Un grupo de personas lideradas por la Fundación PAPIS se manifestó ayer en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta con el objetivo de solicitar una investigación a los funcionarios que actuaron en el proceso de tenencia de Francesca, una nena de dos años que el 22 de junio pasado fue llevada a un centro de salud ya fallecida.

Por el hecho, la madre de la nena, Micaela Noemí Colque, ya se encuentra detenida y a la espera del juicio por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. Sin embargo, desde la Fundación que encabeza la psicóloga Lucrecia Miller se acompañó a la abuela paterna de la nena, que reclamó contra funcionarias judiciales y de la Asesoría de Menores. El cuestionamiento apunta a que la niña fue alejada de su abuela paterna que tenía la guarda, por decisión de una jueza de menores que decidió dejar a la beba con su mamá.

Ante las críticas, ayer desde el Ministerio Público Pupilar, del que depende la Asesoría de Menores e Incapaces, se difundió una respuesta oficial en el que se explicó que la entrega de Francesca a la abuela paterna fue siempre con acuerdo entre ambas mujeres. La nena nació el 14 de mayo de 2019. En ese momento, ante la necesidad de que su familia no se entere del embarazo y posterior parto, Colque entregó su bebé a la abuela paterna para el cuidado. Ya el 30 de ese mes, la madre pidió la restitución de la niña, a lo cual la abuela se negó, y decidió no asistir a las audiencias en las que se esperaba llegar al acuerdo necesario para que Francesca quedara finalmente con su progenitora.

Según surge de la información brindada por la Asesoría de Menores, la Secretaría de Niñez y Familia de la provincia, a través del Programa de Fortalecimiento Familiar, puso en conocimiento del Asesor de Incapaces N° 4 que Colque “tenía a su cargo otro hijo de 4 años de edad, y que de la consulta de los vecinos surgía que la misma era una persona tranquila que siempre se la encontraba con su hijo, que lo mantenía en buenas condiciones, que no tenía adicciones ni se la veía salir de su casa, que solo estaba al cuidado del niño y vivía con su progenitor”. Este informe concluyó afirmando que la madre se encontraba en condiciones de hacerse cargo del cuidado de su hija, y sugirió que se arbitren los medios legales para restituirla a su madre. 

La jueza Mercedes Cabrera ordenó entonces la restitución de la beba, lo cual se cumplió, con orden judicial mediante, el 7 de julio de 2020. Las actuaciones fueron seguidas por la Asesoría de Menores N° 4 a cargo de Noelia Pérez. A los 11 meses de esa restitución, el 22 de junio de 2021, Colque apareció en el Centro de Salud del barrio Provipo con la niña fallecida en brazos.

Ante ello, el reclamo de la Fundación liderada por Miller fue el alejamiento de las funcionarias y la investigación de sus actuaciones.

Contradicciones

La fiscala de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Verónica Simesen de Bielke, recordó que la calificación del delito contra Colque surgió luego de conocerse que había dejado a la beba encerrada dos días en la habitación desde el domingo 20 hasta el lunes 21 de junio cuando regresó al domicilio. Al parecer le dio a la nena un yogurt, y como la beba ya tenía un cuadro avanzado de desnutrición y deshidratación se habría ahogado con la comida.

Desde el Ministerio Pupilar se aseguró que hasta “Junio del año 2021, cuando se produjo el deceso de la niña, no se registró ninguna denuncia ni alerta de posibles actos de violencia o abandono por parte de la madre hacia su hija, que pudieran haber activado las actuaciones de resguardo y protección”. Simesen de Bielke sostuvo, sin embargo, que en la investigación surgió que un agente sanitario de la zona había indicado tras una de sus visitas que la nena ya se encontraba con bajo peso. Además, una vecina había concurrido al Centro de Salud a avisar que la nena tenía un bajo peso notorio. 

Otro desencuentro de la información se detectó cuando desde la Asesoría se afirmó que además de no presentarse en ningún proceso judicial ni extrajudicial, el padre no había reconocido a la nena. La fiscala, en cambio, aseguró que el reconocimiento legal de paternidad sí existe.

Simesen de Bielke aclaró que el análisis de las actuaciones de funcionarios de la Asesoría fueron derivadas a la Fiscalía Penal N° 1, a cargo de Ezequiel Molinati. Al hacer las consultas al Ministerio Público Fiscal (MPF), se indicó que, a seis meses de los hechos, y tres de la imputación, el fiscal aún aguarda los informes y el resultado de medidas de prueba.

Por su parte, el Ministerio Público Pupilar afirmó que “un Informe de la actuación de la Asesoría Nº 4 fue remitido a la Fiscalía actuante a los fines de delimitar las responsabilidades que pudieran caber”.

Desde la Asesoría se aclaró que para denunciar cualquier situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, no se requiere acreditar ningún vínculo de parentesco, sino que cualquier persona puede hacerlo.

También indicaron que hay múltiples posibilidades para denunciar situaciones de violencia, maltrato, abuso o abandono: en sede policial; la Oficina de Orientación y Denuncia ubicada en el edificio de Ciudad Judicial; las Fiscalías Penales; las Asesorías de Incapaces; el Sistema de Emergencias 911; e incluso de manera anónima en la web www.denunciasweb.gob.ar, o a través de la línea 102 de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia.