un tribunal amigo para apartar a la jueza Marta Cirulli, quien decretó la quiebra de la empresa, y desplazar también a la fiscala Gabriela Boquin, quien denunció las maniobras para licuar la deuda del Correo cuando Macri estaba de los dos lados del mostrador. Quedó claro, a la vez, que la expansión de facultades a favor de los supremos porteños era --entre otras cosas-- de gran interés también, por ejemplo, para el mundo empresario, que prefiere eludir el fuero laboral donde trabajadores y trabajadoras pelean por sus derechos.  

Para la Asociación de Magistrados el tema suscitó interés y preocupación porque la ley se mete directamente en el terreno de acción de distintos fueros de la justicia nacional (comercial, civil, laboral, contencioso, seguridad social) sin que haya existido una reforma judicial tratada en el Congreso que haya definido el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Es una cuestión pendiente, pero la realidad es que no se ha concretado y que parte de la corporación judicial la cuestiona, porque jueces y juezas nacionales la ven como una suerte de degradación. Incluso cuando el Poder Ejecutivo mandó un proyecto de reforma en general, cuestionaron ese punto en particular. Esto también explica el cuestionamiento y la demanda presentada por la ley que aprobó el oficialismo de Horacio Rodríguez Larreta y aliados en la Legislatura. 

La jueza Marra Giménez dijo que se dan las dos condiciones necesarias para conceder una medida cautelar: la verosimilitud del derecho (el planteo de inconstitucionalidad tiene indicios de ser confirmado) y el peligro en la demora (si se sigue aplicando la norma, tendrá determinados efectos irreversibles). 

Sobre lo primero sostuvo que "la Legislatura porteña carece de potestades para dictar normas adjetivas a cumplir en el marco de los procesos judiciales en trámite por ante los tribunales de jurisdicción nacional". Además, dijo, la "la norma cuestionada crea una instancia revisora de las decisiones de alzada nacional ante el Tribunal local que modifica los Códigos Procesales de la Nación y de la Ley 48, que reglamenta el recurso extraordinario ante la CSJN, y la estructura del Poder Judicial de la Nación". 

Sobre lo segundo, el fallo señala que "la modificación pretendida por la citada ley local genera una grave incertidumbre jurídica en torno a la admisión y/o denegación de los recursos interpuestos ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones con asiento en la Ciudad, entorpeciendo la labor judicial de los integrantes del Poder Judicial de la Nación; a lo que debe sumarse la posibilidad de que adquieran entidad de cosa juzgada aquellos decisorios que se consideren indebidamente recurridos, frustrando derechos y acciones de múltiples justiciables, todo lo cual atenta contra la seguridad jurídica que la Magistratura debe velar y garantizar así un adecuado servicio de justicia". 

La jueza recordó que la sala J de la Cámara Civil días atrás declaró de oficio la inconstitucionalidad de la ley y afirmó que la Legislatura "se ha extralimitado en sus funciones (…) la inconstitucionalidad de la norma es palmaria y de una gravedad significativa y su declaración no vulnera el principio de congruencia". También refrescó que el procurador interino, Eduardo Casal, dictaminó ante la Corte Suprema que el TSJ no puede revisar la decisiones de las cámaras de los distintos fueros de la Justicia nacional, como pretende instalar el recurso de inconstitucionalidad que habilitó el cuerpo legislativo. Hay dos planteos sobre este asunto ante el máximo tribunal: llegaron allí porque el propio TSJ admitió ingresar en planteos que cuestionaban decisiones de la Cámara Comercial, en el caso del Correo, y de la Cámara Civil, en una demanda de la familia del artista León Ferrari contra el panelista televisivo Gabriel Levinas. Las cámaras cuestionaron el mecanismo, la definición de toda esta gran discusión está en definitiva en la Corte. 

Del modo en que quedó plasmado el recurso ante el TSJ, se convierte en una institucionalización del fórum shopping, es decir, el mecanismo para elegir jueces afines. El máximo tribunal porteño, como ya informó Página/12, está conformado por una mayoría de magistrados/as cercanos al macrismo y con buen vínculo con Larreta, empezando por su presidenta, Inés Weinberg de Roca, la jueza que el expresidente quiso llevar a la Procuración General de la Nación, aunque no consiguió los votos para designarla. Otros integrantes son Santiago Otamendi, ex número dos de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia, y Marcela de Langhe, nombrada también por el macrismo en Instituto Superior de Seguridad Pública porteño.