El gobierno nacional desplegó desde el comienzo de la gestión una política dirigida a priorizar el empleo y los ingresos. La misma se desarrolló mayormente en el marco de la pandemia de la Covid-19, por lo cual el paquete de medidas lanzado apuntó en primer lugar a sostener los contratos de trabajo existentes. A medida que queda atrás lo peor de la pandemia, van avanzando las medidas de fomento a la creación de empleo y mejora de las condiciones de trabajo.

Las medidas adoptadas son parte de un modelo de desarrollo en el que son centrales el trabajo y la producción, en el marco de una visión de país de crecimiento económico e inclusión social. La administración del Presidente Alberto Fernández está cumpliendo dos años, con lo cual resulta de interés repasar y valorar lo hecho y tener en claro lo pendiente respecto de la agenda del mundo de trabajo.

Empleos

En una primera instancia y en el marco de la irrupción de la pandemia, se implementó de manera masiva el Programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP) y Programa de Recuperación Productiva (REPRO), que todavía está activo. Ambos instrumentos se dirigieron a trabajadores/as registrados/as del sector privado. 

Al mismo tiempo, se implementaron restricciones a los despidos y a las suspensiones sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. Los/as trabajadores/as estuvieron dispensados de asistir a sus lugares de trabajo, lo cual apuntó a cuidar no solo los ingresos sino también la salud. 

Por otro lado, los/as trabajadores/as no registrados/as y desocupados/as fueron asistidos con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), al tiempo que para grupos particulares de trabajadores/as, como los cooperativistas, se dispusieron apoyos económicos, que también perduran en la actualidad.

 

Se definió a la Covid-19 como una enfermedad de carácter profesional para los/as trabajadores/as esenciales. De igual manera, y entendiendo que el trabajo remoto había llegado para conformar parte de la nueva normalidad, se promulgó la Ley Nacional N° 27.555 de Teletrabajo para quienes prestan servicios de manera remota. Ese proyecto, resistido en su momento por parte de los empleadores, actualmente forma parte del plexo normativo laboral argentino y suele ser referencia internacional en la materia.

Ingresos

Durante estos dos años, se desplegó una política salarial activa. Se promovieron incrementos en el marco de los acuerdos sectoriales paritarios para los/as trabajadores/as cubiertos por convenios colectivos de trabajo y se aumentó la frecuencia de sesiones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Aunque los aumentos salariales fueron importantes, también lo fue el incremento de los precios. De modo que todavía los salarios no logran ganar la puja distributiva. De ahí que hace unos meses el Gobierno haya puesto más énfasis en el control de los precios entendiendo que allí, en gran parte también, reside la recuperación del salario real.

También corresponde incluir dentro de la política salarial y de ingresos a los nuevos mínimos no imponibles al pago del Impuesto a las Ganancias, actualizados en dos oportunidades en este tiempo. Asimismo, los aumentos a las prestaciones del sistema de la seguridad social, como jubilaciones, asignaciones familiares contributivas, la Asignación Universal por Hija/o y la Asignación por Embarazo para Protección Social, han sido importantes, entre otras cosas, para impulsar el consumo interno, aquel componente de la fórmula de la demanda agregada que nos legara John Maynard Keynes que dinamiza al conjunto de la economía.

Jubiladxs

Se dispusieron acciones para habilitar la posibilidad de acceder a la jubilación para dos colectivos de trabajadores/as. La primera medida se conoció como jubilación anticipada y fue instituida por la Ley Nacional N° 25.994. Esta norma permite que varones de entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59 años puedan acceder a la cobertura social y de salud del PAMI y al 80 por ciento del haber que le corresponde mientras llegan a la edad dispuesta por la ley. Los/as trabajadores/as deben contar con 30 años de aportes. Estos grupos de trabajadores/as se encuentran en una situación de vulnerabilidad en el mercado de trabajo debido a la dificultad que enfrentan para insertarse laboralmente. De allí la importancia de esta medida.

