El ex intendente de la localidad de Aguaray, Jorge Enrique Prado, afronta la posibilidad de otra causa en la Justicia Federal de Salta, que el pasado 2 de este mes ya lo declaró culpable por el robo de caños del Gasoducto NEA. En la nueva causa está imputado en la justicia provincial por estafa agravada y falsificación de instrumentos públicos y privados, porque en octubre del año pasado anunció, junto al ciudadadano venezolano Wuisthon Antonio Díaz Solano, la construcción de una clínica en su municipio con aportes de capitales de Venezuela y para ello pidió al Concejo Deliberante que aprobara la donación de un predio de dos hectáreas en el centro del pueblo. 

Ahora el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, pidió al juez de Garantías N° 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, que declare la incompetencia de la justicia salteña para seguir entendiendo en este proceso y remita el expediente a la Justicia Federal para que continúe la investigación, porque está involucrado un banco extranjero. 

La clínica, anunciada en octubre de 2020, no se hizo y a poco de andar saltó a la luz que Díaz Solano es un tramposo internacional que venía bajando desde su país dejando una estela de personas estafadas. No solo eso, en Argentina también se reveló como más peligroso cuando salió del país, por pasos no habilitados, llevándose a una adolescente de 17 años, aunque luego el fiscal Cazón logró que el joven, de 25 años, restituyera a la chica y se entregara. Hoy en día sigue detenido por este hecho, acusado por privación ilegítima de la libertad agravada por la minoridad de la víctima. 

Antes de irse con la adolescente, Díaz Solano llevó a cabo las otras acciones por las que ahora está acusado junto al ex intendente de Aguaray. Se había presentado como médico y politólogo y representante de Banesco, Banco Universal, de Caracas, dijo que esta entidad bancaria quería expandirse, que tenían buena información sobre el potencial del pueblo por su ubicación geográfica, cercana a las fronteras con Bolivia y Paraguay, y que iban a construir una clínica de complejidad, con una inversión de 60 millones de dólares. A cambio, solo pedían la cesión de un terreno. 

Esta investigación se inició a instancias del entonces procurador general de la provincia. Abel Cornejo, actual ministro de Seguridad. Tras realizar las audiencias de imputación, en octubre y noviembre pasados, Cazón pidió al juez de Garantías N° 1 que “declare la incompetencia material y territorial de la presente causa y ordene su remisión al juzgado correspondiente”, y recordó que el artículo 44 del Código Procesal Penal de la provincia establece que “la incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada aun de oficio en cualquier estado del proceso”. 

El fiscal sostuvo que la causa “es de competencia de la Justicia Federal, atento a que en el ilícito está involucrada un Banco de Venezuela”.

Y también reseñó los hechos por los que están imputados Prado y Díaz Solano. En octubre de 2020 el ex intendente “anunció oficialmente que un holding venezolano está dispuesto a construir en Aguaray una clínica de alta complejidad, diseñada en un edificio de 8 plantas en la que prestarán servicios ‘médicos argentinos y provenientes de otros países’, presentando a un supuesto médico de esa nacionalidad y politólogo quien se reunió con algunos concejales que aceptaron la invitación y algunos vecinos de esa misma localidad donde ambos anunciaron la multimillonaria inversión”. Incluso solicitaron al Concejo “un pedido de autorización para que el Cuerpo Deliberativo permita la recepción de una dializadora para extracción de plasma, una centrifugadora para extracción de sangre, 30 mil pruebas rápidas para detección de covid-19, 30 mil barbijos y 30 mil guantes quirúrgicos”.

Además, se difundió un audio de una reunión con vecinos de Aguaray en la que Prado presentó a Díaz Solano "como un inversor con intenciones de construir una clínica privada de nivel 3 de complejidad", de 8 pisos en la que trabajarían profesionales argentinos y de otros países con el objetivo de “captar pacientes en la región”. “La noticia la dio Prado acompañado por quien identificó como médico y politólogo venezolano ‘el doctor Sebastián Solano Guzamana'” que en realidad era Díaz Solano, reseñó el fiscal.

Luego el entonces intendente envió una nota al Concejo Deliberante pidiendo que avance en la donación del predio de 2 hectáreas a los supuestos inversores extranjeros.

Pero poco después Banesco “publicó un comunicado advirtiendo al público en general que las noticias publicadas vía digital sobre una supuesta donación y/o inversión por parte de la entidad bancaria Banesco son falsas como así también la documentación y firmas concertadas en dicha documentación”. El banco incluso informó que había iniciado acciones legales ante la justicia venezolana, y que había presentado una denuncia ante el fiscal superior del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas en contra de Díaz Solano, "atento a que dicha entidad no tiene ningún tipo de actividad en la República Argentina ni directa ni a través de terceras personas”. 

El fiscal Cazón también recordó que al declarar en la audiencia de imputación, realizada en octubre último, Prado contó que Guzamana (Díaz Solano) fue a su despacho “a través de la concejal María Inés Zarzuri y Raúl Petruci, tío de la concejal”, quienes le comentaron que “este señor era representante legal de la empresa llamada Banesco y me mostraba unos papeles, y decía que ellos estaban en la zona y querían expandirse en el norte”. 

El ex jefe comunal contó asimismo que preguntó las razones para instalarse en Aguaray y le respondió: “Fácil, porque tenemos salidas por Campo Durán hacia Paraguay y la ruta 34, Salvador Mazza, hacia Bolivia, y zona de Jujuy para Bolivia”. Prado dijo que insistió: también le preguntó por qué no abrir la clínica en Salvador Mazza, y Díaz Solano respondió que "manejaba información diciendo que se iba a pavimentar la ruta en Campo Durán y se iba a trasladar la Aduana a Aguaray". Entonces le preguntó por qué no instalarse en Tartagal "y él me decía que en Tartagal había muchas clínicas que había competencia, y además porque lo conocía al sr Raúl Petruci, quien quería que esa empresa invierta en Aguaray”.