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Desde Santa Fe
El juez Marcelo Bailaque –a cargo del Juzgado Federal Nº 2- procesó ayer a 18 ex directivos del Mercado de Valores del Litoral (MVL) como supuestos “cómplices primarios” de las maniobras del dueño de Bolsafe, Mario Rossini, quien desde el 1º de setiembre es juzgado por el Tribunal Oral de Santa Fe –junto a otros ocho imputados- por estafar a 400 ahorristas por más de 250 millones de pesos, a valores de 2016. Bailaque los consideró presuntos “partícipes necesarios de los delitos cometidos” por el clan Rossini, que son “defraudación por administración fraudulenta” y –en siete casos- “captación de ahorro público e intermediación no autorizada” y ordenó un embargo sobre sus bienes de cinco millones de pesos a cada uno. Varios de los procesados son contadores: José María Candioti (ex ministro de Economía de Carlos Reutemann), quien presidió el Mercado de Valores entre 2003 y 2001 y luego fue su vice hasta 2013, su colega Pablo Tabares (ex secretario en el gabinete del ex intendente José Corral) y Germán Huber (ex vocal y presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia en los gobiernos de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz).
El procesamiento impactó en el círculo rojo, aún cuando ya se sabía que las indagatorias se realizaron en octubre y se esperaba que Bailaque definiera la situación procesal de los 18 imputados. Ya en 2014, el fiscal federal que investiga la causa, Walter Rodríguez, imputó a los empresarios y pidió interrogarlos, pero el juez Francisco Miño –hoy jubilado- desestimó el planteo por entender que “no había suficientes elementos de convicción” para citarlos a su despacho. Desde aquel primer pedido de indagatorias –que se repitió en 2018 y en 2021- hasta la resolución de ayer pasaron siete años. “Mucho tiempo”, reflexionó una fuente judicial.
En 60 páginas, Bailaque describió el rol de los 18 empresarios. Además de Candioti, Tabares y Huber, los otros imputados son: José Néstor Tabares, Marcelo Fink, José Luis Renzulli, Alex Castelví, María Soledad Platino, Luis Angel Puig, Alfredo Calabrese, Juan Luis Catuogno, Walter Bernacchi, Jorge Francisco Ghiano, Alfio Martín Re, Rubén Fink, Ernesto García, Jorge Bocchietti y Alejandro Paillet.
El reproche del juez a los imputados es porque “realizaron una contribución (a las maniobras de Rossini) por omisión, sin la cual” el operador de Bolsa y sus socios no hubieran podido cometer “los delitos” por los que hoy son juzgados en el Tribunal de Santa Fe. “Las personas imputadas que formaron parte del Mercado de Valores ocuparon una posición de garante de control o supervisión de la actividad desplegada por Rossini, sus socios, empleados y empresas vinculadas y la omisión consciente de esas funciones de supervisión da lugar a una intervención en los delitos correspondientes”, sostuvo el magistrado.
Bailaque explicó cómo era ese “aporte por omisión” de los directivos del MVL. “La decisión sobre los hechos estaba en cabeza” de Rossini y su grupo, pero desde su posición de garantes, al no impedir la realización del resultado ilícito habrían contribuido como cómplices a la ejecución de los delitos”.
“Analizadas las pruebas de la causa, entiendo que el aporte brindado por los miembros del MVL ha sido de una gran entidad, por lo que deben ser considerado como una complicidad primaria”, planteó el juez. “Los garantes estaban obligados a supervisar la actividad (ilícita) de los coautores de los delitos en cuestión y, además, contaban con amplias facultades de control y disciplinarias para llevar a cabo su tarea. Por eso, entiendo que si los garantes hubieran ejercido debidamente sus facultades de control, el delito no se habría (...) ejecutado.” Los 18 empresarios “deben ser considerados cómplices primarios, en los términos del artículo 45 del Código Penal”, agregó.
El juez procesó entonces a los 18 como supuestos “partícipes necesarios” de “defraudación por administración fraudulenta” y a seis de ellos (Marcelo Fink, José Néstor Tabares, Renzulli, Platino, Candioti, Bernacchi y Paillet) como participes necesarios” de “captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores”. En el caso de Alejandro Paillet, el juez lo consideró “partícipe necesario” “captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores”.