La segunda acción en esta materia fue la jubilación por hijos/as. El "Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado" posibilita que las mujeres que tengan la edad para jubilarse y no cuenten con los años de aportes necesarios puedan sumar años de servicios computables para su jubilación por cada hijo/a propio o adoptado/a. Se computa un año de aportes por hija/o propio/as o dos años por hija/o adoptada/o, reconociendo un adicional de un año por hija/o con discapacidad y de dos años en caso de que haya sido beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o. Esta medida se lanzó a través del Decreto N° 464/21, que modificó a la Ley Nacional N° 24.241.

Reconocer las tareas de cuidado de los hijos/as como un trabajo es un logro simbólico y además implica la puesta en práctica de un derecho que visibiliza y repara una desigualdad histórica para con las mujeres, ahora reconocidas por estas tareas, como trabajadoras.

Condiciones de trabajo

El servicio doméstico es la rama de ocupación con mayor índice de feminización. Las trabajadoras de casas particulares sufrieron producto de la pandemia la pérdida de aproximadamente 350 mil puestos de trabajo. En relación a esta ocupación, también vinculada fuertemente a las tareas de cuidado, el gobierno puso en marcha a través del Decreto N° 669/21 el Programa Registradas como instrumento de promoción del empleo y registración del trabajo, que permite a los/as empleadores/as que no pagan el impuesto a las Ganancias descontar del salario a abonar a las trabajadoras un monto de 15 mil pesos por un período de hasta 6 meses. Este beneficio opera para aquellas trabajadoras que sean dadas de alta en el sistema de la seguridad social.

En lo que respecta específicamente a las condiciones de trabajo, se ratificó el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral mediante la sanción de la Ley N° 27.580. Por otro lado, se presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación sobre la prevención, promoción y protección de la seguridad y la salud a través de la creación de comités mixtos en las empresas.

Generación

La política de promoción y apoyo a la generación de empleo tiene un lugar preponderante en la actualidad, ya que se ha dejado atrás lo peor de la pandemia y la economía muestra indicadores de crecimiento. Se implementaron apoyos a las nuevas contrataciones, primero en el Norte Grande del país, a través del Decreto N° 191/21, abierto a toda la clase de trabajadores/as, y luego se extendieron específicamente a trabajadores/as participantes de programas de formación profesional y empleo de todo el país (Decreto N° 493/21). 

Estos incentivos se basan en reducciones a las contribuciones patronales y están focalizados en colectivos de trabajadores/as en situación de vulnerabilidad. La finalidad es “adelantarlos en la cola” de quienes buscan un empleo, haciendo su contratación más atractiva respecto del resto.

El Programa Fomentar Empleo, creado recientemente, contiene instrumentos de apoyo a la orientación laboral, la formación profesional y fomento a la inserción laboral para tres colectivos de trabajadores/as con dificultades de empleo: los y las jóvenes hasta 24 años, las mujeres mayores de 24 años y los varones mayores de 45 años, quienes podrán participar junto a los/as empleadores/as a través del Portal Empleo y de las Oficinas de Empleo Municipales de la Red de Servicios Públicos de Empleo.

El Fomentar Empleo apuesta a combinar instancias formativas presenciales y virtuales a través del Portal Empleo, apuntando a escalar la política de empleo al llegar a más trabajadores y trabajadoras y empleadores/as y articulando los perfiles ocupaciones con la demanda laboral de las empresas.

Objetivo

La política laboral actuó en el campo del sostenimiento del empleo, el salario, la seguridad social, las condiciones laborales, la registración y promoción del empleo con distintas medidas pero con un objetivo en común: valorar el trabajo. 

Estas acciones adoptadas por el actual Gobierno en el campo del trabajo no abarcan a todos los problemas del mundo laboral, entre los cuales hay algunos de larga data, como el no registro, la desocupación y otros más recientes, como las nuevas formas de trabajo o los y las trabajadores/as migrantes sin protección ni cobertura alguna.

El set de instrumentos de políticas públicas implementado puso en valor el trabajo y no lo hizo en desmedro de la inversión o en contra de los/as empleadores/as, porque trabajo y producción son parte de un modelo de desarrollo para el país.

* Subsecretario de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación.