El escándalo por la Obra Social del Poder Judicial crece cada día. Uno de los sindicatos de los empleados judiciales, el Sitraju, se presentó este martes para ser admitido como querellante en el expediente en el que se investigan irregularidades de todo tipo: desvíos de fondos, licitaciones dudosas y la existencia de afiliados VIP a los que se le otorgaban prestaciones que la obra social no cubría y que, por lo tanto, se les negaban a los demás afiliados. Los otros gremios también están interviniendo en la causa judicial. El principal imputado es Aldo Tonón, administrador y supuestamente cercano al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda. También está acusado el auditor Diego Taetti, y, aunque es tácito, el propio Maqueda, ya que alguno de sus familiares tenía decisión sobre lo que se hacía. 

En base a los elementos del expediente, el Sitraju amplió la denuncia y apuntó, con nombre y apellido a Maqueda. La Corte ya intervino en el escándalo y designó nuevo administrador, pero la causa judicial continúa y ya hubo varios allanamientos, en la sede de la obra social y en el domicilio de Tonón. El expediente está a cargo del juez Daniel Rafecas que la delegó en el fiscal Carlos Rívolo.

En un escrito de 21 páginas, el titular del Sitraju, Agustín Bruera, pide, entre otras cosas, que Tonón sea separado del cargo, porque --según señala la presentación-- sigue teniendo poderes de decisión. En realidad, la Corte designó un nuevo director, Mariano Althabe, pero los dirigentes gremiales sugieren que nada cambió verdaderamente. Es más, en la ampliación de la denuncia también se señala como funcionaria clave a una sobrina de Maqueda, Guadalupe Burgos, que seguiría a cargo de la tesorería. El Sitraju igualmente apunta a una cifra que la obra social maneja, 34 mil millones de pesos, y los ingresos por los aportes de afiliados suman nada menos que 15 mil millones de pesos anuales.

La presentación del Sitraju sostiene que si bien el control de la obra social está en manos de la Corte Suprema, la Justicia federal debería intervenirla, algo que haría trepar todavía más el escándalo. Parece difícil que un juzgado intervenga un ente que controla el máximo tribunal, pero eso es lo que pide la organización sindical. Y, además apunta directamente contra Maqueda.

En toda la investigación aparecen maniobras asombrosas para una obra social que depende del máximo tribunal.

* Contrataciones de servicios informáticos que terminaron siendo usados por privados.

* Tratamientos que se le negaban a unos afiliados pero que a otros, por sus vinculaciones familiares, se les otorgaban y eran pagados por la obra social.

* La contratación de una empresa cordobesa en licitaciones más que dudosas.

* Desplazamiento de prestadores que reclamaban pagos, con el consecuente perjuicio para los afiliados que se estaban tratando con esos prestadores.

* Centenares de juicios pendientes por mala praxis.

* En un informe pedido por el administrador de la Corte, Daniel Marchi, se habrían constatado diferencias entre el inventario informático de medicamentos y el inventario físico. O sea, alguien se llevó medicamentos.

* Sobre todo, funcionamiento deficiente de toda la obra social, con quejas constantes de los afiliados.

El panorama de irregularidades hace que el caso se convierta en explosivo, básicamente porque pega en lo más alto del Poder Judicial. El expediente está cada vez más caliente.