A menos de 20 días de que la Asamblea Convencional Constituyente sancione la reforma parcial de la Constitución provincial, en la que también se modificarán artículos relativos a los órganos de control provincial como la Auditoría General y la selección de sus autoridades, desde el oficialismo, representado en la Legislatura, quieren apurar la designación de dos de los miembros de ese organismo a quienes se les vencen sus mandatos por estos días.

Este martes se conoció que en la comisión de Auditoría de la CámaraBaja se aprobaron las postulaciones de Elsa Pereyra Maidana y Marcos Segura Alzogaray. Y aunque argumentaron que de esa manera se “garantiza la representación de la oposición en la composición del organismo”, ya hubo cuestionamientos al respecto.

Maidana es afiliada renovadora y reemplazaría al saliente Mariano San Millán (PJ), y si bien ocupó el segundo lugar en la lista del SI+PRS en las elecciones a diputados nacionales, acompañando a Felipe Biella, el Partido Renovador acompañó al oficialismo en las provinciales de agosto. Además podría ser una forma del gobierno de sellar una alianza con el partido de los hermanos Biella, que ya demostró su potencial electoral en la capital salteña.

En tanto, en el caso de Segura Alzogaray, si bien llegó a la Auditoría de la mano del Partido de la Victoria en 2016, hoy no contaba con el respaldo de ese espacio, ya que esta vez proponía a su apoderado local, el abogado Juan Pablo Marcó. 

Sin embargo, Segura Alzogaray sí contó con el apoyo del nuevo bloque Más Salta, que ocupan cinco legisladoras y legisladores que abandonaron su antiguo espacio en el FdT y que encabezaron las listas del frente oficialista Gana Salta en las provinciales. Entre las más conocidas se encuentra Gladys Paredes y la vicepresidenta del cuerpo, Alejandra Navarro.

La propuesta, que ya se elevó a la Cámara de Senadores para su análisis y tratamiento, generó disgusto en los demás bloques opositores. Desde el Frente de Todos, el diputado Franco Hernández afirmó que no se están respetando las minorías parlamentarias tal y como ya pasó a la hora de elegir autoridades legislativas. Pero también que se desconoce lo que manda la Constitución en cuanto a la composición de las autoridades de la Auditoría, ya que de esta manera sería comandada por una mayoría oficialista.

El senador Javier Mónico, miembro de la comisión de Justicia en la Cámara Alta e integrante de la comisión de Organismos de Control de la Convencional Constituyente, tampoco ocultó su disgusto al enterarse que la nómina de los propuestos para ocupar la Auditoría ya figuraba en los Asuntos Entrados del Senado para su tratamiento.

Para el representante por Rosario de la Frontera tampoco se están respetando los procesos que manda la Constitución, pero además subrayó que es poco oportuna la postulación “cuando estamos a días de alcanzar una reforma de la Carta Magna y en donde se ha incorporado en los artículos a modificar el tema de los órganos de control”. A su vez recordó que el propio gobernador Gustavo Sáenz repite que busca “un mayor protagonismo las oposiciones y a abrir el debate para mejorar la independencia de un organismo como la Auditoría”.

“Me parece un poco contradictorio la verdad esto, con lo que pregonan”, sentenció. Sumó que de esta manera, si se logra aprobar la propuesta, habrán alcanzado a renovar todo el cuerpo de auditores durante este año antes de que se apruebe la nueva reforma de la Constitución, “podrían haber esperado para evaluar cuáles serán los nuevos mecanismos de elección”, añadió.

En diálogo con Salta/12, el presidente de la comisión de Auditoría de diputados, Germán Rallé, justificó la decisión argumentando que los dos nombres elegidos fueron respaldados por bloques “que son pluralistas, pero que no son oficialistas”. 

Además, el presidente del bloque justicialista Sáenz Conducción, agregó que el bloque Más Salta, que nominó la continuidad de Segura Alzogaray, “es una pata fraccionada del FdT”.

Y explicó que el mismo Partido Justicialista propuso a Elsa Pereyra Maidana “por pedido del bloque SI+PRS, que representa una pata de la minoría con tres miembros”.

Reconoció que tanto los integrantes de Más Salta como los renovadores integraron las listas de candidatos del oficialismo, pero los apartó de lo que denominó “bloques oficialistas puros”, y los agrupó en una “estructura transversal: ni puros ni enemigos”.

También dijo entender los cuestionamientos de los miembros del Frente de Todos, pero resaltó que tanto su bloque como el de Más Salta y el SI+PRS representan las minorías en la comisión que preside y todos pedían un lugar en la Auditoría.

Con respecto a si no era conveniente esperar la reforma de la Constitución, que culminará el 20 de diciembre, para luego poder evaluar los nombres a proponer en reemplazo de las autoridades salientes, ya con las modificaciones que surjan, Rallé explicó que tenían “fijada esta fecha por el vencimiento de los mandatos, y no queríamos dejar a la Auditoría acéfala”.

Para la designación de Javier Cancinos la Legislatura se tomó más de tres meses. El mandato de Ramón Muratore había vencido en mayo y su reemplazante fue designado recién a finales de agosto. “Es que no queríamos que termine el período de este año”, contestó Rallé ante la pregunta de este medio.

Por último, aprovechó para criticar una ambivalencia del FdT al indicar que conformaron un frente con el justicialismo en las últimas elecciones nacionales, pero son oposición en lo provincial: “hay momentos que son oposición y hay momentos que son oficialismo, entonces el mensaje no es claro”, sostuvo el presidente del bloque justicialista.

Los cinco miembros de la Auditoría General de la Provincia tienen un mandato de 5 años y por ahora pueden ser reelegidos, aunque es muy probable que la nueva Carta Magna elimine esa posibilidad. A su vez, gozan de las mismas inmunidades que los jueces y son removidos de sus cargos por las mismas causas que éstos mediante juicio político.

En mayo, el Senado renovó los cargos de Gustavo Ferraris, actual presidente de la Auditoría, y Omar Esper. El ex juez de la Corte de Justicia de Salta asumió como auditor en 2016. Mientras que el ex senador Esper es auditor desde diciembre de 2010, por lo que está cumpliendo su tercer mandato.

Ese mismo mes venció también el acuerdo para el auditor Ramón Muratore (propuesto en su momento por el Partido Renovador), pero la designación de su reemplazo llegó recién en agosto a propuesta de los bloques saencistas. En ese momento, el elegido fue Javier Cancinos, padre del adolescente que fue hallado sin vida el pasado 3 de junio luego de cuatro años de búsqueda, Santiago Cancinos.

La Auditoría General de la Provincia es el órgano rector de control externo del sector público provincial, cuenta con rango constitucional y tiene a su cargo el control técnico de la hacienda pública provincial y municipal, incluyendo sus organismos centralizados y descentralizados, cualquiera fuese su modalidad de organización, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de los servicios públicos, y cualquier otro ente público.