Un miembro del Servicio Penitenciario Federal que se desempeñaba en la Unidad Carcelaria 23, ubicada en Chachapoya, en la zona norte de la ciudad de Salta, fue detenido e imputado por vender droga a los detenidos. El delito es agravado por su condición de funcionario público.

Según informó la Unidad Fiscal de Salta, la imputación penal fue propuesta por el fiscal general Carlos Amad y admitida por el juez federal de Garantías Julio Bavio, magistrado que también hizo lugar al pedido de la fiscalía de prisión preventiva para el acusado, que es oriundo de la provincia de Buenos Aires.

Al presentar el caso el fiscal Amad indicó que las actuaciones se iniciaron por una denuncia por el área legal del Complejo Penitenciario Federal NOA III que advertió sobre la sospecha de que el guardiacárcel estuviera entregando droga a los internos, y que también les facilitaba teléfonos celulares.

El 18 de noviembre pasado el agente fue sometido a una requisa cuando ingresaba a cumplir servicios en la Unidad Carcelaria Federal 23. Entonces el mismo guardia admitió que llevaba en su mochila un envoltorio de marihuana y dos teléfonos móviles, uno de uso personal y el otro provisto por el Servicio Penitenciario Federal. 

El fiscal solicitó al juez que se dé por formalizada la investigación penal por el delito de "suministro de estupefacientes a título oneroso, agravado por la calidad de funcionario público del imputado", calificación legal que tiene una escala penal de 4 a 20 años de prisión.

Amad señaló que la investigación se encuentra en un estado incipiente y no se descarta la posible participación de otras personas, por lo que pidió que el guardia quede en prisión preventiva. En lo que respecto a la continuidad de la investigación, el fiscal pidió autorización para realizar peritajes técnicos sobre los teléfonos que fueron secuestrados.

La defensa del guardia se opuso a la prisión preventiva y sostuvo que la calificación legal podría cambiar a suministro de droga a título gratuito. Y basándose en el buen comportamiento del guardia durante el procedimiento y su falta de antecedentes, pidió que se le permita acceder a la prisión domiciliaria.  

Pero el juez consideró poco probable que se llegue a cambiar la calificación legal a una provisión de droga gratuita, de hecho, recordó que la experiencia indica que solo familiares o amigos de los detenidos suelen ofrecer estas sustancias sin cobrar por ello. 

Por otra parte, destacó “aquí tenemos un caso que devela la manera” en que los internos acceden a drogas, en este caso, valiéndose de un integrante del Servicio Penitenciario Federal, lo cual es “grave”.