Un hombre falleció en España tras recibir la descarga de una pistola Taser en medio de una operativo de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana.
El hecho ocurrió en Badalona, cuando un vecino denunció que el hombre que murió estaba atacando a su madre. La policía catalana dijo que disparó de acuerdo con el "protocolo", pero el hombre se desplomó en el suelo tras su intervención, que le habría provocado un ataque cardiáco, lo cual confirma la capacidad mortal de dichas armas, a pesar de que suelen ser promocionadas como "no letales".
La denuncia original que terminó con la muerte de otra víctima de las Taser la realizó un amigo del hombre fallecido, quien escuchó que su vecino estaba atacando a su madre y amenazándola con un cuchillo.
Los policías ingresaron a la casa donde se desarrollaba el incidente por un balcón contiguo, ya que la puerta principal estaba bloqueada, y subrayaron en que se trató de un disparo "ajustado al protocolo".
Según los vecinos, el agresor era adicto y tenía antecedentes de agresiones físicas. La policía, por su parte, confirmó que el hombre padecía problemas mentales, de abuso y que sufría un brote psicótico en el momento del ataque.
El uso de las Taser suele ser una bandera recurrente de los referentes de la derecha de uno y otro lado del Atlántico, entre ellos la exministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, quien durante su gestión anunció la compra de las pistolas de descarga eléctrica y promovió un protocolo que habilitaba a las fuerzas de seguridad nacionales a disparar con armas de fuego ante un "peligro inminente".
Aquel protocolo y el uso de las Taser fue revocado por la sucesora de Bullrich, Sabina Frederic, durante la actual gestión del presidente Alberto Fernández.
Sin embargo, el debate sobre las Taser se retomó en septiembre de 2020, tras la muerte del policía federal Juan Roldán, quien murió en la calle mientras intentaba detener a un paciente psiquiátrico que amenazaba a los transeúntes con un cuchillo y terminó apuñalado.
En aquel momento, el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que el uso de las Taser no estaba en la agenda del Gobierno nacional, aunque el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en consonancia con la oposición advirtió que la negativa a utilizar las pistolas eléctricas era "ideológica".
Los organismos de derechos humanos siempre rechazaron el uso de ese tipo de armas -que ya había intentado implementar Mauricio Macri en su gestión como jefe de gobierno porteño-, consideradas como un elemento de tortura, ya que pueden provocar una descarga eléctrica de 50 mil voltios y son potencialmente letales.
En Estados Unidos, donde se utilizan en varios estados, ya han provocado más de 300 muertes.