Mauricio Macri se reunió por primera vez con los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan el 20 de noviembre de 2017. Habían pasado cinco días desde que desapareciera el submarino. Entre diciembre de ese año y fines del siguiente, las familias fueron víctimas del espionaje ilegal: seguimientos, infiltraciones, fotos. Por estos hechos, el juez federal Martín Bava procesó al expresidente. Si bien las denuncias por el accionar ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la era Cambiemos fueron múltiples, ésta es en la que, por primera vez, un juez federal le asigna responsabilidad directa al exmandatario.

"El gobierno nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y  los reclamos que existían en ese colectivo de familiares", escribió el juez Bava en la resolución. 

El magistrado, además, embargó al expresidente por 100 millones de pesos y le prohibió la salida del país. Macri recibió la noticia de su procesamiento desde Chile, donde pidió viajar para participar supuestamente de una cumbre sobre el cambio climático. En conversación con unos periodistas, acusó a Bava de encabezar una "persecución" en su contra.

"No es un día de alegría, sino de confirmación de algo que sabíamos y denunciamos en 2018", dijo la abogada Valeria Carreras, que encabeza la querella mayoritaria en la causa. "Significa probar lo que siempre las señoras presintieron: que les adivinaban lo que iban a preguntar. Este fallo es un alivio. Tenían razón", añadió.

Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de un submarinista,  describió la resolución de Bava como un gran paso. "A pesar de las presiones se hizo justicia", resaltó.

Un camino de obstáculos

La decisión de Bava se conoce casi un mes después de que indagara a Macri. El líder del PRO fue inicialmente llamado a indagatoria el 1 de octubre. Sin embargo, no se presentó hasta el 28 de octubre, cuando no declaró porque su defensa advirtió que no le habían levantado el deber de guardar secreto que rige para cuestiones vinculadas a la inteligencia. Bava recién pudo indagarlo el 3 de noviembre.

En esa oportunidad, Macri no habló sobre la actividad de inteligencia ni sobre lo sucedido con el colectivo de familiares, únicamente le entregó un escrito al juez y le dedicó un par de chicanas: le dijo que no quería demorarlo así podía procesarlo antes de las elecciones del 14 de noviembre.

El procesamiento llega casi tres semanas más tarde de las elecciones y después de que Bava haya sorteado una segunda recusación que planteó el expresidente para intentar correrlo de la causa. Ninguno de los argumentos de Macri se verificó: ni que el juez lo llamó a indagatoria con el calendario electoral en la mano, ni que se trataba de un magistrado "anti-PRO". Por el contrario, Bava no dictó la resolución hasta recibirles declaración a los testigos que pidió Macri el 3 de noviembre.

El espionaje ilegal

Según reconstruyó el juez, la AFI --desde su delegación Mar del Plata-- se dedicó a seguir, fotografiar e infiltrar a los familiares. Lo hicieron en marchas, reuniones e incluso misas. El accionar de los espías estuvo guiado por un objetivo: anticiparle a Macri cuáles serían sus reclamos en un tema que suscitaba interés nacional e internacional.

"Estas personas no reclamaban otra cosa que justicia y no buscaban más que saber qué había ocurrido con sus seres queridos. No es posible considerar que sus reclamos representaban amenazas a la seguridad interior, a la defensa nacional o a la seguridad presidencial", escribió Bava. "La gravedad de los hechos aquí investigados constituye no solo una conculcación al sistema democrático y una violación a las garantías constitucionales, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado", añadió.

En la causa ya había once procesados por el espionaje ilegal a las familias: el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, la exsubdirectora Silvia Majdalani, el exdirector de Reunión Interior Eduardo Winkler, el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes bajo sus órdenes. El martes, Bava procesó también a los dos directores operacionales de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, por no haber controlado lo que pasaba en la base Mar del Plata. Para el juez, la omisión no fue un error sino que obedeció a un plan pergeñado desde lo más alto del Poder Ejecutivo para tener en la mira a los familiares de los tripulantes.

Para Bava, lo que sucedió en Mar del Plata no pudo no haber sido ordenado por Macri y dejó en claro que excedió a la conducción de la AFI. Al expresidente le enrostró también haber modificado la doctrina de inteligencia, lo que habilitó el secretismo y las tareas ilegales.

La investigación por el espionaje sobre las familias del ARA San Juan se inició en septiembre de 2020 con una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la Justicia federal de Mar del Plata. La pesquisa estuvo en manos inicialmente del fiscal general Daniel Adler, pero el juez Santiago Inchausti entendió que debía investigarse dentro de una trama más grande de espionaje como la que se investigaba en el Juzgado federal de Dolores --entonces a cargo de Alejo Ramos Padilla--. La Cámara Federal de Mar del Plata convalidó la decisión y, cuando Ramos Padilla juró al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata, Bava se hizo cargo de este expediente y de los otros que tramitaban en Dolores.

Macri quiere que la causa vaya a Comodoro Py

Para Macri no está dicha la última palabra. En el entorno del expresidente dan por sentado que apelarán el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país. El defensor del exmandatario, Pablo Lanusse, tiene tres días hábiles para hacer la presentación, que podría concretarse en los primeros días de la semana próxima.

Horas antes de que Bava dictara el procesamiento, Lanusse le había pedido a la Sala II de Casación Penal que tratara de manera inmediata su pedido para correr al juez que subroga en Dolores. 

En realidad, la meta última del expresidente es que la causa pase a los tribunales de Comodoro Py, un terreno más conocido y amigable para el macrismo. Días atrás, el camarista Martín Irurzun ordenó al juez federal Ariel Lijo que diga si debe investigarse allí el caso o debe seguir en Dolores. 

Si pasara a los tribunales de Retiro, la revisión del procesamiento quedaría en manos de la Cámara Federal porteña, el mismo tribunal que aún dilata las definiciones sobre los 38 procesamientos por espionaje que dictó en febrero el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, antes de que le sacaran el expediente .