"Segundear, hacer la segunda, armar colectivo, lo colectivo, el rancho, las ñeris. Militarla como una manera de entender que los problemas no son individuales, que no nos dejamos re tiradas, que eso no da, que es de ortiva, de gorra, nunca devenir Bullrich, nunca devenir Berni, siempre segundearnos."

El arresto domiciliario es una alternativa que sostiene el castigo evitando la cárcel, según la escasa información publicada en los últimos años por la Dirección de Asistencia de personas bajo vigilancia electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación aumentó considerablemente la cantidad de mujeres en prisión domiciliaria.

Entre enero de 2018 y agosto de 2020 se sumaron 580 mujeres a la prisión domiciliaria con vigilancia electrónica en la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Al 77%, se les otorgó la prisión domiciliaria por tener niñxs o una persona con discapacidad a cargo, mientras que, en la provincia de Buenos Aires, las mujeres en prisión domiciliaria eran 777 en diciembre de 2019 según el Registro Único de Detenidos, Informe 2019, Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.

La publicación Castigo a domicilio. La vida de las mujeres presas en sus casas nació con el proyecto “Formas alternativas de privación de la libertad de las mujeres en la Argentina” implementado por el CELS. La investigación estuvo a cargo de Macarena Fernández Hoffman, María Hereñú, Manuel Tufró, Teresia Arrouzet y el colectivo editorial Tinta Revuelta (Eva Reinoso, Liliana Cabrera, Ariel Lutzker, Jimena Delgado, Gabriela Fernández, María Medrano y Alejandra Rodríguez.)

“Estar en tu casa encerrade todo el día, sin trabajo, sin poder generar ingresos, ni poder poner un plato de comida sobre la mesa y sintiendo que sos un gasto más para la diaria... te la regalo, es una pesadilla que pocos soportan. Encima y muy probablemente te pongan una tobillera con GPS. Una tobillera que se agarra de tu pie, como si tuvieras un yuta colgado todo el tiempo de la pierna y si te asomás unos metros de más o te movés hasta donde no “debías”, va a chillar y al toque tu tribunal va a estar enterado de que está todo mal con vos y probablemente vuelvas a terminar encerrade. No vas a poder salir a buscar comida, no vas a poder llevar a nadie al médico, ni a tu hije a la plaza, no vas a poder salir a tirar la basura ni al cumple de tu hermana.”

Muy lejos de un beneficio

Si bien la prisión domiciliaria es una salida para que las mujeres puedan estar con sus hijxs y familiares y no padecer las condiciones inhumanas de vida que caracterizan a las cárceles argentinas, lo que el sistema judicial y el Estado no tiene en cuenta es la situación de vulneración extrema en la que se encuentran las mujeres detenidas. La gran mayoría son pobres, están a cargo del cuidado de sus hijxs y de la economía familiar, sin acceso al mercado laboral y solo pueden sostener trabajos precarizados de manera intermitente.

El informe del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena del 2018 (SNEEP) detalla que el 53% de las mujeres presas sólo completó la escuela primaria, y el 62% declara no tener oficio ni profesión. La investigación del Cels pudo comprobar lo que significan estos números en las vidas de estas mujeres: “Desempleo o trabajos precarios, como las changas y la venta de ropa o cosméticos en el barrio, puerta a puerta. A eso se suma el trabajo no remunerado en el hogar y las tareas de cuidado de les niñes. Sobre estas mujeres recae la obligación de generar ingresos. La posibilidad de encontrar algún tipo de ayuda involucra siempre el apoyo de otras mujeres (madres, hermanas, amigas) que suelen estar en la misma situación.”

La filosofa Alba Carosio asegura que, desde los feminismos latinoamericanos, se intenta dar cuenta de cómo la colonialidad produjo en las mujeres negras, pobres, migrantes e indígenas una sumisión y discriminación brutal y mayor que en el resto. El avance del capitalismo liberal y la precarización laboral obliga a las mujeres de más bajos recursos a aceptar ofertas laborales informales con sueldos miserables, sin tener acceso a sus derechos. Carosio habla de un fenómeno llamado feminización de la pobreza: “La pobreza fue adquiriendo rostro de mujer latinoamericana, en su triple discriminación de género, clase y etnia. Es un proceso direccional que muestra a las mujeres como principal colectivo afectado. Varios fenómenos han ido en aumento: el grupo madres solas jefas de hogar, que tiene gran debilidad económica; una proporción creciente e importante de embarazo a temprana edad, con la consecuente vulnerabilidad económica”.

Según el INDEC, el 10% más pobre de la población en Argentina está compuesto en un 60% por mujeres. La feminización de la pobreza está íntimamente relacionada con el encarcelamiento de mujeres que se encuentran en extrema vulnerabilidad. “En estas condiciones, los límites entre las actividades consideradas legales y aquellas prohibidas por el Código Penal son muchas veces difusos, y los cálculos en pos de la supervivencia pueden responder a lógicas que no se organizan desde la simplificación de “lo legal y lo ilegal”. Más de la mitad de las mujeres que cumplen arresto domiciliario (55% en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), 77% en el SPF) están procesadas o condenadas por delitos de drogas, situación que en casi todos los casos tiene una relación directa con la supervivencia económica”, detalla el Cels.

