El Juzgado Federal 2 de Formosa elevó a juicio oral y público la causa en la investigó y procesó a dos ex integrantes del Tribunal Superior de Justicia local durante la última dictadura cívico militar por crímenes de lesa humanidad. La jueza María Belén López Mace ordenó que los ex jueces Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey sean juzgados por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de secuestros, torturas y desapariciones de los que fueron víctimas un grupo de empleados y empleadas del Poder Judicial de esa provincia durante el terrorismo de Estado, delitos por los que los halló responsables en calidad de coautores.

La causa comenzó hace muchos años, impulsada por la denuncia de un sobreviviente de la represión ilegal en Formosa: Adriano Acosta era jefe de la imprenta del Supremo Tribunal formoseño en agosto de 1976 cuando una patota bajo el mando del Área 234 del Ejército se lo llevó de su oficina y lo torturó en el centro clandestino que funcionó en el Regimiento de Infantería de Monte 29. Pero no fue el único: hubo otros empleados y otras empleadas judiciales que sufrieron secuestros y torturas entre 1976 y 1977, algunos de los cuales permanecen desaparecidos.

Acosta denunció los hechos en 2007, el expediente que comenzó a rebotar en diversas instancias y fueros judiciales hasta tomar estabilidad y encarar camino hacia definiciones concretas en 2018, cuando la Fiscalía Federal de Corrientes comenzó a subrogar el fuero de Formosa. Entonces, el fiscal Flavio Ferrini solicitó que Montoya --quien años después fue presidente del comité provincial de la UCR y cuyo hijo, Miguel Montoya, resultó electo diputado provincial por Juntos por el Cambio--, Vázquez Rey y otro ex juez, Sergio Alfredo Martínez, fueran indagados. Junto a Juan Fernández Bedoya --fallecido entonces-- habían sido designados ministros del Superior Tribunal de Justicia de Formosa en mayo de 1976 por el interventor de facto de la provincia, coronel Juan Carlos Colombo. En esos cargos, en acordadas emitidas entre 1976 y 1977, suspendieron o cesantearon a les trabajadores secuestrades. Para hacerlo, dieron como verídicos informes remitidos por el jefe del Área Militar, según ya informó este diario.

Dos años después, a fines de 2020, los tres magistrados jubilados fueron procesados por la jueza López Mace que, un año después y por pedido de las querellas en representación de Acosta y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, así como de la Fiscalía, elevó la causa a juicio oral y público para que Vázquez Rey y Montoya sean juzgados en su carácter de encubridores de “las prácticas represivas e ilegales del gobierno de facto hacia empleados del Poder Judicial de la provincia de Formosa entre los años 1976 y 1977 ejecutadas por el Grupo de Tareas correspondiente al Área Militar 234, con asiento en el Regimiento de Infantería Monte 29”. La impunidad biológica se cobró un beneficio: Sergio Martínez falleció sin haber afrontado juicio oral.

Para la jueza, hubo elementos suficientes para considerar que los magistrados jubilados actuaron “legitimando” con su encubrimiento “los secuestros, detenciones ilegales, torturas físicas y psíquicas que padecieron Elsa Alicia Chagra, Andrés Medina, Ángela Ramona Colman, Raquel Ubalda Lebi, Adriano Acosta, Zulma Sena, Mirta Leónidas Insfrán y Ricardo Borgne, al omitir controlar la legalidad de las privaciones de la libertad de los referidos --entre otros-- y las condiciones de detención”. La magistrada también tuvo en cuenta las actas mediante las que los magistrados supremos de entonces “suspendieron provisionalmente” a los empleados secuestrados y declararon las cesantías de los otros tres.

Las víctimas eran trabajadores del Poder Judicial formoseño, tenían militancia sindical en la Asociación Judicial de Formosa y fueron secuestradas el 5 de agosto de 1976, salvo Chagra, a quien apresaron un día antes. Insfran y Borgne, pareja, continúan desaparecides, al igual que Sena, mientras que el resto recuperó la libertad en diferentes momentos.