Un grupo de organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales, políticas y sindicales denunciaron este mediodía decenas de casos de violaciones a los derechos humanos en Jujuy. “El objetivo de esta comisión es poner de manifiesto que el problema de Jujuy no es la Tupac Amaru ni Milagro Sala, sino un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos”, sentenció el referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza Pablo Pimentel.

La Comisión en Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos está integrada por la APDH La Matanza, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y otras agrupaciones de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, entre otras, y es responsable del informe se presentó en una conferencia de prensa en la sede porteña de la CTA Autónoma.

El documento busca “poner de manifiesto la extrema violencia política, institucional y de género que atraviesa la cotidianidad jujeña y que permite dar cuenta, lisa y llanamente, de la ausencia del Estado de Derecho en Jujuy”, puntualiza el texto, que en una veintena de páginas, contextualiza, encuadra y transcribe algunos de los más de 40 casos de criminalización de la protesta, violencia policial, impedimentos en el ejercicio de los derechos de acceso a la tierra, a la salud, al deporte y la recreación de acceso a la tierra, vulneración de derechos de los pueblos originarios, impunidad estatal, violencia laboral, violencia de género y violencia laboral, entre tantos otros.

“Buscamos a partir de hoy dar a conocer este informe a legisladores nacionales, a jueces, a organizaciones internacionales, poner en la vidriera del mundo lo que pasa en Jujuy”, sostuvo Pimentel al comienzo de la conferencia que fue transmitida vía redes sociales y de la que participaron, presencial y virtualmente referentes de la lucha social y de derechos humanos. “Quiero abrazarlos por destapar las violaciones a los derechos humanos en Jujuy donde hay abuso de autoridad desde hace tanto tiempo y nos cuesta creer que pasan los años y este gobernador sigue en la impunidad”, denunció la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas en relación a Gerardo Morales, jefe del Ejecutivo provincial y principal blanco de las denuncias recolectadas en el trabajo de la comisión.

Desde su casa, donde continúa bajo arresto domiciliario, la referente de la Tupac Amaru Milagro Sala señaló que el informe “confirma lo que venimos denunciando desde 2016, el laboratorio de persecución de opositores” que consideran desde esa agrupación instaló Morales con la detención de ella y otros 9 militantes. También formó parte de la presentación el dirigente Juan Grabois, referentes de la CTA y de la AEED, que leyeron fragmentos del documento final.

El trabajo

Una comitiva de la Comisión en Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos viajó a Jujuy entre el 9 y el 11 de octubre pasado con el objetivo de realizar un “abordaje territorial” en la provincia para analizar el respeto a los derechos humanos allí. “Veníamos de realizar dos viajes a Bolivia en el contexto del golpe de Estado que allí la derecha llevó a cabo y pasamos por Jujuy donde notamos que había algunas situaciones que era necesario hacer visibles”, contextualizó en diálogo con este diario Margarita Cruz, de la AEED. Además de Bolivia, viajaron a Colombia y Paraguay.

“Ya teníamos contacto con referentes de la provincia por la situación de Milagro Sala y las presas políticas de la Tupac, pero lo que notamos fue algo más amplio y generalizado y eso es lo que queremos denunciar en este informe”, indicó Cruz: “Con Milagro y la Tupac fuera de juego, a (el gobernador Gerardo) Morales le bastó la fragmentación que generó la persecución sobre el movimiento social para disciplinarlo todo”, remarcó.

Los 16 referentes de la Comisión se dividieron en grupos para visitar puntos de la provincia y sus zonas aledañas: San Salvador de Jujuy, Libertador General San Martín y la Quebrada de Humahuaca. Allí, en asambleas y reuniones que organizaron durante 48 horas tomaron testimonios, constataron con documentación formal y relevaron fotográficamente 43 casos de vulneraciones a los derechos humanos en la provincia que sistematizaron en cuatro categorías: la existencia de presos y presas políticas, la creación y utilización de un Código Contravencional orientado a la criminalización de la protesta social, los femicidios y su impunidad sistemática y la violación a los derechos de las comunidades orignarias.

Las conclusiones

“La persecución y encarcelamiento planificado de Milagro Sala el 16 enero de 2016, marca un punto de inflexión en la provincia”, contextualizan desde la Comisión, quienes también advierten las medidas que Morales tomó para modificar el funcionamiento y torcer el equilibrio político de la justicia provincial y volverla “obediente a sus proyectos”. “Pasó a ser cotidiana la persecución, la criminalización de la protesta y la judicialización en particular de luchadores/as populares, como mecanismo disciplinador y de amedrentamiento sobre quienes se oponen no sólo a las diferentes medidas gubernamentales, sino también a las tantas injusticias del sistema capitalista”, señalaron.

A los presos políticos de la Tupac sumaron “denuncias recibidas sobre persecuciones a militantes políticos, sociales y sindicales, quienes refirieron hostigamientos judiciales, mediáticos, personales y familiares”, puntualiza el informe. Para llevar a cabo tales violaciones, el poder político y el judicial jujeño utilizan el Código Contravencional, “herramienta de criminalización de la protesta”. Hay dirigentes y referentes que acumulan más de un millón de pesos de deuda con el Estado provincial por protestar, denuncia el documento.

Por la “cantidad y expresividad de femicidios, así como el altísimo nivel de impunidad” que registraron desde la Comisión en tan solo tres días, concluyeron en el informe que esos hechos “ni su impunidad sistemática son casos aislados”, sino más bien que “constituyen la base patriarcal sobre la que se construye el andamiaje jerárquico que organiza la sociedad y sobre todo, que disciplina al conjunto social”.

Tras la visita, la Comisión concluyó que en la provincia gobernada por Morales existe “un armado jurídico-institucional de larga data y ahora consolidado” por el gobierno de Juntos por el Cambio que “facilita el ingreso y radicación de empresas mineras de capital multinacional o de proyectos que puedan afectar los derechos indígenas y ambientales”. ¿Cómo? asegurando su inseguridad jurídica de las comunidades, exponiéndolas a desalojos, a la destrucción de los territorios en donde están establecidas, avanzar sobre esos espacios sin consultarlas o siquiera informarlas.