Familiares de lxs gendarmes fallecidxs en el siniestro vial del 14 de diciembre de 2015 marcharon en la ciudad de Salta, desde el Monumento a Güemes hasta la sede de la Cámara Federal de Apelaciones, en cuya Sala II se tramita la apelación planteada por el abogado Mauricio Arriagada y la abogada Nuria Monserratt en contra de la decisión del juez federal de Garantías Julio Bavio de archivar una causa por asociación ilícita en la que se pretendía continuar la investigación de este hecho. Los camaristas Alejandro Castellanos, Guillermo Elías y la camarista Mariana Catalano darán a conocer una resolución en cinco días hábiles.

"La audiencia fue porque el juez había archivado las actuaciones, en realidad era un desprendimiento de otra causa, él dijo que era incompetente, me parece que hubo un mal entendido. Yo dije que la competencia para investigar esos hechos era de Santiago del Estero", explicó a Salta/12 el fiscal federal Carlos Amad. 

El fiscal señaló que coincide con la querella porque, en caso de haber existido malversación y asociación ilícita, se cometió en aquella provincia. Arriagada y Monserratt sostienen que algunos jefes de Gendarmería incurrieron en estos delitos porque no habrían usado para el fin establecido los fondos estatales destinados al mantenimiento de los vehículos del Destacamento Móvil 5, con asiento en Santiago del Estero. El 14 de diciembre de 2015 un colectivo de ese Destacamento que trasladaba gendarmes desde aquella provincia a Jujuy tuvo un desperfecto mecánico y cayó de un puente en la ruta nacional 34. Como consecuencia de esa caída murieron 43 gendarmes.

"La Cámara se va a tomar cinco días en resolver, lo más probable es que la semana que viene tengamos una resolución al respecto", estimó Amad. El fiscal indicó que la causa se tiene que archivar en Salta porque tiene que ir a Santiago del Estero, para que se investiga en la jurisdicción de esa provincia.

Por otro lado, Arriagada se opuso al archivo y dijo que desde el inicio pidieron que la causa se investigue en Santiago del Estero, ya que entienden que el delito se cometió en esa provincia y por eso también radicaron allí la denuncia. "En esta audiencia se está peleando que no se archive la causa de asociación ilícita de octubre de 2017. Bavio pretende archivar las actuaciones y no investigar qué pasó con el presupuesto que había en 2015. El 12 de octubre de 2021 se conoció la auditoría contable que llevó adelante un perito de parte de la querella y el perito oficial que pertenece a la Unidad de la Policía Federal, ésta concluyó que los registros son inconsistentes y que no hay una ejecución correcta del presupuesto", aseguró. 

El abogado precisó que en 2015 se habían asignado 63 millones al Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero para el mantenimiento y repuestos de automotores, donde tenían 50 vehículos y 2 colectivos, y que se rindieron $18.000 por estos últimos.

"La plata estaba para mantener los vehículos, quienes no la aplicaron correctamente son los jefes de Gendarmería y es lo que queremos que se investigue conforme al sentimiento de todas las víctimas que representamos, que se sienten maltratadas por las decisiones que ha tomado la Justicia Federal, principalmente el juez de instrucción y el Tribunal Oral Federal 2", señaló Arriagada. Puso énfasis en la necesidad de que se investigue qué pasó aquel 14 de diciembre y por qué.

La causa por asociación ilícita se tramita de forma separada a otra en la que se investiga a cuatro comandantes y a un suboficial de Gendarmería por estrago culposo seguido de muerte y que está en etapa de juicio oral, aunque este proceso se suspendió el pasado 15 de noviembre. En la causa que llegó a juicio se investiga el siniestro vial en el que murieron 43 gendarmes del Destacamento Móvil 5. Todos viajaban en un colectivo de la fuerza al que se le reventó un neumático y cayó al lecho del arroyo Balboa, sobre la ruta nacional 34, cerca de la ciudad de Rosario de la Frontera, en el sur de la provincia. En la investigación se determinó que el colectivo no estaba en condiciones técnicas.

