Después de trece jornadas de cinco horas cada una, la fiscal auxiliar Gabriela Sosti culminó su alegato en el juicio por la Megacausa Campo de Mayo con pedidos de penas a prisión perpetua para la mayoría de los militares, gendarmes, policías y civiles acusados de secuestros, torturas, asesinatos, robo de bienes y abuso deshonesto, en perjuicio de decenas de víctimas durante la última dictadura. Sosti solicitó al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que los condene por genocidio: “Deben ser juzgados como genocidio, un delito que a diferencia de los crímenes de lesa humanidad, porta en su ADN la voluntad específca de la destrucción de un grupo. El genocidio argentino fue un genocidio reorganizador”, remarcó.

El juicio es uno de los más amplios y fundamentales por los delitos del terrorismo de Estado. Se inauguró en abril de 2019, con una lista de veinte acusados por más de 300 casos de personas que fueron secuestradas y torturadas en el centro clandestino El Campito, que funcionó dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo y otros espacios clandestinos dentro de la denominada área 400. La exposición de la representante del Ministerio Público Fiscal fue extensa, por la minuciosidad y precisión de la tarea. Sosti comenzó su alegato a principios de septiembre definiendo a Campo de Mayo como un "infierno a cielo abierto" durante los años dictadoriales, y continuó durante todas las audiencias semanales del debate hasta el miércoles pasado. 

Las penas

Para la Fiscalía, la inmensa mayoría de los militares retirados juzgados en el debate deben ser condenados a prisión perpetua. En este grupo conviven desde el multipenado Santiago Omar Riveros, alto mando de Campo de Mayo y de la Zona de Defensa IV, dentro de la que se desplegaron los hechos bajo análisis; hacia abajo en la escala figuran Eugenio Guañabens Perelló, Luis Sadi Pepa, Luis del Valle Arce, Carlos Francisco Villanova, Carlos Tamini, Mario Rubén Domínguez, Bernardo Caballero, Francisco Orlando Agostino, Pacífico Luis Britos y Ramón Vito Cabrera. También solicitó esa pena para los integrantes civiles del Batallón 601 Miguel Ángel Conde, Carlos Somoza y Hugo Castaño Monge; para el gendarme Roberto Julio Fusco y los marinos Federico Ramón Ramirez Mitchell y Alfredo Oscar Arena.

A todos los halló responsables de secuestros, torturas, homicidios, robo, allanamiento ilegal, abuso deshonesto y violación según cada caso. Para el militar retirado Carlos Alberto Rojas, la pena solicitada fue de 20 años, en tanto que para los ex comisarios de Villa Ballester y General Sarmiento, respectivamente, Carlos Daniel Caimi y Arnaldo José Román, Sosti calculó penas de 15 y 18 años: los delitos que les endilgó fueron secuestros y torturas.

La fiscal solicitó también que todos los beneficios de prisión domiciliaria sean anulados. 

Coautores

Sosti consideró a los veinte efectivos retirados del Ejército --militares y civiles--, ex gendarmes, policías y marinos que llegaron al final del juicio vivos como coautores penalmente responsables de ”privaciones ilegítimas de la libertad”, ”imposición de tormento”, homicidios y desapariciones --”homicidio sin cadáver”--, robos y delitos sexuales --”abuso deshonesto”--.

“Los imputados estaban todos incluidos dentro de la organización de un plan sistemático integral criminal y amparado por mecanismos estatales cuyo objetivo fue la eliminación de oponentes políticos”, consideró la fiscal para luego aseverar que “más allá de la tareas específicas (que cumplió cada uno) todos efectuaron aportes al plan, aportes sin los cuales los hechos no hubieran podido llevarse a cabo”.

Genocidio y otros delitos

Al momento de describir los delitos de los que halló responsables a todos los acusados, Sosti sostuvo que los “secuestros y las torturas” fueron aplicadas para “obtener información” de la población víctima del plan sistemático. “Cuando ya se había obtenido o consideraban que no podían obtener más información, los pasaban (a las víctimas) a disposición final. Se deshacían de ellos como un pertrecho”, describió. Replicó, además, aquello que “la sociedad viene reclamándoles sin cansancio: que digan qué hicieron con las personas asesinadas”, pues “en la mayoría de los casos no se hallaron los cadáveres”. La fiscalía, además, acusó a los represores bajo juicio de robo y de abuso deshonesto: “Los abusos sexuales fueron parte del recorrido de ilicitudes de los planes genocidas de la última dictadura --contextualizó--. Los represores las ejecutaron, las habilitaron, las toleraron, las propiciaron, las conocieron, las estimularon, las silenciaron”.

El planteo del Ministerio Público Fiscal, no obstante, los englobó a todos y cada uno en la figura de genocidio. “Es necesario recuperar la identidad de la masacre y nombrarla por su verdadero nombre: genocidio”, remarcó Sosti. Más allá de la definición de los hechos como crímenes de lesa humanidad, la fiscal auxiliar insistió en que el TOF utilice ese concepto al momento de elaborar su veredicto ya que es el que permite definir la “voluntad específica de destrucción de un grupo” social por parte de los acusados.

En ese marco, añadió un elemento más al argumento: el “objetivo a destruir” no fue azaroso ni meramente político. “La dictadura no fue una respuesta a la insurgencia armada de distintos signos políticos, sino un proyecto de transformación de la sociedad argentina en su conjunto a través del terror”, explicó. Ese terror, continuó, “estuvo dirigido a toda la población: muchos de los eliminados fueron estudiantes, militantes barriales, obreros, miembros de la cultura, ancianos, niños, no caracterizados precisamente por su signo partidario. Secuestraron, torturaron, asesinaron, se apropiaron de los bebés y aterrorizaron a una parte de la Nación que no respondía a sus cánones, los de ellos. Y así la homogeneizaron para que se parezca a lo que ellos necesitaban”.

Sosti insistió en que si “la historia de nuestro país se proyecta en el olvido de sus genocidios fundantes, es momento de evitar que este último siga permaneciendo en sombras en la letra de las sentencias. No se trata solamente de aplicar penas, lo dicho en las sentencias se prolonga en el tiempo, es medular y rescata lo que los genocidas quisieron borrar: nuestra memoria histórica”.

Los civiles empresarios

Por último, la fiscal auxiliar solicitó al TOF que envíe a instrucción la información producida en el debate pertinente para avanzar en una investigación que determine la responsabilidad de representantes empresariales en los secuestros y el destino de les trabajadores desaparecidos cuyos casos fueron revisados en el debate que transita su última etapa previa al veredicto: “En especial --dijo-- Mercedes Benz y Dálmine-Siderca”.