El Gobierno nacional volvió a recurrir a la venta de patrimonio público para financiar la gestión. Esta vez, habilitó por decreto –amparado en una ley de la dictadura- la enajenación de casi 92 mil m2 de terrenos ferroviarios en el barrio de Retiro. Serán destinados a construir un complejo de oficinas y viviendas de alto nivel.
El predio en cuestión es conocido como Empalme Norte y está ubicado entre las avenidas Antártida y Madero, y Cecilia Grierson y las plazas de Retiro. En la jerga inmobiliaria lo denominaron como el Catalinas Norte II, ya que lo identifican como la continuación del predio Catalinas Norte que fue subastado en 2009 por el gobierno porteño.
En aquel entonces, los otros tres terrenos fueron vendidos por unos 100 millones de dólares a las empresas Consultatio –de Eduardo Costantini-, IRSA y la constructora de Nicolás “Nicky” Caputo, con el argumento de que el dinero se utilizaría para obras de infraestructura escolar que nunca se ejecutaron por completo.
Ahora el Ejecutivo nacional habilitó la venta de este predio con el objetivo, según el decreto 1173/2016, de financiar una parte de la construcción del Paseo del Bajo, el nuevo nombre que le asignaron a la Autopista Ribereña.
Por la venta de los terrenos de Empalme Norte se calcula que ingresarían unos 150 millones de dólares. De esta manera, la Ciudad completaría el financiamiento de una obra calculada en 500 millones de dólares, de los cuales 360 aportará un crédito de la Corporación Andina de Fomento.
El proyecto Catalinas Norte II circulaba desde hace un tiempo como parte indivisible de la anunciada urbanización de la Villa 31 y el desvío de la traza de la Autopista Illia. El Paseo del Bajo conectará justamente a la Illia con la Autopista Buenos Aires La Plata y bordeará el sector que ahora se convertirá en una suerte de “isla” inmobiliaria de lujo en pleno centro de la Ciudad.
Así lo explicó el director del área de Derechos Económicos, sociales y culturales del CELS, Eduardo Reese: “La urbanización de la 31 estaba atada a la autopista ribereña, que en verdad es muy importante para valorizar los terrenos de Catalinas Norte. Para resolver su venta, tenés que resolver la autopista”.
Para el abogado integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, se trata de uno de los ejes del gobierno de Mauricio Macri: “El PRO utiliza la urbanización de las villas, que es algo muy bueno, con la necesidad de generar negocios inmobiliarios que perjudican al Estado y a la planificación urbana”.
Baldiviezo alertó sobre la posibilidad de que se esté cobrando menos de lo que en realidad valen las tierras. “Al vender sin la zonificación, se vende en menor precio. El Estado se retira de las futuras ganancias que podría tener al ser dueño de esos terrenos y se deja todo librado a las ganancias del mercado”, explicó.
En efecto, una vez vendidas las tierras a los desarrolladores inmobiliarios, la Legislatura porteña deberá tratar la rezonificación de los predios para habilitar las nuevas torres. Para aprobar los cambios de normativa, el PRO deberá reunir 40 votos de 60, realizar una Audiencia Pública, y volver a votar el proyecto.
Modus operandi
La decisión de vender tierras públicas es una constante del macrismo. Desde que asumió la presidencia de la Nación, Macri firmó tres decretos (952, 1064 y 1173) en los que dispuso la venta de 53 inmuebles en distintos puntos del país y en el exterior. En todos los casos, el Ejecutivo autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a enajenar las propiedades por considerarlas “innecesarias para la gestión”.
Los decretos están amparados en el decreto-ley 22.423 de la dictadura, que delegaba en el Ejecutivo la potestad de disponer de los inmuebles públicos sin control del Congreso, por entonces cerrado por el gobierno de facto. Según Baldiviezo, se trata de una ilegalidad. “Se reflota un decreto para vender discrecionalmente patrimonio público que se contradice con la reforma constitucional de 1994, es alarmante que el Congreso no reaccione”, apuntó.
Durante la jefatura del Gobierno porteño, Macri recurrió en varias ocasiones a la venta de inmuebles estatales. Según un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, entre concesiones y ventas, el PRO cedió al mercado más de 200 hectáreas en una Ciudad que padece una crisis habitacional que afecta a más de medio millón de personas.
En 2012, la Legislatura aprobó la venta de 23 inmuebles considerados “innecesarios para la gestión”, cuyo dinero sería utilizado para poner en valor el Teatro San Martín, entre otras cuestiones. Las obras en el San Martín fueron el eje de varias disputas, ya que llevan un retraso importante, con salas cerradas desde enero y con fecha de reapertura difusa.
Un año después, en noviembre de 2013, la Legislatura volvió a tratar un proyecto enviado por Macri, que proponía la venta de 40 inmuebles, también considerados innecesarios. El dinero sería destinado en partes iguales para los ministerios de Educación y de Salud, “a efectos de garantizar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura educativa y sanitaria respectivamente”. Sin embargo, los problemas en ambas áreas continuaron e incluso se profundizaron.
En materia educativa, varias escuelas denunciaron problemas graves de infraestructura. Además la Ciudad atraviesa una crisis por falta de vacantes irresuelta. De hecho, el ministerio reconoció que este año más de 11 mil chicos se quedaron sin lugar en la escuela pública.
No menos grave es la situación en Salud, donde los médicos se mantienen en estado de alerta y movilización por falta de personal, insumos y problemas edilicios. En 2015, por ejemplo, la Ciudad atravesó un conflicto de dimensiones al asegurar que no tenía el dinero pautado para el financiamiento del Hospital Garrahan.
