El día después de la condena al capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti en juicio abreviado trajo repercusiones. Para llegar a esa instancia Peiti antes fue aceptado como imputado colaborador y por lo tanto debió confesar los delitos y brindar información corroborable sobre otros miembros de jerarquía de la organización. La actitud de los cuatro senadores a los que Peiti involucró en el cobro de dinero proveniente del juego ilegal fue dispar. El senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) y Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) directamente no hablaron ni se defendieron públicamente. Lisandro Enrico (UCR-General López), quien desde que trascendió que Peiti lo había mencionado negó los hechos y se puso a disposición de los fiscales, en las últimas horas reiteró en Twitter que los "dichos de este personaje deben investigarse a fondo, vuelvo a poner mis fueros a disposición". Distinto fue el caso del senador por San Lorenzo Armando Traferri, quien a través de su abogado Oscar Romera atacó el acuerdo abreviado que consiguió Peiti y que este jueves fue homologado por el juez Rafael Coria. "Le dieron la Cajita Feliz", ironizó.
Cabe recordar que por su colaboración la pena de Peiti se redujo de seis a tres años de prisión efectiva y se le impulso multa por tres veces el monto del lavado de activos, multa que asciende a $42.479.500 y decomiso de bienes. El fiscal Luis Schiappa Pietra explicó que en la decisión judicial se valoró que el aporte de Peiti como colaborador "permitió avanzar en las investigaciones en relación al ex fiscal regional Patricio Serjal -imputado- y al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad -ya condenado-, como también todo lo que concierne a la investigación sobre el propio senador Traferri".
El abogado Romera cuestionó los cálculos de las penas acordadas por las tres causas que enfrentaba Peiti en Rosario, Melincué y Rafaela con imputaciones como organizador de una asociación ilícita, cohecho, lavado y explotación de juego clandestino. También cuestionó la multa de más de 42 millones de pesos que se impuso como parte de la pena, que se considera tres veces el dinero lavado. “No se la aplican para el delito de cohecho (USD 200.000 a Traferri; USD 50.000 a Rasetto; USD 40.000 a Enrico; podemos sumar también lo que le entregó a Ponce Asahad, a Serjal, entre otros). Hubiera correspondido de 2 a 5 veces el dinero entregado".
Para Romera insistió en su cada vez más débil teoría de que la acusación contra el senador es una persecusión. "Peiti se hizo acreedor a un combo que podríamos llamar la cajita feliz". Y agregó que consiste en "tomar un imputado detenido en prisión preventiva que confiesa múltiples delitos con una pena máxima de 50 años y bajárselo a tres. Para poderse hacer acreedor a semejante cajita feliz el requisito esencial es hablar mal de Traferri y otras personas, y decir lo que la Fiscalía necesita y quiere oír para poder seguir su raíd mediático. Y una multa importante para los mortales comunes, pero insignificante para quien confesó ser el rey del juego clandestino de toda la provincia de Santa Fe".
También planteó: "Dicen que la multa es tres veces una suma lavado que supera los 500 mil dólares por un hecho de 2017. Entonces con toda lógica uno dice: tiene que poner más de un millón y medio de dólares. Pero no llega a los 250 mil".
Ayer al mediodía, Edery sostuvo en el programa Trascendental de LT8. “Desde 2017, cuando el juego clandestino deja de ser contravención para pasar a ser delito, empezamos a tratar de ver cuál era el destino del juego clandestino. Vemos que llegó a la política, a la justicia, a la policía. Peiti quería que le legalizaran el juego ilegal, por un monto estimado de mil millones de dólares, de los cuales, el 30 por ciento iría a la política. También por eso es significativa esta causa“, señaló.
