El capítulo Sain no decae en el escenario de la política local. El ex ministro de Seguridad y algunos colaboradores de entonces recibieron ayer una citación judicial para comparecer ante Fiscalía de Santa Fe, donde arrancó una investigación formal sobre el presunto espionaje ilegal y, además, una fallida licitación para la compra de armas que había sido denunciada como amañada.

No hay detalles de los cargos ni de las pruebas en contra del verborrágico ex ministro, ahora en el equipo de Seguridad de Nación, a cargo de Aníbal Fernández. Pero sí trascendió ayer que serán él y seis ex funcionarios más los que deberán presentarse ante la Agencia de Investigación Criminal para someterse al requerimiento fiscal que puede derivar en su imputación penal.

Los otros ex funcionarios citados son el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; la ex titular del área de Control Policial, Nadia Schujman; el subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; el director de Análisis Criminal, Sebastián Sánchez; el contador de esa cartera, Maximiliano Novas; y la ex jefa de Inteligencia Zona Sur del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini, suspendida en el cargo.

Es la escena siguiente a los allanamientos sin orden judicial que sorprendieron el viernes 26 de noviembre en la sede Rosario del Ministerio, y que provocaron una catarata de renuncias de altos funcionarios que se habían desempeñado durante la gestión Sain, antes de ser reemplazado por Jorge Lagna y, luego, removido por la Asamblea Legislativa de su cargo de director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA). 

El organismo fiscal salió a aclarar que no se trató de un allanamiento –en efecto, no hubo orden judicial para tal cosa– sino de un procedimiento de aseguración de pruebas, luego de enterarse que en una oficina del Ministerio se estaban eliminando documentos con un trituradora de papel. Sin embargo, la medida también se extendió al punto de secuestrarle de repente los teléfonos móviles personales de varios funcionarios, y a escasos metros de donde estaba el ministro Lagna.

Sain negó de plano el asidero de la acusación sobre espionaje ilegal a legisladores, empresarios y periodistas, pero la fiscalía santafesina realizó otros allanamientos en oficinas ministeriales en esta ciudad y también en la capital sobre esa hipótesis. "Tenemos una investigación en curso, con una evolución bastante consolidada, que llevó a realizar los procedimientos. Los fiscales fueron informados de que se estaba destruyendo información y documentación. Naturalmente que eso amerita la presencia inmediata. Se obtuvo mucha información y se obtuvo documentación que estaba siendo destruida”, argumentó Jorge Baclini, fiscal general de la provincia.

"Nuestra idea es que no existan privilegios. Los fiscales cumplieron con lo que la ley y la Constitución establece", defendió el titular del MPA.