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El Frente Amplio de Uruguay dio su apoyo a una marcha que esta semana rechazará un proyecto de ley por el que exmilitares presos por violaciones de derechos humanos podrían ser puestos en prisión domiciliaria al cumplir 65 años. La coalición de izquierda se alineó con la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos durante la dictadura de 1973 a 1985, que ya se había manifestado en contra de la medida impulsada por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Tras 15 años en el gobierno nacional y un año y medio como oposición, el Frente Amplio renovaba su conducción este domingo con la elección de un presidente nacional y las jefaturas departamentales, además de integrantes de los plenarios nacional y regionales.
La iniciativa es "un claro intento de beneficiar a reclusos presos por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar", sostiene un documento aprobado por la Mesa Política Nacional del Frente Amplio. La coalición llamó así a "participar y acompañar" la movilización convocada por el grupo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la asociación de Ex-presos Políticos del Uruguay (CRYSOL) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de vivienda Por Ayuda Mutua (FUCVAM).
También participarán de la protesta la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU) y el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), uno de los primeros en repudiar el proyecto de ley. Según la convocatoria, las organizaciones se movilizarán el próximo nueve de diciembre desde la plaza de La Libertad hasta el Palacio Legislativo de Montevideo.
La central de sindicatos de Uruguay ya había adelantado que se opondría a que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad "no paguen por sus delitos con prisión efectiva". "Defenderemos la democracia y un estado de derecho de quienes fueron parte de la dictadura y ejercieron el terrorismo de Estado", indicó el PIT-CNT en un comunicado.
La propuesta de ley fue presentada en el Parlamento por el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, fuerza que integra la coalición de gobierno de Lacalle Pou. El senador es un activo defensor de represores que el año pasado zafó de un pedido de desafuero en la Cámara Alta. Se lo acusaba de omitir la confesión del represor José Nino Gavazzo durante su etapa como excomandante del Ejército, entre 2015 y 2019.
La iniciativa, que propone que los presos mayores de 65 años dejen la cárcel y cumplan prisión domiciliaria, generó una polémica que lleva semanas porque hay sectores que advirtieron que beneficiaría a exmilitares condenados por crímenes durante la dictadura cívico-militar, que ahora están presos. La organización CRYSOL aseguró que el proyecto "pretende mejorar las condiciones penitenciarias, ya de por sí envidiables, que tienen los escasos represores que han sido juzgados y condenados" en Uruguay.
La asociación que nuclea a los ex-presos políticos de Uruguay hizo una distinción respecto a lo que lo que ocurre en países vecinos como Argentina o Chile, donde "centenares de represores fueron juzgados, condenados y purgan sus condenas" en cárceles comunes. "Votar en contra de este proyecto de ley es un acto militante en favor de la democracia y de las normas de derechos humanos. El sistema político en su conjunto debe oponerse", advirtieron en un boletín.
El mes pasado, cinco relatores de la ONU en materia de derechos humanos expresaron en una carta que enviaron a Lacalle Pou su "profunda preocupación" por la chance de que la iniciativa avance en el Congreso. Por su parte, el expresidente de Uruguay y líder colorado, Julio María Sanguinetti, dijo que el proyecto era "inoportuno".
El sábado, la hinchada del club de fútbol Nacional, uno de los más populares de Uruguay, desplegó una pancarta que decía "No a la liberación de los torturadores" durante el partido que jugó contra River Plate de Montevideo. En la misma línea, la dirigencia del Frente Amplio destacó su compromiso "por la Verdad y la Justicia y el firme deseo de que en Uruguay no vuelvan a cometerse las atrocidades ocurridas durante la última dictadura", a causa del pacto de silencio entre militares retirados y activos.
El Frente Amplio elige autoridades
La coalición de izquierda que gobernó Uruguay durante 15 años (2005-2020) renovaba este domingo a sus autoridades: la presidencia, los integrantes del plenario nacional, los presidentes departamentales y los miembros de los 19 plenarios departamentales. Debido a la "alta concurrencia de votantes", el Frente Amplio decidió extender la votación hasta las 20 horas.
La presidencia del partido era disputada por tres candidatos: el diputado socialista Gonzalo Civila; la exsenadora del Movimiento de Participación Popular (MPP), Ivonne Passada; y el extitular del PIT-CNT, el sindicalista Fernando Pereira. Pese a perder las elecciones de 2019 en segunda vuelta frente a una coalición de partidos de derecha y centroderecha, el Frente Amplio sigue siendo la fuerza política con el mayor caudal de votos del país.
