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Desde Santa Fe
La Cámara de Casación Penal anuló el fallo del Tribunal Oral de Santa Fe que dejó en libertad condicional a un comisario de la patota del D2, Eduardo Riuli, el 30 de agosto último, un mes después de haberlo condenado a seis años y seis meses de prisión por delitos de lesa humanidad y ordenó dictar una nueva sentencia “conforme a derecho”. La sala 4 admitió –por mayoría- un recurso de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario que impugnó la decisión del Tribunal de Santa Fe por “escandalosa” y “revictimizante” de los sobrevivientes del terrorismo de estado y reclamó que el represor cumpla la condena en la cárcel de Las Flores. La Cámara le dio la razón a la querella, coincidió que la excarcelación de Riuli no era “una derivación razonada del derecho vigente” ni la consecuencia de un “análisis global de las circunstancias del caso”. Por lo tanto, revocó lo que -en palabras de los apelantes- era una resolución sin fundamentos y arbitraria.
En el juicio a los represores que operaron en Laguna Paiva –la causa Chartier-, Riuli fue condenado a seis años y seis meses de prisión por la “privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencias y amenazas” del referente del PRT Catalino Páez, su esposa Juana y su hijo Mario que era un niño de 14 años, en 1980. El debate reveló que la cacería del grupo de tareas se extendió a las familias de dos hermanos de Catalino y a 16 niños y niñas de las tres familias, que se convirtieron en “objetivos” del terrorismo de estado. Con los testimonios y las pruebas del juicio, el 3 de setiembre, los abogados de la APDH pidieron la apertura de una segunda causa –Chartier 2- y la indagatoria de los seis condenados –más el ex juez Víctor Brusa- por 30 víctimas. En el caso de Riuli, solicitaron su indagatoria y la prisión preventiva por 25 víctimas, entre ellas los 16 niños y niñas.
Riuli fue detenido el 16 de agosto de 2016 y al mes, 16 de septiembre, accedió a la detención domiciliaria que le firmó el ex juez federal Francisco Miño, ya jubilado. El 7 de julio, el Tribunal de Santa Fe condenó a los seis integrantes del grupo de tareas, pero en treinta días dejó en libertad condicional a cuatro de ellos. Tres ni siquiera pasaron un minuto en la cárcel. “Es una clara revictimización de los sobrevivientes del genocidio” y “un gran retroceso en materia de derechos humanos y en la lucha colectiva por juicio y castigo a los culpables de los crímenes más aberrantes de nuestra historia reciente”, denunció la APDH. Riuli salió a la calle el 30 de agosto, con la única restricción de no acercarse a menos de 200 metros de Juana y Mario Páez, quien era un niño de 14 años cuando estuvo secuestrado en el D2 (en San Martín y Obispo Gelabert) y pudo ver cómo operaba la patota porque no estaba tabicado.
Los abogados de la APDH, Gabriela Durruty, Anabel Marconi, Jesica Pellegrini y Federico Pagliero apelaron la libertad condicional de Riuli. La resolución del Tribunal de Santa Fe –integrado por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y María Ivón Vella- es “arbitraria”. “No puede ser considerada un acto jurisdiccional válido” porque “no es la derivación razonada del derecho vigente sino un mero acto de autoridad carente de fundamentos de hecho y derecho”, plantearon.
“La excarcelación de Riuli es contraria a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al compromiso internacional de la Argentina de aplicar una “sanción adecuada” a los genocidas y “no revictimizar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”.
La Sala 4 de Casación –que es la misma que revisará la condena del 7 de julio- coincidió con la APDH. “En consonancia con lo expuesto por la querella”, el fallo del Tribunal de Santa Fe que dejó en libertad a Riuli “no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente con la aplicación a las circunstancias del caso”, dijo el tribunal.
“La excarcelación no opera de manera automática por el mero cumplimiento del tiempo, sino que se encuentra sujeta a la evaluación del juez”. “Desde esa óptica (…), se observa que la decisión cuestionada no aparece precedida de un análisis global del caso”, que concilie “las obligaciones asumidas internacionalmente por el Estado argentino para el juzgamiento y sanción de los delitos de lesa humanidad” y garantizar “los derechos de las víctimas y sus familiares”.
La Cámara “destacó la ineficacia de la restricción impuesta a Riuli”, que es no acercarse a menos de 200 metros de los Páez, por las características de Laguna Paiva, una ciudad chica donde viven “el imputado y las víctimas”. “La particular naturaleza de los hechos por los que fue condenado Riuli” exigía que el Tribunal de Santa Fe evitara tomar “decisiones que pongan en riesgo la responsabilidad del Estado argentino” en el castigo de los delitos de lesa humanidad, agregó.
En ese marco, la Cámara tampoco soslayó la “discordancia” de tres decisiones del Tribunal de Santa Fe, que el 7 de julio condenó a Riuli por el secuestro de los Páez, le ratificó la detención domiciliaria hasta que la sentencia quedara firme y el 30 de agosto lo dejó en libertad condicional.
La Sala 4 anuló la excarcelación por mayoría, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Su colega Angela Ledesma se opuso. La jueza Ledesma es la misma que en diciembre de 2018 concedió a Brusa la detención domiciliaria, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el 28 de octubre.
Ahora, el Tribunal de Santa Fe deberá resolver en qué lugar Riuli cumplirá su condena a seis años y seis meses de prisión que recién vence el 16 de febrero de 2023, a las 12. El fallo que ahora es nulo fue repudiado por todos los organismos de derechos humanos, con una demanda: “Libertad condicional, ¡nunca más!”.
