El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia de Salta (Enresp), comunicó ayer que autorizó el incremento de un 28,79% en las facturas en el servicio de agua potable, que entrará en vigencia en enero del año entrante. Además, aseguró que la suba no afectará a un grupo de 81 mil familias que son carentes de recursos económicos y que están amparadas en distintas legislaciones del Ente.

De esta manera, el presidente del Enresp, Carlos "Uluncha" Saravia, dijo a Salta/12, que no se hizo lugar al pedido de incremento del 60,60%, que había solicitado en diciembre del año pasado la empresa prestadora del servicio Cosaysa SA, operadora de Aguas del Norte. "Dijimos que no porque consideramos que la readecuación tarifaria del 28,79%, era suficiente para cubrir los gastos de la empresa", expresó.

La decisión se debió a un estudio integral de las finanzas de la prestadora, que se realizó durante 10 meses, y que contó con la colaboración de la consultora Fundación Mediterránea y de Juan Lucas Dapena Fernández, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Salta.

El pedido de colaboración, se debió a que la empresa no proporcionó determinados datos al Ente, como es el caso de las subcontrataciones. De esta manera, se recurrió a una comparación con otras empresas prestadoras, como Aguas Santafesinas, Aguas de Mendoza y Agua y Saneamientos Argentinos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se sumó a la comparativa también a una empresa de Perú.

"Esa es la forma de determinar las tarifas cuando las prestadoras son reticentes a la información", dijo Saravia. A raíz de ello, se decidió que no correspondía el incremento en base a la inflación.

Sin embargo, el aumento superior al 28%, que empezará a correr en el año entrante y que impactará en las boletas de febrero, encontró gran resistencia en la sociedad salteña. Al menos, así quedó evidenciado en la audiciencia pública no vinculante que se realizó el 13 de octubre, donde se concluyó que existe una mala calidad en la prestación del servicio.

Con el aumento ya dispuesto, Saravia dijo que "protegerán al sector vulnerable", dado que la suba no correrá para 81 mil familias salteñas, que representan el 25% de los usuarios que tiene la provincia. Son 48 mil familias en situación de vulnerabilidad económica; a las que se suman casi 13 mil subsidiadas por el Enresp; y 20 mil, del Plan Salvaguardar, que exime de pago a los usuarios de bajo consumo (12 metros cúbicos mensuales).

Tanto en la audiencia como en el estudio integral que realizó el Enresp, se resaltó la obsoleta infraestructura que tiene el tendido de agua potable en la provincia. Un ejemplo de ello, son algunos caños que tienen más de 30 años, y que se rompen constantemente. 

Por eso, es que el Ente Regulador anunció un plan de obras trienal de más de 198 millones de dólares para el recambio de cañerías, plantas potabilizadoras y depuradoras con fondos gestionados por el gobernador Gustavo Sáenz ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Además, la empresa deberá invertir, en el mismo plazo, $442.969.314 en obras operativas e instalación de micro y macromedidores.

En la audiencia pública, el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), contratado por el Enresp, afirmó que Aguas del Norte "no tiene grandes desfasajes y está por debajo de la frontera de costos" operativos. Por lo que, se deslizó que no era acertado dar algún incremento. 

La empresa brinda servicios de red en 92 de las 143 localidades de la provincia, que suman 326.262 usuarios. Su funcionamiento se da con los ingresos que perciben únicamente de la facturación, que luego se divide en tres grupos de costos: los operativos, que representan el 41%; los laborales, que son el 39%; y los no operativos, que equivalen al 20%.

Como medidas complementarias para potenciar el control, el Enresp puso en vigencia el Instituto de la Contabilidad Regulatoria que permitirá conocer mensualmente las inversiones realizadas por Cosaysa. También se aprobó un nuevo régimen de reclamos en beneficio de los usuarios que actualmente presentan más de 9 mil quejas mensuales y se levantantaron algunas restricciones para contener con subsidios a más usuarios sumidos en situación de pobreza e indigencia.

Por último, el organismo informó que mantendrá el criterio de reducción de tarifas respecto de usuarios que reclaman por defecto o falta del servicio de agua potable.