El juez federal de Garantías N° 1, Julio Bavio, declaró la competencia federal de la causa por el secuestro extorsivo al empresario Víctor Giménez, quien fue rescatado ileso el pasado martes mediante la intervención de autoridades provinciales y fiscales federales. Hay cuatro detenidos que fueron formalmente imputados ayer y se les dictó la prisión preventiva.
El fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, declaró la legalidad de las detenciones de los acusados, identificados como Héctor Joaquín Rodríguez, Ezequiel Maximiliano Toledo y los hermanos Franco Gerónimo y Héctor Mario Campo. Están acusados por el delito de secuestro extorsivo agravado por la condición de la víctima, ya que se trata de un hombre mayor de 70 años, y por la participación de tres o más personas en el hecho.
Además, a Toledo y Campo se los imputó por resistencia a la autoridad agravada. El juez dispuso la prisión preventiva para los cuatro y coincidió con los argumentos del fiscal al señalar la naturaleza y gravedad del hecho, el riesgo de fuga y y de entorpecimiento del proceso penal, y la expectativa de pena que podría corresponderles.
El fiscal fue asistido por los investigadores Carolina Aráoz, Nicolás Dubois y Pablo Carraro. Al exponer el caso detalló cómo los acusados llevaron adelante el secuestro Giménez, quien es presidente de la empresa de transporte El Cóndor. El secuestro, recordó Toranzos, causó gran conmoción en esta ciudad.
El fiscal sostuvo que la víctima fue captada cuando se dirigía a su trabajo en una camioneta Mercedes Benz, por la ruta provincial 26, en la zona este de la ciudad, como lo hacía todas las mañanas. Dos de los acusados se vistieron de policías a instalaron un control vehicular, maniobra que les sirvió para tomar cautivo al empresario. Detalló que los acusados le taparon el rostro a la víctima y dieron varias vueltas para desorientarlo, y luego lo llevaron hasta una vivienda en el barrio Los Paraísos, ubicado en la misma zona, donde lo mantuvieron cautivo.
Toranzos explicó mediante una proyección digital, que un día antes, el 29 de noviembre, Franco Campo había acordado con la dueña de la casa del barrio Los Paraísos el alquiler de un cuarto, aduciendo que era para un familiar. Y destacó que esta acción demostró la logística puesta en marcha por los acusados, quienes actuaron de acuerdo a un plan previamente diagramado y al cual se ajustaron. “En esta casa, los imputados le pidieron al empresario una suma de 50 millones de pesos de rescate, pero la víctima les dijo que era imposible, por lo que bajaron el monto a 5”, contó.
Luego usaron el teléfono de Toledo para comunicarse, a las 13.42, con un hijo del empresario, a quien pusieron al habla y quien, bajo instrucciones de sus secuestradores, le pidió los 5 millones de pesos y argumentó que los necesitaba para cerrar un negocio que estaba por realizar con personas de Jujuy. La familia ya había iniciado la búsqueda del dueño de la empresa. El pedido de dinero fue inusual para los familiares, quienes dieron intervención a la policía.
En un principio intervinieron las autoridades provinciales, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, designó al fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio para la investigación del caso, y tomaron contacto con el fiscal general federalo Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Dalta, debido a quel el secuestro extorsivo es delito de competencia federal.
Toranzos realizó gestiones investigativas ante la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal. El Ministerio Público Fiscal federal destacó que el aporte de este organismo fue clave, ya que a partir de los sistemas técnicos que opera hicieron un seguimiento en tiempo real de los sospechosos. Además, el fiscal solicitó las intervenciones telefónicas y que se hiciera un seguimiento satelital, medidas que luego fueron avaladas por la jueza de Garantías provincial Ada Zunino.
De este modo se pudo llegaron a conocer la zona de acción de los secuestradores. Hubo otros llamados del empresario al hijo, en uno logró dar alerta y en otro acordaron la entrega del dinero en el mismo lugar donde había sido captado por los acusados.
Entrega monitoreada
Aprovechando que Giménez había pedido a su hijo que enviara a un tercero y que no fuera él a entregar el rescate, se designó a un policía capacitado como mediador para llevar la suma de dinero.
El fiscal relató en la audiencia que se produjo un hecho inesperado cuando policías que no eran parte del operativo de rescate, divisaron en la zona demarcada un automóvil que tenía la chapa patente tapada con una cinta, por lo que detuvieron a sus dos ocupantes y los trasladaron a una dependencia policial de la zona. Los demorados resultaron ser Rodríguez y Franco Campo, que se habían instalado para vigilar el intercambio del dinero por el empresario. Sin embargo, esto tampoco se concretó debido a que Toledo y Héctor Campo, que se movilizaban en la camioneta de la víctima, decidieron cambiar de rumbo porque presumían que había policías de la Brigada de Investigaciones.
Pero los policías que sí participaban del operativo pudieron localizar esta camioneta y comenzaron una persecución. “En un momento, uno de los vehículos de la policía, logró ponerse por delante de la camioneta y un comisario descendió para obligarlos a detenerse, pero los dos secuestraron avanzaron contra el efectivo, quien logró hacerse a un costado para evitar ser arrollado”, contó el fiscal. La persecución continuó por unas calles más hasta que finalmente, y por una mala maniobra del conductor, la camioneta se estrelló contra la pared de una casa, en el barrio Ampliación de Parque la Vega. Toledo y Héctor Campo solo atinaron a escapar, mientras que el empresario era rescatado.
La detención de Toledo se produjo después en su vivienda, ubicada en la zona sur de la ciudad. El cuarto detenido, Héctor Campo, se entregó después. El fiscal Toranzos dirigió una serie de allanamientos, los que permitieron determinar la casa donde el empresario estuvo cautivo y la recolección de otras pruebas.
En la investigación Toranzos consiguió las pruebas para sustentar el pedido de prisión preventiva, el que fue cuestionado por la defensa de Toledo, que buscó que su cliente fuera beneficiado con un arresto domiciliado.
El juez Bavio también resaltó la gravedad del hecho, calificó el caso como “novedoso” en Salta y a su vez “osado” por parte de los acusados, a los que describió como “peligrosos”.
El procurador general García Castiella ya había calificado también este hecho como "inusual y extremadamente grave". En conferencia de prensa con el fiscal Ramos Ossorio habían señalo que al menos los dos primeros detenidos son de la provincia y tienen antecedentes por delitos contra la propiedad.
