La relación entre el gobernador Omar Perotti y el saliente equipo de Seguridad que lideraba Marcelo Sain, empezó a exhibir ayer algunas grietas públicas: es que el mandatario santafesino le pidió al fiscal de Estado, Rubén Weder, que inicie de manera inmediata los procedimientos administrativos necesarios en el Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección de Auditoría y Sumarios, en el marco de la investigación por presunto espionaje. El avance de la pesquisa- sobre la que no se tienen exactitudes, más allá de los títulos periodísticos- obligó al propio Sain a presentar un habeas corpus para saber si iba a quedar detenido en caso de pisar suelo santafesino. Su abogado Hernán Martínez confirmó que no había orden de allanamiento alguna, y replicó con duros términos el operativo del último viernes. "El fiscal Arietti tiene una enemistad manifiesta contra Sain, por la investigación del caso Oldani", resumió. Además, entre una serie de medidas, pidió el apartamiento de los fiscales santafesinos. En medio de esta crisis, Perotti estuvo con el presidente Alberto Fernández para analizar la situación de la seguridad pública provincial (ver aparte).

Weder fue instruído para investigar si existieron maniobras de recolección de datos de personas sin orden judicial durante la gestión de Sain, destituido por la Legislatura semanas atrás de su puesto al frente del Organismo de Investigaciones (policía judicial) y ex ministro del área.

Esa orden figura en el decreto número 2651, fechado el lunes, firmado por Perotti en referencia a “hechos de dominio público ocurridos en las diligencias judiciales practicadas en dependencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia”, realizados el viernes pasado por orden de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández. Ambos funcionarios ordenaron los procedimientos en el marco de dos causas: la primera investiga el proceso de compra a través de una licitación de armamento para la Policía, y la restante por la presunta acumulación de información por “fuera de las previsiones legales”, según indicó el fiscal Hernández.

Para Perotti, “es deber” del Poder Ejecutivo que encabeza “instruir de manera inmediata la iniciación de los procedimientos administrativos necesarios a los efectos de determinar si, en el ámbito de esa jurisdicción, se han realizado conductas reñidas con el ordenamiento jurídico que rige su funcionamiento”.

A su vez, el abogado de Marcelo Sain, Hernán Martínez, presentó este lunes un habeas corpus para saber si hay orden de detención en su contra. La Fiscalía contestó que no había ninguna orden, pero no remitieron antecedentes de los allanamientos realizados en la sede de Rosario y Santa Fe, para mantener reserva hasta la audiencia imputativa, describió el letrado en diálogo con LT8.

El abogado sostuvo que el caso debe pasar a la Justicia federal e informó que ya hizo presentación en ese sentido. Además denunció supuestas irregularidades en el operativo del viernes, ya que no hubo orden judicial, y recusó al Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Santa Fe por enemistad manifiesta del fiscal regional Carlos Arietti con Sain.

Asimismo, Martínez pidió participar en actos irreproducibles, es decir participar en los peritajes de los teléfonos y computadoras para que no se manipule la información. Además, dio cuenta de una supuesta violación de la cadena de custodia, y resumió lo que a su entender es la motivación de estos procedimientos: “Causa Oldani, causa Casco, causa Peiti”. Según sus dichos, todas investigaciones que inició Sain desde 2018, en su puesto al frente del OI, y que molestaron a círculos de poder.

El letrado pidió además "copia íntegra del presente legajo, y acceso al material fílmico obrante en la investigación, específicamente a la filmación de la medida llevada a cabo el viernes 26 de noviembre en la  sede de Casa de Gobierno, en Rosario".

El abogado cuestinó que "personal policial ingresó en las dependencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, y procedió a secuestrar una serie de computadoras, teléfonos celulares, documentación y elementos de trabajo de dicha oficina gubernamental". Todo el procedimiento tuvo lugar " sin orden judicial que disponga tal medida, haciendo constar el personal policial que actuaban en virtud de una orden de los Fiscales intervinientes ".

 "La situación fue lisa y llanamente un allanamiento sin orden judicial. Los funcionarios intervinientes no se limitaron a “solicitar informes”, sino que procedieron a coaccionar a todos los presentes a fin de que entreguen sus teléfonos celulares particulares, abran sus bolsos, mochilas, y demás elementos privados; y hagan entrega de cuanto elemento les fuera requerido, bajo una amenazante actitud" denuncia Martínez.

Para el abogado de Sain también "se violó la cadena de custodia de las pruebas recolectadas". La advertencia es porque temen que puedan sumarse "por izquierda" elementos en su contra.    

Finalmente, Sain argumentó que denunció al fiscal regional santafesino Carlos Arietti luego del Caso Oldani, donde se objetó la permisividad de la fiscal de grado Cristina Ferraro, quien dejó retirar varios millones de pesos y dólares de la " empresa de turismo" donde funcionaba una cueva financiera, luego del crimen de su propietario.  "En tal contexto, resulta imposible pensar en el cumplimiento del deber de objetividad por parte de cualquier funcionario que responda jerárquicamente a Carlos Arietti. En tal sentido, se solicita el apartamiento de los señores fiscales intervinientes, sin desmedro del alto criterio ellos merecen a los suscriptos, a fin de preservar el principio rector de objetividad que debe primar en la investigación".

Para Sain "deberá en consecuencia asumir la investigación un Fiscal integrante de la Fiscalía Regional que por orden de nominación corresponde: la Fiscalía Regional N° 2 de Rosario".