Historias que merecen ser contadas

“Castigo a domicilio” surge bajo la iniciativa del Cels de escribir un informe para visibilizar la problemática que conlleva la vida bajo arresto domiciliario. Con la intención de que no terminara en un informe tradicional convocaron a la organización social YoNoFui, un colectivo popular transfeminista y anticarcelario que trabaja en proyectos artísticos y productivos en las cárceles de mujeres de Ezeiza y afuera, una vez que las mujeres recuperan su libertad. El trabajo en conjunto dio como resultado un libro que contiene la riqueza de las historias de vida de las mujeres en prisión domiciliaria, la investigación y la rigurosidad informativa de datos y estadísticas publicadas por diversos organismos públicos.

"Primero hicimos entrevistas a compañeras que se encuentran en arresto domiciliario, en ese momento venían a los talleres que dábamos en nuestra casa de Flores. Conseguimos como colectivo, que les den el permiso a las compañeras en arresto para que puedan venir a nuestros talleres. Entonces armamos encuentros donde nos fueron contando sus historias. Luego en nuestro taller editorial Tinta Revuelta recuperamos esas entrevistas e hicimos crónicas entre sus relatos y los encuentros que tuvimos con ellas. Por último, nuestro colectivo audiovisual Luz en la piel, organizó un taller virtual con las compañeras en arresto y luego fueron casa por casa a tomar conjuntamente las fotos para el libro", explican lxs integrantes de YoNoFui.

La tobillera electrónica en primer plano.

¿Qué significó para las chicas que puedan contar sus experiencias de prisión domiciliaria?

--Para las compañeras significó el hecho de poder visibilizar lo que les está pasando, que puedan dar una versión de primera mano de esta problemática y no lo que se divulga en los medios de comunicación hegemónicos. Ser escuchadx cuando estás atravesando situaciones tan complejas siempre es movilizante, porque estas compañeras no suelen escucharlas o como se piensa que el arresto es un beneficio, piensan que no hay ningún problema, pero en este libro queda demostrada la falta de políticas públicas que tienen impacto en las vidas de nuestras compañeras.

En 2004 el colectivo YoNoFui comenzó a tejer una red de contención, formación de oficio y acompañamiento para las mujeres que salían con prisión domiciliaria, en principio, con aquellas que conocían de los talleres que dictaban en Ezeiza. Por ese entonces, YoNoFui tenía dos años de vida y ya militaban por la modificación de la ley 26.476 que establecía la prisión domicilia solo para enfermxs terminales. Cuando se extendió el derecho a acceder al arresto domiciliario a mujeres con hijes menores de cinco años, la red explotó, iban casa por casa a montones de barrios de todo el conurbano bonaerense.

En 2012 armaron el primer proyecto de acompañamiento a mujeres con arresto domiciliario, para que tuvieran la posibilidad de salir de sus casas y asistir a los talleres que brindaba el colectivo, aprender y compartir con ellxs. Lo presentaron ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf). "Funcionó tan bien que con quienes participaron durante dos años del programa, armamos la cooperativa de trabajo de YoNoFui", cuentan.

El informe especifica que el 46% de las mujeres privadas de su libertad en Argentina lo están por alguna infracción a la Ley 23.737 (estupefacientes), que se considera un delito no violento y solo el 15% está presa por homicidio o lesiones dolosas. Es importante tener en cuenta que dentro de este grupo se encuentran aquellas mujeres que cumplen condena “por haber reaccionado contra hombres que las violentaban, a ellas o a sus hijes”.

Estos datos dan cuenta de la falta de perspectiva de género con que el poder judicial (jueces, fiscales y defensores) estigmatiza y criminaliza a mujeres que cometieron un delito en situaciones de violencia de género sin considerar ese contexto. “En ese 15% también hay mujeres que atravesaron un evento obstétrico que fue penalizado como homicidio agravado por el vínculo. Son personas empobrecidas, vulneradas, algunas migrantes. Su destino queda marcado cuando el sistema penal recae sobre ellas”, señala el informe.

Cuentas pendientes

El castigo no solo recae en las mujeres, sino también, en sus hijes y familiares, no alcanza con bajar la población carcelaria con arrestos domiciliarios cuando estos presentan un sinfín de problemas para quienes deben cumplir esta forma punitiva alternativa. Desde el Cels señalan: “Las acciones urgentes y las políticas específicas tienen que estar orientadas a desincriminar conductas, a desarrollar y financiar políticas de reinserción social y a contemplarla situación socioeconómica de la población detenida. Los poderes ejecutivos deben generar condiciones para el acceso a salud, alimentación, educación y trabajo de las mujeres que hoy están en arresto domiciliario. Hoy quienes cumplen el rol clave de acompañar a las mujeres y sus familias dando apoyo y gestionando recursos son las organizaciones sociales y comunitarias. El Estado tiene que poder articular y fortalecer esas intervenciones. También se necesitan políticas de acompañamiento específicas para les niñes que se encuentran con su madre en prisión domiciliaria, que les garanticen el acceso a la alimentación, la salud, la educación y la recreación. En particular, hay que poder resguardarles del efecto de castigo que está cayendo sobre elles.

El poder judicial debe revisar el modo en que implementa ese arresto domiciliario: “fundamentalmente antes de otorgar esa morigeración a la prisión efectiva tienen que evaluar si no cabe la posibilidad de que la mujer imputada o condenada pueda acceder a otro tipo de alternativas a la prisión que impliquen una afectación menor para ellas y para sus hijes”, concluye el informe.