A partir de la circulación de Ómicron, la pandemia ingresó en una nueva fase. Los gobiernos del mundo que marchaban hacia la normalidad y planificaban la postpandemia, en el presente, revitalizan sus campañas de vacunación para proteger a sus poblaciones con aplicaciones de refuerzo, mientras buscan ampliar la cobertura de aquellos que previamente no se habían inmunizado. Si a comienzos de 2020 se creía que con el 60 o el 70 por ciento de la población inoculada se podía alcanzar la inmunidad del rebaño, en el presente esa aspiración se ha modificado y los porcentajes previstos se elevan. Hay expertos --como el biólogo molecular Ernesto Resnik-- que creen que para que el coronavirus deje de propagarse, el 100 por ciento de la población mundial debería estar inmunizada, tras haber recibido el esquema completo, o bien, luego de haberse infectado.
Europa, desde un inicio, ha servido como la imagen viva de aquello que, luego de unos meses, podía replicarse en Latinoamérica. Con naciones que ya atraviesan entre la cuarta y la sexta ola, el Viejo Continente tiene 150 millones de ciudadanos sin inmunizar; aproximadamente, un tercio de su población total. Las opciones de ingeniería social que hilvanan los gobiernos se desplazan entre la imposición de nuevas restricciones de circulación para los no vacunados y el establecimiento, mediante normas ejecutivas o parlamentarias, de la vacunación obligatoria para covid. Esta semana, Ursula Gertrud von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea, expresó la necesidad de “adoptar un enfoque común”, con el objetivo de que la obligatoriedad de la vacunación comience a ser discutida en las 27 naciones que componen la Unión Europea.
No obstante, el hecho de imponer una obligación no equivale a su cumplimiento efectivo. Uno de los obstáculos más comunes se halla en la aplicación y en el establecimiento de sanciones. Austria es el primer país en que, a partir de febrero, regirá la vacunación obligatoria; por tanto, quienes rechacen la aplicación recibirán multas de 7.200 euros. Grecia es otro de los Estados que parecen caminar en la misma senda: los mayores de 60 años están obligados a ser inoculados y aquellos individuos que se rehúsen a recibir sus inyecciones también recibirán castigos monetarios.
En Alemania, que tiene al 68 por ciento de su población vacunada con ambas dosis, se registran días con 75 mil casos y 450 fallecimientos. Ángela Merkel anunció que aquellos individuos que no se inocularon, no podrán ingresar a comercios no esenciales, así como tampoco asistir a locales gastronómicos y sitios de recreación y ocio. En paralelo, se prepara un proyecto legislativo para regular la obligatoriedad de la vacuna que, según estiman, podría estar listo en marzo. De manera complementaria, se estipula el uso obligatorio de barbijos en las instituciones educativas, y también el cierre de clubes y discotecas cuando la incidencia supere los 350 contagios por cada 100 mil habitantes.
En República Checa, se hornea un decreto para establecer la obligatoriedad en algunos grupos poblacionales esenciales: el personal de salud, las fuerzas de seguridad y los mayores de 60 años serán los contemplados. Como los casos en territorio checo están en ascenso, las restricciones también apuntan a limitar los encuentros sociales, a partir del cierre de los locales gastronómicos y bailables a las 22 horas.
En otras naciones, como España y Portugal, la postura oficial con respecto a la obligatoriedad de la vacunación es diferente porque exhiben una mejor cobertura de sus poblaciones: la primera superó el 80 por ciento con el esquema completo y la segunda alcanzó el 87 por ciento. Desde la concepción de las autoridades sanitarias, aún no es necesario recurrir a una instancia obligatoria; aunque la perspectiva política podría modificarse si la realidad epidemiológica, como ya empieza a advertirse, amenaza con empeorar y las hospitalizaciones se incrementan de manera marcada a partir de la nueva variante. En la mayoría de los países, la discusión en torno a la obligatoriedad no adquirió tanto vigor y solo se solicita --como hará Argentina en las próximas semanas-- el pase sanitario para participar de eventos masivos.
¿Salud pública vs. libertades individuales?
Los argumentos a favor de la vacunación obligatoria descansan en la defensa de la salud pública: mediante un acto individual se protege al colectivo. Desde de aquí, no solo se trata de un derecho sino de una obligación. Mientras tanto, los argumentos en contra de esta medida se basan en el respeto de una libertad que no debe ser cercenada. Una vez más, se trata de demarcación de límites: será cuestión de evaluar si el mundo está --nuevamente-- preparado para exhibir sus sistemas sanitarios desbordados. Parece contradictorio: hacer gala de una libertad que se vuelve imposible de ejercer si uno es quien finalmente fallece.
En tiempos excepcionales como una pandemia, hasta los antivacunas acérrimos, luego de atravesar la enfermedad, deciden apoyar a los científicos. Es el caso del italiano Lorenzo Damiano que recorrió los portales del mundo por ser uno de los líderes del movimiento “No Vax” y en el presente recomienda seguir a la ciencia, porque es “la que te cura y te salva”. También hay ejemplos puertas adentro: de manera reciente se viralizó la foto del economista Javier Milei, que en repetidas ocasiones se expresó contra las vacunas, recibiendo su dosis.
La salida se halla en la democratización del acceso a estas tecnologías sanitarias. La geopolítica exhibe la desigualdad, un desequilibrio que debe modificarse si se prevé, en algún momento, revertir la pandemia. Mientras que África ha inmunizado al 11 por ciento de su población, Europa por un lado y Estados Unidos y Canadá por otro, han alcanzado el 66 y el 72 por ciento respectivamente. No solo hay que vacunar a los que no quieren sino también a los que quieren pero no pueden.
Lo que ocurre en Argentina
En el ámbito local, donde ya se ha inoculado el 81 por ciento de la población con una dosis y el 66 con ambas, las voces a favor de la obligatoriedad de la vacuna contra la covid-19 cada vez se oyen más fuerte. El viernes, científicos y científicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) emitieron una recomendación para establecer la vacunación obligatoria en la población adulta. Con eso, señalan, se busca “controlar la circulación del virus e impedir la aparición de nuevas variantes”. Desde el Consejo Directivo de la Facultad también recomendaron su obligatoriedad para todos los alumnos, alumnas, docentes y no docentes que se desempeñen en el ámbito educativo.
Durante estos días, el Ministerio de Salud trabaja en ultimar los detalles del pase sanitario: la credencial (donde conste la aplicación del esquema completo) que deberán tener todos los mayores de 13 años para concurrir a eventos masivos o encuentros en espacios cerrados. Algunas jurisdicciones, como Tucumán y Salta, ya pusieron en marcha los propios. Habrá que esperar para ver qué jurisdicciones se pliegan a la intención del Gobierno de avanzar en la protección universal de la sociedad.
