Irene Cuevas es una joven de 19 años que está cursando el Bachillerato con orientación en Ciencias Sociales en la escuela Normal de Alta Gracia, en Córdoba. La adolescente posee una discapacidad motriz y visual que no le impidió estudiar y estar a punto de culminar el quinto año de la secundaria. Sin embargo, su historia no solo refleja la enorme voluntad de Irene para desarrollarse social y humanamente: también expone la incansable lucha que ella y toda su familia enfrentan a diario para que se le respeten sus derechos. Una tarea que su obra social, Apross, incumple sistemáticamente desde hace años, retrasándoles los pagos por reintegros y sin garantizarle los profesionales necesarios que Irene necesita para su integración escolar. La historia de Irene se podrá ver el viernes a las 9.30, en el documental La Ire, que la TV Pública emitirá dentro del ciclo Mañanas argentinas.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que pone fin a la semana por la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la TV Pública emitirá este documental que se propone reflexionar sobre la educación inclusiva abriendo posibilidades donde habitualmente sólo se ven obstáculos. La Ire muestra a una joven que lejos de ser una mera receptora de cuidados es activa, militante, crítica y profunda, que pelea por lo que considera justo y por abrirse paso en un mundo que no está preparado para incluir a todos y todas. El documental expone con crudeza la lucha de una madre, que es la de tantas otras, contra una obra social (Apross) que sólo ve a las personas como gastos y que se rehúsa a brindarle los apoyos que Irene necesita.

La Ire es un trabajo realizado por Verónica González, la periodista no vidente que desde hace años trabaja en la TV Pública. Su primer contacto con el caso fue en 2014, cuando Alicia Maurelli, la mamá de Irene, desesperada ante la falta de respuestas al tratamiento que necesitaba su hija de parte de la Asociación Provincial del Seguro de Salud, se comunicó con ella para que la periodista pudiera difundir la situación en su columna sobre discapacidad en la TV Pública. El caso la movilizó tanto que González y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad impulsaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en junio de 2015, a fin de encontrar otra herramienta que pudiera dar fin a tantos años de tormento.

Un año después de aquella presentación, el 7 de julio de 2016, la Comisión dictaminó a favor de Irene. En su resolución, la CIDH le exigió al Estado Nacional que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Irene, tomando en consideración su discapacidad y situación de salud, a fin de que pueda tener acceso a los apoyos especiales recomendados por especialistas, a la luz de los estándares internacionales aplicables”. Cinco años después, la situación de Irene sigue siendo casi la misma: Apross se retrasa en los pagos, no cubre los gastos necesarios del personal profesional que la joven requiere para seguir estudiando.

“Hoy la situación de Irene es la misma”, le cuenta González a Página/12. “Sigue sin los apoyos que necesita, con el deterioro que eso le produce a su desarrollo en sus estudios y en su vida social. Su madre se hace cargo de casi todo. Ante el retraso en los pagos de la obra social, que además se ciñe a los valores del nomenclador de salud pero no a los estándares internacionales que determinó la CIDH, solo permanecen la fonoaudióloga y la asistente visual del equipo de trabajo que aparece en el documental, que filmamos en 2019. La obra social dilata pagos y la madre se endeuda para poder asistirla”, subraya la periodista, que reconoce como único logro a la silla postural, la computadora y el bipedestador (dispositivo que le permite pararse, tonificar músculos y trabajar en su postura) que el Estado le entregó recientemente.

“Me parece interesante trabajar el caso de Irene, porque muchas veces cuando se habla de educación inclusiva se ponen más trabas que mecanismos de accesibilidad”, reflexiona González. “El documental -desea- puede ser un incentivo para que la ciudadanía, los docentes y todos  los que formen parte de la vida social puedan ver que es necesaria y posible la educación inclusiva de calidad. Y por otro lado, mostrar cómo las familias se deben hacer cargo de muchas más cosas de las que deberían. Porque sin la cobertura médica, social y estatal sucede como dice la hermana de Irene en el documental, que las personas con alguna discapacidad terminan hechas un bollito tirado en cualquier lado sin poder desarrollarse”.