Hoy es el Día Mundial de los Derechos de las Personas con Discapacidad y diferentes sectores que militan las políticas de inclusión para este colectivo, coinciden en que aún existe una amplia distancia entre las leyes de vanguardia que tiene el país y lo que efectivamente se hace. Las prácticas discriminatorias no cesan y la educación sigue siendo uno de los principales ámbitos de discriminación hacia las personas con discapacidad. 

Así lo demostraron los números que proporcionó a Salta/12 el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). El 19.38% de las denuncias que se registraron en 2021 en todo el país fueron en el ámbito educativo. Le sigue la administración pública, con el 13.89% y el empleo privado, con el 11.32%. 

En relación al motivo de denuncia, la discapacidad es la principal razón, con un 31.22%, que a su vez, duplica considerablemente las denuncias que se hacen por el estado de salud, que llegan a un 11.43%. En un tercer lugar, están las referidas al aspecto físico, con un 9.39%, y con porcentaje similar se ubican las que refieren a la identidad de género (9.18%). 

En ese sentido, el delegado del Inadi en Salta, Gustavo Farquharson, aseguró que el contexto salteño "coincide con la realidad nacional", ya que las personas con discapacidad son las que más denuncian. También aquí el sistema educativo es el principal apuntado, ya que se presentan situaciones como el incumplimiento de la presencia de docentes integradores que acompañen a los estudiantes o los constantes malos tratos hacia los alumnos y sus familias, en cualquier nivel educativo. 

"Los padres cuando vienen, ya lo hacen desbordados y señalan la falta de empatía o solidaridad hacia sus hijos o hijas", contó. Con los resultados de este muestreo, el funcionario nacional consideró que el sistema educativo no está preparado para garantizar los derechos a sus estudiantes porque aún persiste la falta de voluntad política para que se cumplan las leyes vigentes, que en algunos casos, también se desconocen. 

La Ley N° 26378 se aprobó en 2008 y por ella el país adoptó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. "Argentina tiene leyes de avanzada pero no se cumplen, no sólo hacia las personas con discapacidad, sino en todos los ámbitos y por todos los motivos discriminatorios", precisó Farquharson. 

La semana pasada el delegado presentó ante la Cámara de Diputados de Salta un proyecto de ley que busca capacitar obligatoriamente a todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial. El fin es garantizar la formación y capacitación integral en materia de igualdad e inclusión en la lucha contra la discriminación.

La educación y la pandemia 

Si antes de la pandemia resultaban escasas las políticas de inclusión hacia las personas con discapacidad, con su llegada, la situación se agravó, ya que "no hubo una política en sí que contenga a las personas de discapacidad", dijo Luis González, integrante de la Asociación TGD Padres TEA Salta. 

Señaló que si las escuelas no estuvieron preparadas para encaminarse a la virtualidad, mucho menos lo estuvieron para facilitar la escolaridad a las personas con discapacidad. "Los chicos no participaban de los zoom o no hubo adaptaciones curriculares en los casos que hacía falta", ejemplificó. 

En la misma línea habló Irma Argañaraz, presidenta de la Asociación Colibrí, quien manifestó que "fue muy difícil en los distintos niveles educativos el sistema de la virtualidad". Como consecuencia de la falta de dispositivos tecnológicos, la carencia de conexión o que se contaba con un solo celular para un núcleo familiar con personas con discapacidad y otros hijos con las mismas necesidades.

Aún así, dijo que son más las personas que están incluidas en las escuelas comunes en los distintos niveles, pero sostuvo que se deben realizar los ajustes necesarios para un mayor acceso. Un ejemplo sería que haya un mayor control cuando se pide que el o la docente de apoyo vaya al grado todos los días. 

También reconoció que "muchas (docentes) plantean estrategias que favorecen al estudiante muy satisfactoriamente", pero otras profesionales "no entendieron que los y las estudiantes incluidos son alumnos de la escuela y no del equipo de apoyo y seguimiento que asiste a la escuela a asesorar a la docente tutora".

La secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia, reconoció ante Salta/12 que el colectivo de la discapacidad "fue el que más vulnerabilidad sufrió" durante la pandemia, pero aseguró que con la vuelta a la presencialidad comenzó la recuperación de las trayectorias escolares. Adelantó que para el año entrante se trabajará "fuertemente" en la formación de los supervisores generales para garantizar mayores políticas de inclusión dentro de las escuelas.

Asimismo, recordó que el Ministerio de Educación de la provincia tiene una Coordinación de Educación Especial que trabaja con todas las direcciones de niveles y en todas las modalidades para generar herramientas transversales para la inclusión en las diferentes unidades educativas. 

