El conflicto desatado entre el municipio capitalino que conduce la intendenta Inés Brizuela y Doria, y los trabajadores denominados PEM (beneficiarios del Programa de Empleo Municipal) y que fueron designados en planta permanente y aún no cobran salarios, en su nueva situación laboral, se agravó esta semana: extensión de protestas en distintas áreas municipales, toma de edificios públicos y hasta una presentación judicial.

Un grupo de empleados municipales, por medio del abogado Matías Cucco, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal en contra de la intendenta radical y aliada de Juntos por el Cambio por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y por la incitación a cometer delitos según lo previsto en los artículos 209 y 248 del Código Penal.

En la denuncia, explican que la decisión política de la Intendenta de pasar a más de 1500 empleados precarizados a la planta municipal “en un primer momento venía a solucionar un reclamo y el reconocimiento de derechos laborales, pero terminó ocasionando más perjuicios de los esperados con base a su actuar malicioso, temerario e irresponsable, por realizar los pases laborales de manera irregular, sin contar con los fondos correspondientes para afrontar los gastos provenientes de los sueldos”. Se estima que el municipio necesitaría 84 millones de pesos mensuales para afrontar el paso de los salarios del personal.

En este sentido, argumentan que no estaban garantizadas las partidas presupuestarias previstas en la ley de presupuesto municipal sancionada en el 2020. Pero, además, la baja del beneficio del programa laboral generó que lxs trabajadorxs perdieron la asignación universal por hijx y la tarjeta alimentar, beneficios que recibían previo al cambio de situación laboral.

“Desde el Decreto de pase a planta hasta la fecha, no hemos cobrado nuestros sueldos, y debido al cruzamiento de datos nacionales, varios trabajadores perdimos algunas de las asistencias que nos otorgaba el Estado, llámese AUH ya que generaron un mayor perjuicio porque tampoco hemos cobrado los haberes que veníamos percibiendo como empleados PEM, quedando en un limbo jurídico prácticamente, el cual sin dudas nos termina perjudicando el doble”, dice la denuncia a la que accedió Catamarca/12.

También la acusan a la jefa comunal y sus funcionarixs de “utilizarlos y amenazar en caso de no participar de las marchas y protestas en la Residencia del gobernador Ricardo Quintela y la Casa de Gobierno, de noviembre pasada. “Cada funcionario debía pasar lista y realizar control de quienes asistían y quienes no, jugando así con nuestros miedos, incertidumbres, debilidades y la necesidad de llevar el pan a nuestras familias”, expresan.

En declaraciones radiales Brizuela y Doria dijo que "los que causan estos conflictos no son empleados sino grupos violentos ajenos al municipio, punteros políticos que llevan adelante una maniobra orquestada con apoyo externo”. 

Este jueves por la tarde, en declaraciones de la Tarde de La Red, una de las empleadas de Rentas Municipal explicó que llevan una semana de protesta en su lugar de trabajo y aún no tienen respuestas. 

“Estamos en contra de los actos de violencia, nosotros estamos acá de manera pacífica. No me pagan lo que yo ya trabajé, hace cuatro meses que me quitaron la dignidad, jugaron con la ilusión de pasar a planta y tener una obra social. Hoy no tenemos nada y estamos acá viviendo de la solidaridad de la gente que nos trae comida, agua, etc.", aseguró.