El gobierno de Bolivia reveló que la gestión interina de Jeanine Áñez, semanas antes de las elecciones que le dieron el triunfo al presidente Luis Arce, le pidió a Estados Unidos y a Reino Unido "equipos y armamento" para "reprimir al pueblo". El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, exhibió las cartas de solicitud presentadas por las entonces autoridades de esa cartera ante las correspondientes sedes diplomáticas. El caso recuerda el envío de armas y gases lacrimógenos desde Argentina y Ecuador en los dramáticos días del golpe de Estado contra Evo Morales, allá por noviembre de 2019.
Armas para "defender la integridad del pueblo"
La primera nota revelada por el viceministro Ríos corresponde al ocho de mayo de 2020 y está dirigida al encargado de negocios de la embajada estadounidense, Bruce Williamson, bajo la referencia de "equipo y armamento". En la primera hoja, la única que se conoce hasta el momento, puede leerse: "Le pido atender el requerimiento que en referencia menciono con la finalidad de defender la integridad del pueblo boliviano y su territorio". La misma nota indica que presenta "nueve fojas de asignación del equipo, descripción y justificación del mismo", las cuales no fueron ubicadas en el archivo del ministerio de Gobierno.
El 25 de septiembre de 2020, el gobierno interino de Áñez habría remitido otra nota oficial, aunque esta vez dirigida al embajador británico en Bolivia, Jeff Glekin. En ella se solicitaban "pistolas, cartuchos, granadas de gas, uniformes completos, máscaras antigas, visores nocturnos, térmicos, binoculares, cascos, trajes de protección y equipos que considere importantes destinados a la policía boliviana con la finalidad de defender la integridad del pueblo, su territorio y seguridad".
Ambas cartas llevan la firma del exviceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría. El actual, Roberto Ríos, informó este martes que ya se solicitó información por la vía diplomática a las embajadas de Reino Unido y de Estados Unidos. De acuerdo a Ríos, lo primero que se está pidiendo son las notas originales enviadas por el viceministerio que depende del ministerio de Gobierno, además de los adjuntos mencionados en esos documentos, que hasta el momento se desconocen.
Además se exige "que nos puedan mencionar cuáles han sido las respuestas que ellos han dirigido a cada una de estas notas o si es que han atendido y de qué manera las han atendido", destacó el funcionario en una entrevista con Bolivia TV. Ríos se mostró sorprendido porque "toda compra para la policía boliviana debe surgir de un requerimiento que tiene que hacer la policía mediante comando general". En segundo lugar, el viceministerio de Seguridad Ciudadana "no tiene competencias para solicitar ese tipo de pertrechos que tienen como utilidad misiones especiales de la policía boliviana".
Por último, Ríos destacó que el equipamiento solicitado "no es el que usualmente utiliza la policía boliviana para atender conflictos", lo que "da claros indicios de que todo este armamento y equipos que solicitaban otras instancias iban a ser empleados, presumiblemente, para reprimir al pueblo boliviano, y lo que más llama la atención es que se generan semanas antes a las elecciones de 2020".
"Intento de magnicidio"
Estas aparentes gestiones para conseguir armamento antes de los comicios de octubre de 2020, donde Arce acudía como favorito, se suman a los preparativos de un segundo golpe de Estado que contó con la participación de mercenarios extranjeros, según la versión del actual gobierno. En junio de este año la revista The Intercept reveló que Bolivia estuvo al borde de un golpe similar al perpetrado en 2019 contra Evo Morales.
La investigación del medio estadounidense, que incluye documentos y grabaciones de llamadas telefónicas que involucran al exministro de Defensa Luis Fernando López, desnudó un plan "para traer sicarios y paramilitares" colombianos y venezolanos a Bolivia. El fin, aparentemente, era impedir las elecciones generales o evitar que Arce asuma la presidencia de Bolivia, pese a haber ganado los comicios con el 55,11 por ciento de los votos.
En octubre de este año el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que había logrado identificar a los paramilitares que participaron en el "intento de magnicidio" en Bolivia durante 2020, quienes además habrían estado involucrados en la muerte del mandatario de Haití, Jovenel Moise. Llegaron a ser parte de la frustrada operación a través de la empresa de seguridad CTU (Counter Terrorist Unit Federal Academy), con sede en Miami y dirigida por el opositor venezolano, Antonio Emanuel Intriago Valera. Miembros de las fuerzas armadas y la policía boliviana estaban involucrados en la supuesta trama.
Envío de armamento de Argentina y Ecuador
No es el único nexo con la denuncia presentada este martes por el viceministro Ríos. A mitad de año se supo que el gobierno de Áñez contó con el apoyo de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Ecuador, Lenín Moreno, para el traslado de armas y gases lacrimógenos que se utilizaron en la represión posterior al golpe de Estado. Las protestas contra el golpe de fines de 2019 se concentraron en las regiones de Sacaba y Senkata, y el gobierno de Áñez mandó a reprimir a la policía y a las fuerzas armadas con una bajada de línea evidente.
En ese entonces, la presidenta de facto firmó un decreto que eximía de responsabilidad penal al personal militar que actuara en operativos "para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública". En agosto, un grupo de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que durante la crisis de 2019 en Bolivia se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, entre ellas "ejecuciones sumarias, masacres, racismo, tortura y agresiones sexuales".
