En su primera reunión en la Corte Suprema, el ministro de Justicia Martín Soria acusó a los cortesanos de hacer una utilización política de los tiempos procesales. Habló de la demora en las causas que debieran tener prioridad y les achacó a los cuatro supremos que Argentina podría ser sancionada a nivel internacional por los tiempos que se toma el máximo tribunal a la hora de analizar los casos por delitos de lesa humanidad –hechos cometidos hace más de 40 años–.

No es una novedad que el máximo tribunal no le imprime celeridad a las causas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Para muestra basta el caso del dueño de Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier. La Corte retuvo durante más de cinco años el expediente. La Cámara Federal de Casación Penal le había dado otros dos años de gracia. En julio de este año, el máximo tribunal finalmente anuló la falta de mérito que le habían dictado los casadores en marzo de 2015 y puso a Blaquier nuevamente en carrera para ser enjuiciado por secuestros y desapariciones ocurridos en 1976 en Jujuy. El problema ahora es que la defensa del empresario dice que, a sus 94 años, no está en condiciones de afrontar el juicio. Eso lo deberá determinar el Cuerpo Médico Forense (CMF), que el próximo lunes deberá examinarlo.

El de Blaquier fue uno de los ejemplos que puso Soria sobre la mesa, pero no fue el único. “Se demoran causas que debieran tener prioridad”, protestó. Además, les dijo a los supremos que la Argentina podría ser sancionada porque desde Naciones Unidas están pidiendo informes por “la ostensible demora en la que viene incurriendo la Corte Suprema de Justicia en la República Argentina en resolver causas por crímenes contra la humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas”.

Soria hacía mención a una comunicación que enviaron cuatro organismos de las Naciones Unidas al Estado argentino el 18 de octubre pasado. El pedido de informes se produjo después de una presentación que hicieron los organismos de derechos humanos en junio pasado en la que reclamaban por la falta de avances en la revisión de las causas por delitos cometidos durante la dictadura y en los años anteriores.

Los relatores especiales Fabián Salvioli, Morris Tidball-Binz y Diego García Sayán junto con Aua Baldé, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, reconocieron en su escrito los avances hechos por Argentina en materia de verdad y justicia –los que no hubieran sido posibles sin que la Corte declarara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 2005–. “Sin embargo, la ostensible demora en la resolución de los numerosos casos pendientes actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un motivo de grave preocupación”, sostuvieron en el escrito al que accedió Página/12.

“Dicha demora contraviene las obligaciones internacionales del Estado Argentino referidas a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, al deber de luchar contra la impunidad de dichos crímenes y a la obligación de ofrecer un recurso efectivo y rápido a las víctimas por el daño sufrido”, agregaron los cuatro funcionarios de Naciones Unidas. “La demora excesiva e injustificada en la resolución de procesos judiciales por graves violaciones de derechos humanos genera impunidad de facto y, por tanto, mina la confianza de la sociedad en las instituciones públicas, y debilita el estado de derecho”.

La comunicación fue enviada el 19 de octubre a la Corte Suprema por parte del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien le pidió al máximo tribunal que respondiera antes del 10 de diciembre. Por el momento, no hubo respuesta de los supremos, confiaron fuentes del gobierno. El 18 de diciembre se vence el plazo para que el Estado argentino brinde explicaciones a las Naciones Unidas.

En octubre del año pasado, Carlos Rosenkrantz reactivó después de severas críticas la llamada comisión interpoderes –creada en 2008 para agilizar los procesos por delitos de lesa humanidad y que dejó de reunirse en 2016, coincidentemente con el gobierno de Mauricio Macri. La mayoría de los organismos rechazaron sentarse a la mesa con Rosenkrantz, impulsor del 2x1 para los genocidas, e incluso la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia anunciaron que no participarían porque se trataba de una convocatoria oportunista después de que se presentara un pedido de juicio político contra el entonces presidente supremo. La mesa dejó de convocarse antes de que Horacio Rosatti asumiera la presidencia.