El sindicado capo narco Delfín Reynaldo Castedo rompió ayer el silencio en el juicio por narcotráfico que se le sigue en Salta, unicamente para asegurar que el cierre de un camino vecinal en la zona de la frontera con Bolivia se hizo solo de noche, y para evitar el abundante tránsito de contrabando que había. Castedo dijo que hacía esta aclaración porque "parece que la fiscalía quiere hacer creer que todos pasan por la finca" cuando en esa zona hay una frontera internacional de 120 kilómetros. Por eso mismo pidió que se haga una inspección ocular en el territorio.
Junto a otras seis personas, Castedo está siendo juzgado por el Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de Salta acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos. Ayer, tras escuchar a pequeños productores rurales de la zona que, con reticencias, hablaron del cierre de un camino vecinal que atravesaba la finca El Pajeal, lo que perjudicaba a familias que transitaban por esa vía, pidió declarar. "Voy a aclarar varios puntos que no se están aclarando", dijo.
Aseguró que el camino que se cerró "no es vecinal", fue abierto por YPF y pagaba servidumbre de paso. Señaló que desde Salvador Mazza hasta la finca El Pajeal, todo es de propiedad de Octaviano Barroso. Mientras que El Pajeal pertenecía al ex diputado provincial Ernesto Aparicio (fallecido en 2013 y señalado como integrante de esta organización que se juzga ahora). "No es fiscal, nadie atropelló a nadie", sostuvo Castedo.
En julio de 2006 la Asociación de Pequeños Productores de Madrejones presentó notas en organismos municipales, provinciales y nacionales denunciando "abusos y atropellos" de propietarios de grandes extensiones de tierra y señalando directamente a Delfín Castedo por el cierre de este camino, lo que perjudicaba a al menos dos familias que vivían más lejos, Galean y Ledesma. Una integrante de esta última familia, Liliana Ledesma, vinculó públicamente este cierre con el contrabando y actividades de narotráfico y en septiembre de ese mismo año fue asesinada. Por el que están acusados en calidad de autores intelectuales (en una causa que se tramita en la justicia salteña) Delfín Castedo y su hermano Raúl Amadeo "Hula" Castedo, también acusado en este proceso.
Ayer dieron su testimonio cuatro de los firmantes de esa nota, Wenceslao Ríos, Jorge Pérez, Efraín Romero y Dante Arias. El fiscal Jorge Viltes Monier los interrogó sobre la actividad en la zona de frontera, si era habitual que pasaran camiones cargados. Los tres primeros respondieron con evasivas, escudándose sobre todo en el paso del tiempo, aunque todos dijeron que el camino cerrado era de uso vecinal.
Arias, que reside en el paraje Icua, cerca de Campo Durán, contó que la organización se formó porque tenían problemas con "grandes empresas", como Tecpetrol, que llegaban a extraer petróleo y dejaban los pozos abiertos, lo que provocaba la muerte de sus animales por la inhalación de gases tóxicos, además de que arruinaban los caminos y hasta cometían abusos impidiéndoles el paso. "Es todo fronterizo eso", dijo, "Hay un montón de caminos alternativos que llevan a Bolivia" que la gente usa para ir a comprar hoja de coca y para vender sus animales y por los que pasan vehículos también, y ha ocurrido que mataran animales. "Estamos cansados que nos roben, que nos maten animales".
Tras estos testimonios Castedo pidió hacer aclaraciones. Dijo que el camino, que va desde el pueblo de Salvador Mazza al paraje Ipaguazu, tiene 20 kilómetros, de los cuales 15 kilómetros son de frontera a la izquierda, "esa parte no está alambrada", es de propiedad de propiedad de Octaviano Barroso.
Como Aparicio está fallecido, le toca a él hacer estas aclaraciones, dijo Castedo. Aseguró que Aparicio puso el portón "porque era una joda, todo el mundo pasaba por ahí". Añadió que de día el portón estaba abierto, y "de noche se ponía el candado" porque pasaban vehículos con contrabando. "Parece que la fiscalía quiere hacer creer que todos pasan por la finca" cuando la frontera tiene 120 kilómetros. "Nada que ver", sostuvo antes de pedir "una inspección ocular de la zona. Así nos sacamos la venda de los ojos". Y enumeró otros puntos donde hay pasos no habilitados a Bolivia, dijo que incluso hay uno en Ipaguazu por donde "pasan todos los camiones de contrabando" y "nadie dice nada", y cuestionó a Gendarmería por no informarlos.
Añadió que El Pajeal era de propiedad de Aparicio y que él solo había ido a hacer trabajos, la limpieza de la represa, desmontes para pasturas y alambrados, y que solo hubo problemas con la familia Ledesma. Tras calificar a estas familias de "ocupantes", y "creo que como ocupantes no tienen muchos derechos", insistió en que el camino no es vecinal.
Así mismo, Castedo aseguró que no es cierto que del otro lado de la frontera haya una finca de gran extensión de propiedad de su hermana Roxana Castedo, sino que hay familias productoras que tienen pequeñas extensiones no superiores a 100 hectáreas, y que hay controles de las fuerzas de seguridad bolivianas. "Mi hermana tiene (una propiedad de unas 800 hectáreas) cerca de Villamontes".
Diálogos llamativos
Ayer también declararon tres gendarmes que participaron de la investigación al Clan Castedo, iniciada antes del cierre de caminos y la muerte de Ledesma, como desprendimiento de otra causa originada en una denuncia anónima presentada en Buenos Aires que también daba cuenta de la existencia de otra organización liderada por el Clan Motok.
César Benítez recordó que entre las escuchas teléfonicas le llamó la atención una llamada de Delfín Castedo a su hermano Hula preguntándole "si había ido a ver unos ladrillos. Hula dice sí, que estaban calientes y que los iban a cargar así calientes como estaban". El gendarme explicó que es habitual que las organizaciones criminales usen otros términos para referirse a la droga, por lo que entendieron que estaban ante una conversación camuflada.
Añadió que también comprobaron que Delfín tenía vínculo estrecho con el comerciante Alberto Yudi, que está siendo juzgado en este proceso, y que incluso a veces Delfín atendía llamadas en su negocio.
El comandante Fernando Rudi contó que por su complejidad a esta investigación le volcaban más recursos. Recordó que Yudi y su mujer hacían trámites comerciales para Delfín "como un representante comercial".
Y Gabriel Espínola relató que en una ocasión la mujer de Yudi, Blanca, depositó dólares en una cuenta a pedido de Delfín Castedo.
Por otro lado, recordó conversaciones entre los hermanos Delfín y Hula en la que se referían a Liliana Ledesma como "la Negra", siempre mencionaban que tenían problemas con ella por el cierre del camino y decían en relación que ellos podían andar por donde quisieran con armas. Dijo que informó de este diálogo porque "era una amenaza hacia la ciudadana Ledesma" a la que incluso se refirieron como "la negra de mierda". Poco después "la ciudadana aparece muerta".