Las delegadas municipales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Pichanal, Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, y Orán, denunciaron a la secretaria General de la seccional departamental de Orán, María Pizola, por falta de representatividad hacia ellas y los trabajadores que representa. También sumaron malos tratos y actitudes antidemocráticas, debido a que toma decisiones junto a los intendentes sin abrir un espacio de diálogo con las bases.

Desde esa seccional, ya hicieron llegar su enojo y el pedido de intervención a la dirigencia provincial, a cargo de Mabel Álvarez, y al sector nacional que las representa, a cargo de Hugo “Cachorro” Godoy, a quien en una nota le expresaron que se sienten “profundamente dañados, hostigados y decepcionados”. “El se lavó las manos y nos dijo que lo dejaba todo en manos de Mabel Álvarez, y que había que respetar el mandato democrático de Pizola, pero nunca pasó nada”, relató la delegada municipal de Colonia Santa Rosa, Roxana Correa.

Sin embargo, ante la insistente queja y pedido de representatividad por parte de las empleadas municipales, la secretaria General de la seccional decidió apartarlas de sus cargos “a los que también habíamos accedido por la vía democrática”, impidiéndoles incluso el ingreso a las sedes municipales de ATE.

El conflicto comenzó en el 2020, a poco de asumir la nueva conducción electa en el 2019. Cuando con los primeros reclamos por recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales, las delegaciones locales no recibieron el respaldo de su nueva conductora departamental, la médica María Pizola. “Ella se negaba a pedir el 30% de aumento, no quería hacer presentaciones contra la municipalidad porque entendía que el intendente de Colonia no iba a querer darnos nada”, contó Correa a Salta/12

En ese momento, al no obtener respuesta departamental, las municipales se comunicaron con el entonces secretario General Juan Arroyo, “fue directamente el que nos apoyó enviando notas y miembros de la Comisión Directiva provincial a los municipios, y ella se presentó en mi casa personalmente muy molesta por cómo habíamos actuado y acusándome de que la iban a multar culpa nuestra”.

Tampoco las defendió en cuanto a los pedidos de mejoras en elementos de trabajo y en el caso de Colonia Santa Rosa, la falta de pago de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, ya que según aseguró Roxana Correa, la municipalidad hace 14 años no paga la ART correspondiente y cuando sufren accidentes no tienen quién los cubra o ayude. También obvió el reclamo del insignificante básico que perciben los empleados, “cobramos básicos de $2.300 que no le alcanzan para vivir a nadie”. 

“Ella no solo se negó a ayudarnos, sino que siempre buscó truncar y boicotear nuestros pedidos, presentando escritos sobre los nuestros en los que pedía una menor recomposición salarial”, manifestó la delegada municipal.

En la carta abierta que enviaron a la cúpula nacional de ATE, denuncian que la representanta local “nunca tuvo signos de querer luchar contra la desigualdad social”, y que “muy por el contrario, estableció vínculos muy estrechos con los funcionarios del gobierno”, con quienes “firmó numerosas actas a espaldas de los trabajadores, sin previas asambleas” y “a la una de la mañana entre gallos y medianoche”, como sucedió en la firma de convenio paritario de este año “y en el sindicato del SUOEM que siempre traicionaron a los trabajadores”, señaló indignada la referenta local. “Ahí fue cuando ya decidimos que esto no podía seguir así y comenzamos con este reclamo”, declaró.

La delegada de Colonia Santa Rosa recordó que Pizola, es colega y conocida del actual intendente de esa localidad, Jorge Guerra, ya que ambos son médicos y se conocen de su profesión, “por lo que ella acordó siempre los aumentos paritarios por debajo de lo que pedíamos las y los trabajadores y por debajo de la paritaria provincial”.

Desde Yrigoyen se sumó un grupo de jubilados que reclaman entre otras cosas que no tienen acceso al coseguro de salud a pesar de que lo pagan al día a través de descuentos en su jubilación, “hace tres meses que no les reconocen el coseguro”, informó Correa, “y cuando se quejan reciben malos tratos de la señora”, agregó. “Ni siquiera manda obsequios de fin de año, que las demás seccionales lo hicieron históricamente”, sentenció. Y las mismas situaciones de persecución, malos tratos y negociaciones con los intendentes a las espaldas de los representados, manifiestan las delegadas de Orán, Cristina Guzmán, y de Pichanal, María Irene Aramayo.

Denuncia Penal

Además de denunciar los malos tratos y la falta de representación gremial, las delegadas, presentaron una denuncia penal contra Pizola, por no permitirles ejercer su derecho al paro y asamblea, por amenazas y malos tratos: “no solo nos amenazaba con mensajes intimidatorios cada vez que convocábamos al paro, sino que a los trabajadores los asustaba con que los iban a despedir”, expresó la referente de Colonia.

Pero subrayó que en estas últimas oportunidades, desde que decidió apartarlas de sus cargos de delegadas, les impide realizar las asambleas departamentales en la sede de Orán, y que hace unos días envió a efectivos de la Policía a desalojarlas “sin siquiera tener una orden”. Sino que era una solicitud verbal del auxiliar fiscal Rodrigo Guerra, hijo del jefe comunal de Colonia Santa Rosa, a quien también denunciaron penalmente. “Fue una decisión totalmente arbitraria que tomó este señor y con desconocimiento del Juez, que al tomar conocimiento ordenó que podíamos quedarnos en el lugar”, explicó.

“Éramos ocho mujeres, una embarazada de seis meses, que estábamos pacíficamente sosteniendo la asamblea permanente y llegó infantería con un montón de policías armados y con escudos a querer desalojarnos y detenernos”, detalló Correa.

Un día más tarde volvieron a tomar la delegación y continúan de asamblea permanente con el apoyo de las delegaciones y afiliados municipales, y en el proceso cuentan con el acompañamiento de varios miembros de la Comisión Directiva Provincial que viajaron desde la ciudad de Salta hasta el lugar para intentar mediar y defender la representación de las delegadas municipales removidas arbitrariamente por la secretaria General departamental.

Todas fueron elegidas, al igual que Pizola, en el 2019, y tienen mandato hasta el 2023. El caso de Pizola en su momento fue bastante controversial, ya que ganó por apenas 14 votos, y su contendiente Germán Nieva, denunció que esos sufragios aparecieron de personas no afiliadas del Hospital San Vicente de Paul, donde la médica ejerce funciones.