El 2021 será quizás recordado como el año en que las grandes potencias demostraron su incapacidad para asumir sus responsabilidades para evitar que el mundo se hunda en el abismo. Una prueba de ello, por supuesto, fue la decepcionante conclusión de la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP26) en Glasgow. Tras utilizar el espacio atmosférico disponible para su desarrollo, los países industrializados reafirmaron su negativa a cumplir con esta deuda climática, a pesar de que el calentamiento global se ha convertido en una cuestión existencial.

Esto no es todo. También esos países quedaron expuestos en la desastrosa gestión de la pandemia de Covid-19. Los países ricos monopolizaron y acapararon las vacunas, y luego se enzarzaron en debates surrealistas sobre las terceras dosis o los méritos comparativos de tal o cual laboratorio. 

Esta estrategia siembra la muerte y obstaculiza la recuperación económica de los países desprovistos de vacunas, al tiempo que los convierte en fabulosos terrenos de juego para la proliferación de variantes más contagiosas, más mortíferas y resistentes, a las que no les importan las fronteras.

Por último, hubo otro acuerdo promovido por los capitales del Norte, aparentemente más técnico, pero que simboliza igualmente su egoísmo y su ceguera: el acuerdo sobre el impuesto mínimo global a las multinacionales.

Evasión global y las guaridas fiscales 

Es una iniciativa gigantesca, ya que es la primera reforma del sistema fiscal internacional nacido en los años 20 y totalmente obsoleto, en el marco de una economía globalizada. Gracias a sus vacíos legales, las multinacionales hacen perder a los gobiernos unos 312.000 millones de dólares en ingresos fiscales cada año, según el documento Estado de la Justicia Fiscal en 2021 que acaban de publicar la Red de Justicia Fiscal, la Alianza Global para la Justicia Fiscal y la Internacional de Servicios Públicos.

Si se añade la evasión fiscal de los ultrarricos en las guaridas fiscales, se llega a una pérdida total de 483.000 millones de dólares. Esta cifra, según el informe, triplica el costo de un programa completo de vacunación de Covid-19 para toda la población mundial.

En términos absolutos, los países ricos son los que más ingresos fiscales pierden. Pero esta pérdida de ingresos pesa más en las cuentas de los menos pudientes: representa el 10 por ciento del presupuesto sanitario anual en los países industrializados, frente al 48 por ciento en los países en desarrollo. 

Los responsables de este expolio no son las islas tropicales bordeadas de palmeras; la mayoría están en Europa, y principalmente en el Reino Unido, que, con su red de territorios de ultramar y "dependencias de la Corona", es responsable del 39 por ciento de las pérdidas mundiales.

Tasa impositiva baja

En este contexto, el acuerdo firmado en octubre es una oportunidad perdida. Los países ricos, convencidos de que cumplir con las exigencias de sus multinacionales era la mejor manera de servir al interés nacional, están detrás de la adopción de un impuesto mínimo global de sociedades de sólo el 15 por ciento. 

El objetivo, en teoría, es acabar con la devastadora competencia fiscal entre Estados. Las multinacionales ya no tendrían interés en declarar sus beneficios en los paraísos fiscales, ya que deberían pagar la diferencia con el impuesto mínimo global.

De hecho, el 15 por ciento es una cifra tan baja que una reforma que pretendía obligar a las multinacionales a pagar su parte justa de impuestos corre el riesgo de tener el efecto contrario, al obligar a los países en desarrollo, donde los niveles impositivos son más elevados, a bajarlos para equipararse al resto del mundo, provocando una mayor caída de sus ingresos. No es casualidad que Irlanda, el paraíso fiscal europeo por excelencia, haya cumplido amablemente con esta nueva normativa.

Los impuestos son la expresión misma de la solidaridad. En este caso, la ausencia de solidaridad. Un impuesto global del 15 por ciento sobre los beneficios de las multinacionales sólo generará 150.000 millones de dólares que, según los criterios de distribución adoptados, irán a parar principalmente a los países ricos. 

Si hubiera prevalecido la ambición, con un gravamen del 21 por ciento por ejemplo, los ingresos fiscales habrían aumentado en 250.000 millones de dólares. Con una alícuota del 25 por ciento, habrían aumentado en 500.000 millones de dólares, como recomendó la ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, de la que soy miembro, junto con economistas como Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Jayati Ghosh y José Antonio Ocampo.

Vacunas y cambio climático

Hacer que las multinacionales paguen su parte justa de impuestos, luchar contra el cambio climático, la covid-19 y las futuras pandemias: en realidad, todo está relacionado. A medida que el virus aumenta de nuevo con la llegada del invierno en el hemisferio norte, el efecto boomerang del egoísmo de las vacunas es evidente. 

En cuanto a la cuestión del clima, se sabe gracias a un reciente estudio del Laboratorio de Desigualdad Global, que el mapa de la contaminación por carbono coincide perfectamente con el de las disparidades económicas. El 10 por ciento más rico de la población mundial emite casi el 48 por ciento de las emisiones globales:  el 1 por ciento más rico produce el 17 por ciento del total, mientras que la mitad más pobre de la población mundial es responsable de sólo el 12 por ciento.

Esta diferencia es evidente entre los países, pero también dentro de ellos. En Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia, los niveles de emisiones de la mitad más pobre de la población ya se acercan a los objetivos per cápita de 2030. 

Si se está incumpliendo compromisos es por culpa de un puñado de los más ricos, los mismos que no pagan sus impuestos. Es hora de que las élites se den cuenta de que la lucha contra la desigualdad en todos los frentes -sanitario, climático y fiscal- es la única salida. Es la única manera de salvar a la humanidad y ya no es una hipérbole.

* Abogada, miembro de la Comisión Independiente para la Reforma Fiscal Corporativa Internacional (ICRICT) y ex miembro del Parlamento Europeo, donde fue vicepresidenta de la Comisión de Investigación sobre Blanqueo de Capitales, Evasión Fiscal y Fraude.