El gobierno tiene dentro de sus objetivos implementar políticas de género que achiquen las desigualdades económicas, políticas y sociales entre los hombres y las mujeres. Eso se expresa en el presupuesto nacional, donde la ejecución de programas con impacto en género asciende a 639.381,8 millones de pesos donde se destaca la participación de la jurisdicción del Ministerio de Trabajo con el 79,2 por ciento del gasto ejecutado vinculado a prestaciones previsionales por moratoria, a la AUH para protección social y la pensión de madre de 7 hijos, según un informe del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC).
El presupuesto nacional destinado a las políticas con perspectiva de género tiene dos grupos de acción. Uno que se relaciona con acciones de apoyo al empleo y el otro a la capacitación, difusión y producción de material para la concientización sobre la temática de equidad de género.
Según el informe, uno de los principales programas vinculados a las políticas de género que muestra un impacto positivo, una mejora en la calidad de vida para las mujeres es el caso de AUH. Este programa, impulsado durante el gobierno de Cristina Kirchner, da cobertura -al segundo trimestre del año- a más de 4,3 millones de beneficiarios niños, niñas y adolescentes, en donde las mujeres son las administradoras del beneficio de las asignaciones recibidas.
El Ministerio de las Mujeres cuenta con un presupuesto de 6.204,8 millones de pesos del cual, al segundo trimestre del año ya había ejecutado el 24,9 por ciento. En este ministerio funciona el programa Acompañar con 818,9 millones de pesos de ejecución y la Secretaría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes con la ejecución de 149,6 millones de pesos por la Ley Brisa que asiste en la reparación de derechos a hijo/as víctimas de femicidio.
El Ministerio de Desarrollo, con distintas políticas enfocadas en reducir las brechas de género, como líneas de inversión productiva, donde se otorgaron créditos por 1085,6 millones de pesos y créditos para capital de trabajo, con el fin de reactivar sectores donde las empresas son direccionadas por mujeres, donde se otorgaron 51 créditos por 34,85 millones de pesos en las provincias, ya habia ejecutado al segundo trimestre del año el 46 por ciento.
División sexual del trabajo
La división sexual del trabajo asigna a las mujeres la responsabilidad sobre las tareas de cuidado influyendo así en la educación y formación profesional. Al invertir más tiempo y energía en las tareas de cuidado, la dedicación para formarse, buscar trabajo, especializarse es muy reducida. Desde ya que las mujeres que pueden acceder a que otras mujeres realicen esas tareas en sus hogares son las que más posibilidades tienen de realizar otras actividades beneficiando así sus ingresos económicos.
Los datos del primer trimestre de la encuesta permanente de hogares (EPH) relevado por el INDEC muestra que el 98,7 por ciento de los puestos del sector de trabajo ocupado en casas particulares son mujeres. En la enseñanza son el 74,9 por ciento y el servicios sociales y salud el 71,6 por ciento. Esto refleja una fuerte feminización en las áreas de cuidado. Según esta misma fuente, el ingreso medio de los varones -en el primer trimestre del año-es de 48.570 pesos, mientras que el de las mujeres es de 36.123 pesos.
Si se analizan los datos del mercado laboral se observan grandes desigualdades. En primer lugar, la tasa de actividad para mayores de 14 años, en las mujeres fue de 48,4 por ciento, mientras que la de los varones fue de 69,1 por ciento, sugiriendo que hay menos mujeres buscando empleo por las razones antes mencionadas.
En lo referente a la desocupación, el informe contempla a la población de 14 años y más, donde la tasa de desocupación fue de 10,4 por ciento para las mujeres, en tanto que, entre los varones, se ubicó en 9 por ciento. En la tasa de empleo la situación es similar, la tasa de empleo de las mujeres fue de 43,4 por ciento. En el caso de los varones, la tasa de empleo alcanzó el 62,9 por ciento.
Con respecto al colectivo LGTB+, el INADI reconoce que la mayoría de las personas transvive en extrema pobreza, posee un bajo nivel de instrucción educativa y de formación para el empleo, y tiene un escaso acceso a las instituciones de salud, todo ello producto del peso de la discriminación y el estigma social que también obliga a una inmensa mayoría al ejercicio de la prostitución como principal medio de subsistencia.
Una de las políticas que implementó el gobierno para dar respuesta a esta realidad es el Decreto 721/20. El mismo establece que los cargos de personal del sector público nacional deben ser ocupados en una proporción no inferior al uno por ciento de de la totalidad por personas travestis, transexuales y transgénero que esten calificadas para el trabajo.
