El decreto que reglamentará la obligación para los jueces de pagar Impuesto a las Ganancias ya está en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, para que –en teoría– lo firme Mauricio Macri a la vuelta de su viaje a China. Tal como está planteado, tampoco será el fin instantáneo de un privilegio: según el texto que fue elevado desde el Ministerio de Justicia, sólo pagarán el impuesto los jueces, fiscales y defensores, empleados y funcionarios que hayan sido designados a partir del 1 de enero de este año. El documento está listo, pero a Elisa Carrió no le gusta. Para oponerse presentó un proyecto de ley que pide generalizar el impuesto a todos los funcionarios y empleados actuales.

Según los fundamentos de Carrió, si se reglamenta la ley con el borrador que fue enviado a la Presidencia, no serán más de diez a veinte jueces los que empezarán a pagar Ganancias. También recuerda que el fisco deja de percibir unos 5000 millones de pesos por año (según la última ley de Presupuesto) por la exención impositiva de la que gozan los judiciales. Este beneficio, en el caso de los jueces y el resto del sistema judicial se remonta a una de 1973, pero en 1996 por la desigualdad que implicaba el Congreso promovió otra norma que los obligó a pagar. Sin embargo, la Corte Suprema de entonces firmó una memorable acordada con la que declaró inaplicable la ley para la corporación judicial. Por transitividad, y ante la reacción gremial, quedaron también exceptuados todos los empleados y funcionarios judiciales, cualquiera sea su rango.

En los últimos años se especuló con toda clase de medidas para eliminar ese privilegio. Una opción era que la Corte derogara su propia acordada, pero esta opción nunca avanzó por el temor a una suerte de alzamiento de todos los funcionarios y empleados, en especial los rangos más bajos. Durante el kirchnerismo también se evaluaron medidas de la AFIP, pero nada avanzó. La Corte intentó promover algún acuerdo con la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN), que tampoco funcionó. Recién el año pasado se aprobó por ley (27436), con una definición genérica, que los jueces empiecen a tributar. Pero todavía no se aplica, porque falta la reglamentación.

El texto que estudia la Secretaría Legal y Técnica,a cargo de Pablo Clusellas, al que accedió PáginaI12, dice que “los ingresos de todos los Magistrados, Funcionarios y Empleados en los Poderes Judiciales o del Ministerio Público, tanto de la Nación como de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya designación hubiera ocurrido a partir del 1° de enero de 2017 estarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias”.

En el Gobierno argumentan que se copió el esquema aplicado en Estados Unidos, que tardó más de medio siglo en alcanzar a todos los jueces. La histórica justificación de la familia judicial para evitar pagar el impuesto es que afectaría la garantía de intangibilidad de sus salarios (sostienen que pagar un impuesto es una reducción salarial). Por eso el temor oficial a aplicarlo retroactivamente, ya que sería cuestionado judicialmente. En cambio, los jueces que asuman de ahora en más estarían aceptando las condiciones vigentes.  

El proyecto presentado por Carrió pone el dedo en la llaga con el universo más susceptible de los judiciales, ya que plantea que deberían pagar todos los funcionarios y empleados que estén en funciones en la actualidad. El grueso de los empleados, en rigor, y en especial los sindicalizados suele decir que nadie debería tributar porque “el salario no es ganancia”.

El proyecto de la diputada de Cambiemos dice que su objetivo es “hacer efectiva la garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional que establece la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas”. Lo que no termina de quedar claro es por qué los jueces “viejos” seguirían exentos si no se viola la intangibilidad salarial, que la dirigente señala como garantía de “independencia” pero no como “prerrogativa personal”. El proyecto es el mismo que plantea eliminar toda retención por  Ganancias en jubilaciones, pensiones, retiros y subsidios, que se hayan originado en el trabajo personal, porque es una doble imposición.