Actualmente la coordinación se basa en lo dispuesto por la resolución 311, aprobada por el Consejo Federal de Educacion en 2016, y que propone una educación inclusiva. Esa resolución busca propiciar condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema educativo, el acompañamiento de las trayectorias escolares y la promoción, acreditación, y titulación de los y las estudiantes con discapacidad. 

Saravia relató que en la capital salteña, como en otras localidades, hay Centros de Educación e Inclusión, y si no hubiera, están las escuelas especiales que realizan el apoyo y acompañamiento profesional a estudiantes que lo requieran. 

La UNSa tampoco escapa 

En relación al ámbito universitario, Orlando Domínguez, coordinador de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), explicó que en ese espacio trabajan tres aspectos vinculados a la accesibilidad: la física, la comunicacional y la académica. 

La primera, refiere a la movilidad que tienen las personas con discapacidad dentro del predio; la segunda garantiza los medios necesarios para establecer las comunicaciones. Y la tercera, en la que se centra la mayor parte del trabajo, refiere a análisis y diálogos que mantienen con los docentes para establecer la adaptación de los contenidos, con el fin de garantizar el cursado adecuado de las carreras. A modo de ejemplo, indicó que muchas veces sucede que la persona con discapacidad "no puede cursar en el tiempo programado", sea por una cuestión intelectual o motriz.

Domínguez señaló que en ese punto que están en falta porque "nos chocamos contra un muro", y se busca que el docente tenga una percepción clara de la situación. Aún así, afirmó que desde la creación de la comisión en 2007, la matrícula de personas con discapacidad dentro de la universidad pública, "creció pero no tanto como lo esperábamos". 

"A estas alturas esperábamos tener una población de personas con discapacidad, igual al que tenemos en la sociedad", indicó. De acuerdo a los datos que manejan, en Salta existe una población de casi el 19%, mientras que en la UNSa la matrícula de personas con discapacidad apenas llega a un 9%. 

Domínguez también subrayó que la comisión que preside es ad honorem y está integrada por los distintos actores de la comunidad universitaria.

Una ciudad más accesible e inclusiva 

Domínguez tiene discapacidad motriz desde hace casi 40 años y tomándose como ejemplo, contó que se le hace "imposible ir al centro" salteño, por lo que opta por evitarlo. "Voy si tengo una obligación, pero lo cierto es que me es imposible transitar con sillas de ruedas", dijo en un reclamo por la falta de un diseño de circulación inclusivo. 

Desde que empezó a usar a silla de ruedas hasta hoy, aseguró que "la calidad de vida no ha cambiado mucho porque seguimos casi igual". Un ejemplo de ello es el reclamo permanente para que todas las unidades del transporte público sean adaptadas a las distintas discapacidades. "Las leyes que tenemos en Argentina son de lo mejor, pero el problema es que no se aplican", afirmó. 

En ese sentido, David Sosposa, director del área de la Discapacidad de la Municipalidad de Salta, resaltó que se está trabajando desde el año pasado en un Plan de Abordaje Integral para Personas con Discapacidad y sus entornos cercanos. 

En un relevamiento que hicieron, en el marco del Plan Unidos, se llegó a 400 familias y se descubrieron problemáticas tales como la falta de acceso a pensiones o asignaciones por la falta del CUD (Certificado Único de Discapacidad), o la falta de obra social, o casos en los que algunas personas no pueden acceder a las prestaciones básicas aún cuando cuentan con una obra social. 

A pesar de la puesta en marcha del plan municipal, Sosposa reconoció que a la capital provincial aún "le falta mucho para ser una ciudad accesible". En ese sentido, destacó que están "trabajando para que todas las obras cumplan con los parámetros de accesibilidad universal", ya que hay una decisión política de la intendenta Bettina Romero para trabajar en mejores políticas inclusivas. 

En esta línea, Argañaraz afirmó que la ciudad de Salta aún presenta muchas barreras, tanto arquitectónicas, como estructurales, por lo que no responde a lo dictaminado por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En cuanto a la inclusión laboral, no se respeta el 4% que fija la Ley 22.431, sancionada y promulgada el 16 de marzo de 1981.

Por eso, dijo que se necesita que el nuevo censo de 2022 incluya preguntas sobre personas con discapacidad, para tener datos exactos, ya que las preguntas recurrentes no responden a lo que siente este colectivo. A pesar de las críticas, tanto Argañaraz como Gutiérrez destacaron la labor de la secretaria de Discapacidad de la provincia, Mariana Román, de quien dijeron que se mostró predispuesta y brindó soluciones inmediatas a determinadas situaciones.