"Solicitamos que se le otorgue el trámite para que se sepa la verdad de todo", sostuvo Arriagada respecto al posible fraude a la administración pública. "Hemos denunciado en 2017 y se responsabiliza al director general de Gendarmería y a los jefes que ya están procesados por el estrago que nosotros estimamos por dolo eventual, hablo de la responsabilidad que arranca en (Ricardo) Villasanti, (Ramón) Maidana, (Juan) Bordón, (Elio) Méndez y continúa a los jefes de la región 4 de Tucumán, entre ellos el comandante mayor León, asimismo el director de Logística en ese momento a nivel nacional que es el comandante general Otero. Son más los que han intervenido en esta cadena de mando burocrática que lleva a distintos controles", sostuvo el letrado.

"No puede ser que hayan pasado 6 años y por un peloteo entre el juez (Guillermo) Molinari (de Santiago del Estero) y Bavio, éste se la guarda y archiva, cuando se la tendría que haber devuelto a Molinari", lamentó.

"Por distintas maniobras procesales terminó en manos del juez de instrucción de Salta. El fiscal Amad señaló que existe un desorden procesal en esta investigación", añadió Arriagada. Agregó que el control del proceso penal depende de los magistrados, no de los querellantes, en lo que aparece como una respuesta a la decisión del Tribunal Oral en lo Federal N° 2 de Salta, que suspendió el juicio por estrago al entender que hubo fallas en la elevación a juicio de ese proceso y responsabilizó a las querellas por las demandas que no fueron notificadas a los acusados.

"La interpretación que hemos hecho es que con este desorden lo que hacen es garantizar la impunidad", afirmó.

"Que nos escuchen"

"Estamos reclamando justicia (...). Venimos de Santiago del Estero a marchar, a que nos escuchen, porque a casi 6 años del hecho, no vemos justicia, no vemos respuesta y nos mienten en la cara. Siempre vamos a estar presentes, en cualquier ocasión que nos necesiten vamos a estar. Queremos saber qué pasó con los 43 gendarmes, qué pasó con mi padre. No nos dan la verdad. Ese colectivo no tenía que circular hace no sé cuántos años atrás, se tuvo los recursos para arreglarlo pero no se lo hizo. Hubo tantas injusticias que nos vamos enterando con el tiempo, los jueces no se hacen cargo y no responden", dijo a Salta/12 Luciana Sánchez, hija del gendarme fallecido Rodolfo Sánchez Fernández.

Sánchez señaló que entre lxs 43 gendarmes fallecidxs había dos mujeres, Silvia Beatriz Hidalgo y Selva Rosario Florentín, poco nombradas en la causa. La joven opinó que la causa por asociación ilícita "es una denuncia tan fuerte que no se hicieron cargo (los jueces), queremos saber qué pasó con esa plata" destinada al mantenimiento de los vehículos, manifestó.

Anteayer familiares de distintas provincias viajaron a Salta para manifestarse. Sánchez dijo que no reciben ninguna ayuda económica gubernamental para los viáticos.

Respecto a la suspensión del juicio por estrago a cuatro comandantes y un suboficial de Gendarmería, Sánchez expresó que es algo que le duele y le da mucha bronca. Los jueces Domingo Batule, Abel Fleming y Mario Juárez Almaraz decidieron volver la causa a la etapa de instrucción.

Arriagada dijo que el jueves pasado se conocieron los fundamentos de esta decisión y planteó que harán una presentación con un pedido de aclaratoria ya que reprochan que los jueces culparan a la querella por errores procesales que él considera, fueron de los funcionarios de justicia intervinientes y del mismo TOF 2, que tenían el deber de controlar que la instrucción esté completa, según lo establece el artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación. "A ese deber no lo cumplieron, después le manifiestan a las mismas víctimas, dañándolas más, diciéndoles que eran las responsables de que no se lleve adelante el juicio", afirmó.

Anunció que el grupo de familiares al que representa hará una presentación al Consejo de la Magistratura de la Nación denunciando a los funcionarios intervinientes por mal desempeño. Dijo que allí también reprochan "la falta de verdad" sobre la anulación de la elevación a juicio.